El calvario de reclamar contra los perjuicios de una obra en construcción

Silvia Carafa / La Capital

Para los afectados por el boom inmobiliario no hay dudas: “La vía administrativa para reclamar se puso muy pesada, para un particular es el trámite del arbolito”.Sin medias tintas, definen como “un calvario” el peregrinar que deben emprender por decenas de oficinas municipales para denunciar las irregularidades en la construcción de edificios linderos. Más aún, hablan de desprotección frente a la maraña de documentación, timbres y sellados que deben acopiar para poder acceder a una información clave: quién es el responsable directo de la obra. Con un agravante: nunca llegan a conocerlo.

   Susana Maximino puede sostener su relato con los hechos. La edificación de una cochera lindera le traspasó la pared y provocó la caída del techo, además de dejarla sin cloacas. “Uno tiene que pedir inspector por escrito y pagar sellado. Si al final viene, para tener acceso al informe hay que hacer otro escrito y pagar otro sellado. Después te dicen que la obra tiene permiso y tu problema queda sin resolver”, explicó la mujer, quien llevó el caso ante la Justicia. Y dejó un dato inquietante: la cochera estaría habilitada aún sin tener final de obra.

   Para Maximino, la lucha que lleva adelante con otro grupo de vecinos perjudicados por construcciones no pierde de vista un eje: la Municipalidad debe defender sus derechos. “Pero nos responden que estos problemas son cosas entre linderos y que debemos recurrir a la Justicia”, relató asombrada y dijo que su caso ya está en la instancia de sentencia. “Algo está pasando porque estarían apareciendo permisos de obras de años atrás en lugares donde ahora no se puede construir”, dejó trascender la mujer.



Vigas voladoras. A finales de agosto, en el patio de Gabriela Acuña aterrizó una viga de un edificio en construcción. El incidente pudo haber causado daños a quienes estaban en el lugar y generó un reclamo por el cual hubo una clausura temporaria y la llegada de algunos elementos de seguridad para los propios obreros. Pero nada más, relató la mujer que debió echar mano a su profesión de abogada para acceder a la información que sobre la obra tenían las oficinas municipales. Allí cosechó la primera sorpresa: por el lugar ya habían pasado varias inspecciones pero ninguna sanción en firme.

   “¿Cómo funciona esto?”, interrogó Acuña tras peregrinar durante días para acceder a la documentación sobre la obra en construcción de Montevideo al 600 que había puesto en peligro la vida de su familia. Y planteó otras preguntas: por qué las actas contravencionales quedan en stand by y cuál es el motivo por el cual los ciudadanos les cuesta tanto llegar a los verdaderos responsables de los edificios que causan problemas en los inmuebles linderos. En su recorrido kafkiano tampoco pudo acceder a una copia del permiso de construcción.

   Según Acuña la situación amerita indagar en más de una dirección. “¿Es consciente el Municipio de que al otorgar miles de permisos de construcción para una actividad lícita, pero que en muchos casos se torna lesiva, termina siendo responsable?”.

   Además, planteó la hipótesis de que al judicializar la situación los vecinos afectados corren el riesgo de asumir las costas si al final resulta que la documentación eludida tenía los datos correctos, lo que además podría hacer expirar el plazo para ejercer el reclamo.

   Agotada por la vía administrativa que le tocó recorrer, Acuña quiere que el sea el intendente Miguel Lifschitz el que ahora escuche su protesta. “Le voy a pedir que instruyan en su función a los inspectores”, aseguró y adelantó que convocará a quienes pasen por una situación similar a denunciar los casos hasta lograr la paralización de las construcciones que avanzan sin tener en cuenta las normas de edificación.



Acceso. Para la abogada Maricel Palena, el acceso a las pruebas documentales, informativas e instrumentales que se requieren para fundamentar las denuncias sobre estas situaciones debe ser inmediato y preciso. “No puede convertirse en un torbellino de complejidades burocráticas”, dijo la letrada y aseguró llevar el caso a la sede administrativa es quedar inmerso en una maraña de documentaciones y sellados porque las oficinas no tienen documentación cruzada entre sí.

   Además, Palena señaló que el vecino damnificado debe tener acceso al fideicomiso por el que se construyen las propiedades horizontales.

   “Debe saber sobre quienes recae la responsabilidad civil, ya que en sí misma, se trata de una figura jurídica muy compleja, que si bien está tipificada en el derecho sustantivo, es muy elástica y sus alcances son los más variados”, ilustró. Y dijo que las denuncias que recibe sobre el tema “reflejan la desprotección del ciudadano común para hacer valer sus derechos”. l