La ley antidiscriminación ya tiene 20 años pero aún pasa inadvertida

Claudio González / La Capital

“La norma está, pero no se cumple”. El dicho va de boca en boca y en este caso parece anclar con contundencia en un tema tan sensible como la discriminación. La ley nacional antidiscriminación va camino a cumplir 20 años, pero en Rosario todavía cuesta instrumentarla. Con espíritu preventivo, uno de sus artículos obliga a exhibir un cartel con su texto en el ingreso a locales bailables, de recreación, espectáculos, restaurantes y otros lugares de acceso público (se podría incluir a escuelas, clubes y shoppings) donde se lea claramente que “está prohibida la discriminación” con pretextos de raza, etnia, género o condición social, entre otras. Sin embargo, la advertencia brilla por su ausencia aun en las dependencias oficiales.

   Mientras tanto, como develó La Capital en su edición del miércoles pasado, la Oficina de Derechos Humanos del municipio recibe, por semana, una denuncia por discriminación en boliches. En general se trata de jóvenes que son maltratados por los patovicas por “portación de cara”, según indicó el titular de la dependencia, Rubén Chababo.

   Una recorrida que hizo este diario por espacios públicos de la ciudad confirma la poca vigencia de la ley antidiscriminatoria. Los carteles a los que hace referencia la norma ni siquiera se encuentran en las reparticiones de la administración municipal, provincial o nacional.



20 años no es nada.La ley antidiscriminación se aprobó en agosto de 1988 y salió publicada en el boletín oficial un mes más tarde. El gobierno santafesino adhirió automáticamente. Y en Rosario, el Concejo tomó su espíritu incorporándola bajo la letra de la ordenanza 6.321/96.

   En el artículo 5º de esa normativa local se establece que se deben instrumentar los medios para que en los espectáculos o lugares abiertos al público se exhiba un cartel de 25 centímetros por 40 con el siguiente texto: “Está prohibida la discriminación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, identidad de género, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que tienda a la segregación, exclusión o menoscabo”.

   Un último párrafo agrega que su incumplimiento está penado por el Código de Faltas con la clausura del comercio por entre 7 y 30 días, la primera vez, y entre 30 y 180 días en caso de reincidencia.



Mucho por hacer. El ámbito local para denunciar hechos de naturaleza discriminatoria es la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. La Oficina Municipal de Derechos Humanos no tiene esa facultad, pero trabaja con un espíritu pedagógico y de asesoramiento frente a casos concretos.

   El organismo nacional que se ocupa de la problemática es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), que si bien hace tres meses abrió una oficina en la ciudad de Santa Fe aún no cuenta con un espacio propio en Rosario.

   Mientras que desde el gobierno provincial se interviene en distintos conflictos, y en muchos casos se logra la mediación con éxito entre los protagonistas, esto no parece suficiente para abordar la problemática de manera preventiva. Y lo mismo se advierte desde la oficina municipal.

   Consultados por La Capital, los responsables de ambos organismos coincidieron en que la ley nacional antidiscriminación aún no se pudo implementar debidamente en Rosario (ver aparte).

   Mientras tanto, las crónicas periodísticas muestran cómo las quejas de discapacitados que tropiezan con barreras arquitectónicas, pibes marginados en boliches, personas postergadas en el ámbito laboral, aborígenes desplazados y actos intimidatorios contra ciudadanos por su condición religiosa, sexual o ideológica, se van transformado peligrosamente en una moneda corriente.

   Un buen paso hacia la difusión de los derechos, como establece la ley, puede a la vez funcionar como advertencia y de formación para quienes intentan avasallarlos.l