Deciden si se anula juicio por desaparición de turista suiza

La Rioja- El tribunal riojano que juzga a los acusados del crimen de la turista suiza Annagreth Wurgler, desaparecida en La Rioja en 2004, decidirá hoy si continúa o anula el debate oral, a raíz del pedido de las defensas que consideran que no está probado que la joven haya sido asesinada.

La solicitud de nulidad se formuló en la primera jornada del juicio que inició la Cámara Penal de Chilecito, presidida por el juez Mario Pagotto, y en caso de ser aceptada, se suspenderá el juicio y que todo volverá a fojas cero.

Los principales imputados son Alcides Cuevas, propietario de una hostería y procesado por homicidio agravado, y un empleado de éste, Miguel Narváez, acusado de ser partícipe necesario del homicidio, ambos detenidos.

También están siendo juzgados Angélica Gordillo y Mario Machuca, supuestos encubridores del hecho y en libertad provisional.

Tras la lectura de la elevación a juicio del caso, el viernes último los abogados de los acusados pidieron que ese documento sea declarado nulo.

La defensa de Cuevas, integrada por los abogados José Vega Aciar y Soledad Vara, impugnó el certificado de defunción de Wurgler emitido por el registro civil local a pedido del juez que investigó el caso, Walther Moreno, de la localidad Villa Unión.

Los letrados argumentaron que ese documento no es válido porque no existe un certificado médico que constate el deceso la turista, ya que el cadáver de la joven, en caso de que haya sido asesinada, nunca fue hallado.

Agregaron que si el juicio avanza se demostrará que en la causa “existe presión política y diplomática” para encontrar culpables y apuntaron contra la Embajada de Suiza en Argentina.

Por su parte, el abogado Enrique Leiva -patrocinante de Narváez- denunció que su defendido fue “salvajemente torturado y vejado en la comisaría de Villa Unión” cuando fue interrogado sobre el hecho.

Ante los planteos, el fiscal Darío Illanes sostuvo que los defensores “intentan politizar el caso”, ratificó su acusación contra los imputados y dijo que el juez Moreno tenía la “facultad” de pedir que se emitiera el certificado de defunción. (Télam)