Carlos Ossola se hizo cargo de las operaciones de su agencia

El titular de la operadora bursátil en convocatoria desligó a sus hijos del fraude que se investiga

Carlos Ossola, el presidente de la agencia bursátil investigada por un presunto fraude millonario, se declaró inocente de la estafa que le imputan junto a cuatro integrantes de su familia, aunque se mostró dispuesto a asumir “todas las responsabilidades” que le competen en tanto titular de la firma. Al prestar declaración indagatoria en los tribunales locales, el directivo empresarila desligó del caso a sus hijos, quienes según dijo no tuvieron “ninguna participación” en las operaciones supuestamente fraudulentas que investiga la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas.

   Tras los trámites judiciales, la magistrada dispuso ayer el arresto domiciliario de los titulares de la la firma, Carlos Ossola, de 71 años, y su hermana Enriqueta, de 74, a quienes les corresponde ese beneficio en razón de su edad. El presidente y la vice de la clausurada agencia de Rioja 1035 seguirán en carácter de detenidos, a disposición del juzgado y con custodia policial en la puerta de sus casas, ubicadas en jurisdicción de la comisaría 5ª.

   En tanto, la jueza dejó en libertad a los tres hijos del directivo, Guillermo, de 33 años; Luciano, de 32; y Florencia, de 30, sospechados de tener una participación menor en la causa que se sustancia por defraudaciones reiteradas.



El pedido. Las excarcelaciones fueron solicitadas por los abogados de la familia Ossola, Gustavo Peirone y Walter Stramazzo, al término de las indagatorias que finalizaron ayer al mediodía. La fiscal Adriana Camporini respaldó el pedido y la jueza lo concedió porque los tres hijos de Carlos Ossola están imputados como colaboradores de un delito que es excarcelable.

   Además, tal como lo adelantó ayer este diario, los defensores entienden que lo que llevó al cierre de la tradicional agencia bursátil de la ciudad “no fue una estafa” sino el efecto de “distintos desfasajes que la empresa sufrió año tras año”.

   Los cinco acusados fueron detenidos el miércoles pasado en la investigación de una estafa que la agencia de bolsa habría cometido en perjuicio de numerosos clientes (sólo 12 hicieron la denuncia) que vieron evaporadas sus inversiones en acciones y otros activos. Tras el escándalo, la firma se presentó en convocatoria de acreedores y reconoció un pasivo de unos $ 65 millones.

   Al término de cuatro meses de investigación, la jueza Rodenas ordenó los arrestos a raíz de un allanamiento a un departamento céntrico en el que vive una mujer de edad avanzada y familiar de los Ossola y donde se encontró numerosa documentación vinculada con la causa.



Documentos. Los archivos contenían registros escritos a mano, en birome y en lápiz de los movimientos de la agencia y de pedidos de los clientes, balances contables desde 1996 y escrituras de propiedades.

   En las indagatorias, a los hermanos Ossola les reprocharon haber cometido “diversas maniobras ardidosas”, como por ejemplo hacer figurar un activo que no se compadecía con la realidad, el uso de la estructura administrativa societaria para hacer creer que la empresa era solvente, y haber omitido asentar la real situación financiera de la empresa, todo ello en perjuicio del patrimonio de los clientes.

   El único de los imputados que respondió a esas acusaciones fue Carlos Ossola, quien en consonancia con lo dicho por sus abogados aseguró que no cometió una estafa sino que la empresa afrontó problemas económicos que la hicieron entrar en convocatoria de acreedores. En líneas generales, se remitió al testimonio que brindó en el juzgado Civil donde se sustancia el concurso. No obstante, asumió “todas las responsabilidades” en tanto titular de la firma y aseguró que sus hijos “no tuvieron participación” en los hechos.

   Cuando le preguntaron por qué si el último ejercicio contable reflejaba una empresa ordenada la firma ingresó en concurso de acreedores dos meses después, Ossola dijo no tener elementos “para explicar los motivos”, según reveló una fuente de la causa. Los otros sospechosos negaron la acusación y se abstuvieron de seguir declarando.

La fiscal Adriana Camporini y la jueza Antonia Rodenas al momento de allanar las oficinas.