“No se controla a los contratistas de la EPE"

El titular de la Asociación de Empleados Jerárquicos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Manuel Luna, reconoció que la compañía “no realiza un control exhaustivo de las firmas contratistas” a las que deriva tareas de mantenimiento. “Es una falencia. Si la firma no está en condiciones de realizar ciertos trabajos por falta de presupuesto o de personal, se deben hacer controles estrictos para determinar si los operarios subcontratados están capacitados para trabajar en condiciones de peligro”, afirmó.

    Las declaraciones de Luna fueron realizadas pocas horas después de la fatal explosión ocurrida el jueves al mediodía en el centro de distribución de la EPE, en Sarmiento al 300. Luis Vega, de 33 años y empleado de una contratista, perdió la vida en forma instantánea al recibir una descarga de 13.200 voltios. Además, dos compañeros resultaron heridos.

   Todos trabajaban en ese momento para la empresa IRB, encargada de realizar tareas de mantenimiento en las celdas de media tensión. Según indicó Raúl Stival, gerente de la sucursal Rosario de la EPE, IRB llevaba varios meses en las instalaciones de Sarmiento al 300 y tenía su documentación en regla.

La misma tarde del accidente, el directivo remarcó que el muchacho fallecido se encontraba en una celda distinta a la que estaban sus compañeros.

   A todo esto, el titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, Alfredo Romero, cargó la responsabilidad de lo ocurrido en la EPE. Y volvió a reclamar mayor cantidad de personal y capacitación. También urgió al gobierno provincial a que prepare un plan de contingencia “para garantizar el servicio en el verano”.

   “Esto a la compañía le salió más caro. Porque si bien fue un accidente con una empresa contratista, la EPE tiene plena responsabilidad en lo sucedido. Así que penal y civilmente es solidariamente responsable l”, señaló Romero a LT8.

    El dirigente gremial agregó que “esto es producto de una política que se instaló en la década del 90 cuando estaban en pleno proceso de privatización todas las empresas de servicio. Y la mejor manera de abaratar costos o mano de obra era producir, a través del retiro voluntario, el desmantelamiento de vastos sectores, en este caso específico de la EPE, y contratar las tareas propias de la actividad a terceros”.

   En esa misma sintonía, Luna remarcó a La Capital que la empresa no realiza un control de las firmas contratistas ni de su personal a cargo.

“En la EPE hubo una reducción de personal importante los últimos años. Muchos servicios debieron ser tercerizados y también muchos operarios capaces y con experiencia se fueron de la empresa”, expresó Luna.

   El referente de los jerárquicos opinó que “se tendrían que haber realizado controles de las aptitudes de los empleados de esas empresas en el manejo de redes eléctricas. Con 3.100 agentes, la EPE no puede realizar mantenimiento de todo el sistema. Pero debe controlar y evaluar al personal subcontratado para evitar accidentes. Porque la electricidad mata en el acto, no da una segunda oportunidad”, señaló.

Desde la EPE, en tanto, reconocieron que la firma viene perdiendo 40 millones de pesos al año. l