Un nuevo escándalo que viene desde el sur

Aportan datos a Stornelli e involucran a Enargás y Julio De Vido. La Capital los revela en exclusiva

La construcción de gasoductos amenaza con complicar aún más al gobierno nacional ya que las irregularidades no se circunscribirían al llamado caso Skanska -por la ampliación del Gasoducto del Norte- sino que comienzan a detectarse también en obras del sur del país. Legisladores de la UCR aportaron al fiscal federal Carlos Stornelli datos -a los que tuvo acceso La Capital- sobre presuntos sobreprecios del orden de los 60 millones de pesos en el Gasoducto Cordillerano-Patagónico.

Otra anomalía que se presenta es la adjudicación directa de las obras a la misma empresa encargada de gerenciar el fondo fiduciario y, por lo tanto, controlarlas: la firma Emgasud, cuyo titular es Alejandro Ivanissevich, un empresario de fuertes lazos con el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Planificación, Julio De Vido.

La presentación ante el fiscal Stornelli la realizaron los senadores nacionales radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz, el ex gobernador de Chubut Carlos Maestro y el diputado provincial Carlos Lorenzo. El fiscal está desarrollando una investigación -conexa al presunto cohecho del caso Skanska- sobre el funcionamiento de los fideicomisos para la realización de obras públicas, una metodología ideada por De Vido para -según sus detractores- eludir el molesto paso por procesos licitatorios.

En diálogo con este diario, Lorenzo explicó que se trata de "una obra que se hizo sin licitación", una instancia obligada por los marcos regulatorios. Sólo se puede hacer una adjudicación directa si antes se cayó la licitación.

Hay más elementos que generan sospechas: "Esto se llevó adelante a través de un fideicomiso, igual al que se usó en las obras que ahora están señaladas (Skanska), y el gerente es la empresa Emgasud, que como tal tiene la responsabilidad de hacer el proyecto, licitarlo, adjudicarlo y controlarlo. El problema es que quien construyó el Gasoducto Cordillerano es la propia Emgasud, o sea que se tiene que controlar a sí misma, lo cual pone en sospecha la ejecución de la propia obra", indica el diputado chubutense.

El crecimiento exponencial de los costos arranca en octubre de 2004, cuando se suscribe una carta intención en la cual se establece un valor de 180 millones de pesos, en febrero de 2005 se firma el contrato por por 243 millones y "a esta altura está en los 300 millones".

Es que la cifra inicial de 243 millones tuvo varios agregados. "El primero, de 15 millones de pesos, fue para aumentar la presión y darle más capacidad de transporte, para lo cual debía aumentarse el espesor de los caños, lo que se habría hecho cuando ya estaban todos los caños comprados, y no sabemos si se hizo o no", indicó Lorenzo, ya que "quien ejecuta se controla a sí mismo".

La falta de controles abona las sospechas sobre los reiterados "requerimientos de adicionales de obra del orden de los 40 millones de pesos". Además, "se denunció (ante Stornelli) un tramo del gasoducto que no se construyó", ya que "el responsable, que era Ivanissevich, como cofiduciante tenía que poner parte de la plata y no lo hizo". Añadió que "lo grave del tema es que (la obra faltante) fue recepcionada (por el Estado) y el empresario va a cobrar durante 10 años los cargos por un tramo que no hizo".

La obra que está bajo la lupa es un gasoducto que une el troncal General San Martín, a la altura de Comodoro Rivadavia, pasando por el yacimiento de Pan American Energy, hasta las proximidades de Esquel, para unirse con el Gasoducto Cordillerano que viene de Bariloche, con una extensión de 560 kilómetros, de los cuales están faltando 30 kilómetros.

Este caso huele a un esquema que reportó jugosas ganancias a la llamada patria contratista, en la cual privados se benefician de la realización de obras sin poner un solo peso ya que en rigor los trabajos son financiados por el Estado.

Carlos Lorenzo (UCR) enfatiza que al anunciarse la obra se estableció que "la provincia ponía una determinada cantidad de pesos y la empresa también, pero está determinado que la compañía no puso lo que debía". También revela otro tic de muchos gobernantes: hacer cortes de cinta ficticios: fue inaugurada con la presencia del presidente Néstor Kirchner en octubre de 2006 y aún no funciona.

La construcción fue aprobada por la Legislatura chubutense en febrero de 2005, en 24 horas. En el escritorio de Stornelli reposa un informe según el cual Chubut ya pagó 201 millones de pesos. Un eco de los 90.

El ministro De Vido quedó en el ojo del huracán.