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domingo,
30 de
septiembre de
2007 |
Binner y la inseguridad
Por Carlos Duclos Referir al tema delito en apenas unas palabras que dan marco a una reflexión, es procurar, apenas, reflejar una minúscula parte de un escenario que es tan inmenso como desgraciado. Intentemos, no obstante, decir algo al respecto. Y lo primero es expresar que todo indica que las causas del delito y el delito mismo se agravarán en los próximos tiempos. En la provincia de Santa Fe al nuevo gobernador, Hermes Binner, le tocarán circunstancias poco halagüeñas en tal sentido. Es decir, en los próximos años deberá luchar contra un flagelo que preocupa y desvela a la sociedad.
Binner ha señalado, y con razón, que el delito ya trasciende el ámbito exclusivamente penal. Hoy, no se trata de combatirlo con las herramientas que ofrece el derecho penal o la estructura policial, porque el delito en la Argentina ya ha superado los límites que lo contenían en ese ámbito, para tornarse un fenómeno social que tiene su causa en la exclusión social. ¿Y qué es esta exclusión social? No se trata sólo de identificarla con la pobreza material, sino que tiene que ver, también, con la pobreza intelectual, la incapacidad para razonar que tienen su origen en la limitación mental cuya causa, a su vez, debe buscarse, casi siempre, en un sistema perverso que modela la mente para que funcione hasta determinado nivel y nada más. Este sistema, ha implementado un modelo en el que vive gran parte de la sociedad y del que es esclava. Así es, muchos seres humanos padecen hoy nuevas formas de esclavitud, nuevas formas de sometimiento que se caracterizan por los siguientes aspectos, entre otros: falta de elementos básicos para acceder a una vida digna, falta de educación adecuada y sus consecuencias en la mente, auge de la droga. No hace falta mucho más para concluir con una verdad aciaga: muchos niños, a los cinco años, o menos, se transformen en chicos mendigos y a los 10 pasan a la categoría de drogadictos y ladrones.
Hace pocas horas la ciudad de Rosario se vio conmovida por un par de sucesos trágicos: dos chicos murieron como consecuencia de la inhalación de pegamento y una nena de apenas doce años fue internada por consumir un cóctel espantoso de esta sustancia con cocaína. Es innecesario ser un calificado policía, un sabio de la justicia penal, un sociólogo para saber que pobreza y adicción forman al ladrón. Y lo forman, estimado lector, a edades que asombran. Y esta realidad nos lleva a formular la siguiente pregunta: ¿son víctimas sólo los despojados por las armas de un bien material? Hay que comenzar a observar, con detenimiento, que en esta nueva sociedad también es víctima aquel que no recibió lo necesario para desarrollar su vida de manera digna.
Y volvamos a la cuestión social y a la estructura penal: hace años atrás y aun cuando este país era subdesarrollado, el ser humano era ladrón por elección, pero desde hace algunos años, bien puede decirse que se es ladrón por obligación, porque el sistema del que hablábamos le ha quitado a la persona la posibilidad de comer, de vestirse, de cobijarse en una vivienda más o menos digna, de educarse en valores morales mínimos. Y, además, le ha tirado sobre la puerta de su “nada” droga, de diversa índole, para que su mente se pierda, casi siempre sin posibilidad de retorno. Es decir, este sistema ha condicionado a gran parte de la sociedad a ser delincuente y no otra cosa.
Números que espantan. La realidad de los últimos meses en la ciudad de Rosario, por ejemplo, muestra el siguiente cuadro de situación que puede servir para trazar un vestigio de la escena: en el mes de enero la policía detuvo a 116 menores de edad. Uno tenía 10 años; cuatro de los detenidos 12 años; 10 de los chicos 13 años. Todos los demás no superaron los 17 años. Casi todos fueron detenidos por robo y robo calificado, es decir robo con el uso de armas. Sin embargo, cabe señalar que uno de estos chicos fue autor de un homicidio. En el mismo mes se detuvieron a 230 personas mayores de edad que delinquieron. Más de 180 de los detenidos tenía entre 18 y 25 años de edad y la mayoría de los delitos fueron, como en el caso anterior, por robo y robo calificado. Entre estos mayores hubo imputados por cuatro homicidios.
En el mes de marzo pasado se detuvieron a 163 menores. La mayoría tenía entre 14 y 16 años y, como siempre, los delitos que se les imputaron fueron robo y robo con armas. En ese mes de este año hubo 329 detenidos mayores, la mayoría de los cuales tenía entre 18 y 25 años. Entre los detenidos había quienes protagonizaron nada menos que doce homicidios. Y entre los mismos detenidos hubo más de 200 imputados por robo y robo calificado.
Desde el mes de enero de este año, hasta el mes de mayo, la policía rosarina había detenido a 672 menores a quienes se les imputaba cinco homicidios y casi 500 hechos de robos. Claro que estos no son todos los hechos de homicidios y robos cometidos por menores, la información refiere a los hechos delictivos cometidos sólo por estos detenidos.
En el mismo período hubo 1.413 personas mayores detenidas (casi todas no superan los 30 años de edad y la mayoría tenía entre los 18 y 25) Estos mayores protagonizaron 49 homicidios y más de 500 robos.
Presentadas así, las cifras dicen poco y nada, pero cuando el lector reflexiona que se trata de familias que quedaron devastadas por la muerte de un familiar o porque han sido vulneradas, de la manera más lamentable, en su seguridad, el hecho adquiere otra connotación.
La solución. Tal parece que, sin caer en la desencajada visión garantista criolla que casi siempre peca por el error de confundir garantismo con abolición de la pena (como si la mente argentina fuera la mente finlandesa), no puede menos que considerarse seriamente el hecho de que el delito no puede erradicarse ya en este país, y en esta provincia, apelando sólo a las bondades del derecho penal o la eficaz acción policial. Como se dijo, el escenario supera ya a la estructura penal.
Esto no supone, desde luego, renunciar a la tarea de velar por la seguridad de los ciudadanos mediante los auxiliares del derecho penal (ley, justicia, policía. Y en este último aspecto, dígase que la ausencia de policías conocedores de la realidad, bien informados y operativos complicará la cosa), pero es evidente que el auge delictivo no se reducirá si no se adoptan soluciones de fondo que tiendan por lo menos a: reducir de verdad el índice de pobreza e indigencia; mejorar el nivel intelectual por medio de una educación adecuada y puesta en vigencia de programas culturales serios. Y, naturalmente, reprimir severamente el narcotráfico y reducir el consumo de droga.
Esta última es una tarea extremadamente dificultosa por diversas razones: primero por la gran cantidad de intereses en juego que hasta hoy han impedido un combate eficaz contra este tremendo flagelo y porque comienza a ser notorio el hecho de que en los países latinoamericanos el narcotráfico se está militarizando. ¿Cuánto tiempo pasará para que el narcotráfico argentino tenga sus propias milicias? Binner tiene por delante un gran desafío en este aspecto y, como se dijo hace tiempo atrás, la mayor responsabilidad (en virtud del fenómeno social que involucra al delito) la tiene el gobierno nacional quien, desde hace años, brilla en este sentido por su ausencia.
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