Política. El acuerdo está en boca de todos los sectores. Ganancias, salarios, inversiones y precios, en la mira

Qué busca Cristina con la concertación social

La candidata oficialista instaló el pacto en la agenda política. A dónde va el modelo

Sandra Cicaré / La Capital

Salarios más domesticados, ganancias menos ambiciosas y un Estado como garante de que estas condiciones puedan convivir en la Argentina son los puntos que aparecen como más visibles del denominado pacto o acuerdo social al que convoca Cristina de Kirchner y que viene trabajando entre bambalinas el gobierno de cara a las elecciones. Con el viento a favor que le aporta una economía en crecimiento pero con la mochila del fracaso (por múltiples factores internos y externos) que representó un intento de estas características en el 73 —donde existía una burguesía de fuerte corte nacional—, cabe el interrogante de si es posible lograr este objetivo en un país que reclama un retoque del modelo económico orientado hacia nuevas formas de distribución del ingreso o si el intento sólo responde a una política de disciplinamiento para garantizar una estancia tranquila en los primeros meses de la futura gestión.

En esa disyuntiva están expresadas las voces a favor y en contra del acuerdo que tanto pregona la candidata oficialista y que aún no reunió los consensos necesarios como para pensar que es posible ejecutarlo. Por las dudas, los involucrados ya están “ajustando a cuenta”. Los empresarios y sectores formadores de precios remarcando ante una eventual concertación y la dirigencia sindical poniéndole un nuevo piso a los reclamos salariales, lo que en buen parte termina acotando la discusión a la coyuntura, cuando las experiencias locales y extranjeras se basaron en la definición de acuerdos que iban más allá del día a día y sobre la base de la formación de consensos básicos para un modelo de país.

“Estan dadas las condiciones políticas como para que haya disposición para un pacto razonable”, señaló el economista Jorge Schvarzer, quien consideró que esto no implica un hecho consumado. “Venimos de un quinto año de crecimiento al 8%, hubo un gran incremento de la riqueza en el país. Los trabajadores mejoraron su salarios y los empresarios sus ganancias en general, y por tanto no hace falta perder nada, sino dejar de lado cierta codicia y actitud individualista y colaborar al bien común pero sin pérdida”, dijo el referente del Grupo Fénix.

Pero aunque los lineamientos planteados desde el oficialismo en torno al pacto hablan de que el “gran acuerdo nacional” no se debe limitar a debatir precios y salarios, sino metas físicas en materia de ocupación, crecimiento, exportaciones, recaudación y superávit (Cristina dixit), la falta de definiciones claras sobre estos temas, las dudas sobre quiénes serían los actores del proceso e incluso si existe voluntad de parte de ellos para involucrarse, sumado a los flancos en materia de calidad institucional que dejó abierto el Estado a través de escándalos como los del Indec, suman muchos interrogantes sobre la posiblidad de que la Argentina esté en condiciones históricas y políticas de alcanzar una concertación.

De hecho, la candidata oficialista aunque no lo exprese taxativamente trata por oposición de despegarse de la experiencia setentista que encabezó José Ber Gelbard, al explicar que este nuevo acuerdo al que convoca no es una gran paritaria o un control de precios, sino que incluye las pautas macroeconómicas que le permitirían a la Argentina consolidar el crecimiento. Quizás, una estrategia discursiva que busque diferenciarse de una experiencia que funcionó exitosamente en los primeros años pero luego estuvo condicionada por la crisis del petróleo y los precios internacionales, y una convulsionada situación política interna, y que por tanto, quedó instalada como un fracaso en el imaginario argentino.



Un objetivo común

“Concertación significa componer, pactar, pero sobre todo y de acuerdo a su significado original, traer a identidad de fines propósitos o intenciones diferentes, hacer un objetivo común por encima de la diferencia política”, reflexionó el economista y asesor empresario, Daniel Guida, quien recordó la experiencia del fracaso del gran acuerdo nacional (GAN) al que convocó el ex presidente militar Alejandro Lanusse que proscribía al peronismo.

“Si no hay fijados objetivos comunes (identidad de fines) es difícil que las intenciones diferentes se sigan manifestando”, reflexionó Guida a la hora de analizar la actual situación de la Argentina y explicó que en este sentido todo el trabajo está por hacerse. “Un acuerdo de esta naturaleza necesita de una mejor calidad institucional para que el conjunto de la sociedad esté dispuesto a apoyar el pacto y los gobiernos puedan aplicar políticas de acuerdo a eso”, como ocurrió en España con el Pacto de la Moncloa, rubricado en 1977 por todo el arco político y social para fijar la reglas económicas de la transición democrática.

Según coinciden empresarios y economistas, el momento económico es el ideal para avanzar hacia un pacto social, pero consideraron que juegan en contra las restricciones políticas e institucionales. “Es difícil que se pueda hacer un acuerdo el mes que viene, pero de todos modos lo que el gobierno tiene que ofrecer son algunos elementos de transparencia”, dijo Schvarzer, y enfocó a los problemas surgidos en torno a los cuestionados índices del Indec como “un tema grave por los problemas de confianza que genera”.

Desde el oficialismo evitan enfocarse en el índice de precios para instalar la discusión. “Si Cristina gana las elecciones como creemos, estamos con la suficiente capacidad política para interpelar a los actores económicos y sociales a una disciplina de coordinación de expectativas que permita sostener lo que la Argentina necesita: crecer 10 años por arriba del 7% anual, para recuperar en términos de empleo y salario lo que perdimos en los 80 y los 90”. dijo el economista Oscar Cuattromo, secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa de la Nación.



Los actores del acuerdo

Pero en todo pacto, los interlocutores son la pieza clave. “¿Quién hace el pacto, entre quienes?”, interroga Guida e introduce el tema de la legitimidad, una condición necesaria para empresas de este tipo ya que exige el consenso de las partes que será la garantía futura de su cumplimiento.

“Lo que propone Cristina es ponernos de acuerdo en algunos temas básicos, como salarios, precios, que tiene que ver con una política de coordinación de agentes o de lo contrario dejamos librado todo al mercado, bajamos el nivel de actividad económica”, dijo Cuattromo.

Sin embargo, para algunos sectores las generalidades esconden una trampa. El economista Eduardo Lucita —director de la publicación Cuadernos del Sur— explicó que la Argentina atraviesa una nueva situación donde empiezan a verse “los desequilibrios estructurales que no fueron resueltos, la inflación que se profundiza, el superávit fiscal que comienza a achicarse y el comercial que evidencia problemas” y por tanto, esta nueva situación obliga al gobierno a rearticular acuerdos “con los distintos sectores de la burguesía, un alianza social que es algo más que un simple pacto de obreros y patrones”, dijo.

Pero sobre esta premisa, que bien aclaró Cristina en cuanto foro nacional e internecional pudo, no garantiza que todos los sectores estén incluidos y al mismo tiempo, que todos puedan llegar a una comunidad de intereses que implique alguna resignación. Por caso, los empresarios, tanto domésticos como foráneos, insisten en la necesidad de liberar tarifas y que se controle la inflación como una condición necesaria para seducir a las inversiones.

Ese fue el reclamo que la primera dama escuchó la semana pasada en su viaje a Brasil y el que vienen recogiendo de los grupos económicos europeos y los hombres de negocios de la Argentina. En cambio, desde el arco gremial ven estos pedidos como una réplica de viejas recetas ortodoxas.

“No hay posibilidad de ningún pacto entre sectores porque aquí los sectores no existen como tales”, señaló el secretario general de la CTA Rosario, Jorge Acedo. El sindicalista recordó al respecto que tras la recuperación de la democracia en el país “no hubo o no se dio el gran acuerdo de todos los argentinos y venimos demorados en este sentido”.

A su juicio, primero en el país deben sincerarse los distintos sectores —tanto político como sindical y empresario— y cumplir con el gran acuerdo que es la Constitución nacional “que dice por ejemplo que con el salario mínimo se debe garantizar alimentación, salud y educación y vivienda”, dijo Acedo. “Esto hoy no se cumple”, sentenció.

Por eso, consideró que no es necesaria una construcción política distinta sino ir a fondo con la democracia en el país. “En el país hay un nivel de concentración económica que no se modificó y los formadores de precio son muy pocos”, dijo el dirigente de ATE, y por otro lado “frente al estado de miseria, se intenta frenar salarios que están en la mitad de lo que deberían estar”, agregó el dirigente.



Paritaria social

En este camino, la CTA a nivel nacional y su titular Hugo Yasky plantaron la denominada Paritaria Social, un frente que agrupa a la entidad gremial y otras organizaciones que “tiene como meta lograr la discusión para la próxima etapa que va a vivir nuestro país de un modelo distributivo y productivo que apuntale una sociedad más igualitaria”, explicó.

“No estamos de acuerdo con los que plantean que hay que enfriar la economía, y menos aún con algún pacto gobierno empresarios que, con aval sindical, planche los salarios y baje el nivel de la demanda. Todo lo contrario: deben propiciarse las condiciones para que la dinámica social siga avanzando sobre el apuntalamiento de salarios más justos”, dijo Yasky al hacer una lectura del acuerdo al que convoca el oficialismo.

Acordar, un término cuya ascendencia del latín proviene de aquellos actos que realizan con el corazón “exige una actitud profunda de diálogo donde también se requiere de un desprendimiento de las partes”, recordó Guida. La Argentina se llevó varias materias previas en ese sentido.

Con un empresariado nacional y una burguesía que respaldaba un proyecto industrializador y mercadointernista en la década del 70, el pacto que promovió Perón tras su regreso del exilio no pudo soportar las presiones internas del proyecto económico. “Hacia 1974 aparecen conflictos derivados de la crisis del petróleo y los precios internacionales, pero también hay un intento claro de destruirlo por afuera, algo que se expresa con claridad después del 76”, señaló Marcelo Rougier, autor (junto a Martín Fiszbein) del libro “La frustración de un proyecto económico, gobierno peronista de 1973-1976”.

Pero tras la dictadura y el paso de los años 90 la geografía económica, política y social mutó. “Hoy se puede rescatar el discurso de esa época, la necesidad de crear una burguesía nacional, pero las bases productivas y sociales están fragmentadas”, explicó Rougier.

Según explicó el economista de la UBA Carlos Leyba —que integró en 1973 el elenco económico que promovió una docena de leyes y una concertación para reglar la puja distributiva— , “de las quinientas empresas más grandes del país, hoy apenas un 10% son nacionales; el 40% de los trabajadores están en la informalidad, y el Estado casi no tiene empresas ni organismos reguladores”, señaló.Otros países pudieron hacerlo. ¿Podrá la Argentina?

“Los antecedentes no son favorables porque imperó mucho el criterio de sálvese quien pueda, producto de años de políticas económicas que alentaron las fórmulas salvajes de comportamiento de mercado”, reflexionó el economista Alejandro Rofman pero sentenció “la Argentina necesita urgentemente esto, de lo contrario vamos a construir un país sólo para unos pocos”, sentenció.

La candidata quiere un acuerdo que no se limite a precios y salarios.