Piden que el depósito judicial deje de ser un desarmadero

La Cámara Penal se lo exigió al ministro de Gobierno y al jefe de la policía, a cargo del predio

La Justicia rosarina le exigió al gobierno de la provincia que adopte urgentes medidas ante una serie de irregularidades detectadas en el depósito judicial de automotores que se levanta en la zona oeste de la ciudad después de comprobar la sistemática desaparición de autopartes, sospechar de la probable participación de policías en esas sustracciones y notar un estado total de abandono del lugar que, además, se abastece de luz a través de una conexión ilegal.

   La situación fue comunicada por la Cámara Penal de Rosario al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, para que reorganice la gestión de la dependencia custodiada por la policía a fin de que no sea un escenario propicio para continuos actos de corrupción. También se expuso el problema al jefe de la Unidad Regional II, Ricardo Ruiz, de quien dependen los uniformados allí destacados.

   Así lo resolvieron el miércoles los camaristas penales de Rosario a pedido del juez de Instrucción Alfredo Ivaldi Artacho, quien investiga la denuncia presentada en enero pasado por la Asociación Profesional de la Policía (Apropol), el gremio de los uniformados que no es reconocido por el gobierno santafesino.

   Entonces, los sindicalistas sostuvieron que en el predio de Doctor Riva al 7200, “funciona un depósito judicial que opera como desarmadero judicial, ya que provee a otros desarmaderos truchos de mercadería sustraída a vehículos allí estacionados”.

   Tras investigar la presentación, el juez comunicó a sus superiores el caótico panorama que detectó en el lugar, donde prácticamente no hay vallado perimetral, no se lleva un registro ordenado de los vehículos secuestrados y la sustracción de autopartes valiosas es constante.



Medidas. Enterados de la situación, los camaristas enviaron una nota al gobierno santafesino y a la policía rosarina para exigirles que “se realicen las reformas y/o adecuaciones en los depósitos de vehículos secuestrados, tanto en el aspecto edilicio como administrativo, a fin de cumplir cabalmente el propósito para el cual fueron creados”.

   Asimismo, requirieron a los jueces penales de toda la jurisdicción que controlen los autos a disposición de cada juzgado. Les pidieron que confeccionen fichas de cada vehículo secuestrado, las cuales serán ingresadas a un registro informático. Por último, ordenaron que se abra una causa correccional para investigar si en el lugar también se comete hurto de energía ya que el inmenso predio no cuenta con medidor eléctrico y sin embargo tiene una conexión al alumbrado público.



Casi un desarmadero. La irregular situación del predio fue detectada por Ivaldi Artacho a raíz de una denuncia sobre peculado o malversación culposa presentada en enero de este año por Apropol. El secretario del gremio, Alberto Martínez, acusó a oficiales superiores de la fuerza de realizar y permitir un sistemático desguace de los autos secuestrados.

   Además de la sustracción de piezas, el juez detectó que fueron sopleteadas secciones enteras de vehículos y la “suplementaria sustracción de los legajos” de esas unidades. Y, tras confeccionar una suerte de inventario de los vehículos depositados, expresó que “la mera lectura del mismo muestra el altísimo volumen económico de la masa patrimonial disponible para cualquier agente infiel” en un lugar con carencias edilicias y estructurales que “configura el mejor ámbito para asegurar el oscurecimiento de los actos de malversación acaecidos, o para garantizar la impunidad”.

   En ese sentido, remarcó que existe un “elevado riesgo y/o realidad de corruptelas y corrupción policial en esta esfera”, de los que incluso mencionó una serie de casos paradigmáticos (ver aparte).

   En ese sentido, señaló además que los encargados del lugar dieron cuenta de “permanentes actos vandálicos de terceros”, lo que a criterio de Ivaldi Artacho “introduce perplejidad. ¿Son robos reales o anoticiamientos ficticios para disfrazar irregularidades policiales?”, se preguntó.

   Entre las irregularidades, el magistrado enumeró:

Los vehículos no están precintados ni clasificados. Tampoco está organizada su ubicación.

La oficina operativa carece de base de comunicaciones, handies, agua potable o gas y desde allí no se ve todo el terreno.

La luz es obtenida “a través de una virtual conexión clandestina con cableado desde el exterior”.

Carece de protección contra incendios, pese a que Bomberos Zapadores recomendó la instalación de no menos de 31 matafuegos.

Es custodiado por diez empleados policiales más dos jefes que actúan por tercio, “sujetos a constantes cambios y traslados que, para los supuestos de irregularidades, dispersan las responsabilidades licuando toda posibilidad de esclarecimiento”.

El predio de cinco hectáreas está en Doctor Riva al 7200.