Dudas por las garantías de Puentes del Litoral

Un informe de la Auditoría General de la Nación advirtió que el Estado se quedó "sin cobertura"

¿El Estado Nacional podrá cobrarse los 51,6 millones de pesos que otorgó para la finalización del Puente Rosario-Victoria? La pregunta ronda las cabezas de funcionarios y legisladores preocupados por la convocatoria de acreedores presentada por Puentes del Litoral, jaqueado por los 39 millones de dólares que la holandesa Boskalis Ballast le reclama por la realización del dragado y de los terraplenes. El senador nacional por Santa Fe, Rubén Giustiniani, advirtió que se debe actuar con cautela, pero recordó las 35 irregularidades detectadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), donde se denunció un vaciamiento de las garantías que son imprescindibles para ejecutar un contrato. Para el representante en Capital Federal del gobierno santafesino, Héctor Cavallero, "resulta imprescindible que el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) pida tres dictámenes de juristas administrativistas para analizar si resulta prudente o no romper el vínculo con la empresa".

El pedido de informes de Giustiniani fue aprobado el jueves pasado ante la Cámara alta. Allí, le pregunta al Ejecutivo por qué se desconoció el informe de la AGN y la denuncia del fiscal de investigaciones administrativas Manuel Garrido, ante la probabilidad de beneficios indebidos a costa del patrimonio estatal.

En el racconto del legislador socialista se enumeran las irregularidades cometidas en la conexión física. En 2002, de la auditoría de la Universidad Nacional de Buenos Aires, surgió que el valor estimado del puente fue un 10 por ciento inferior al establecido en el contrato y no pudiéndose acreditar que Puentes del Litoral haya desembolsado efectivamente los 143 millones de pesos impuestos en la concesión.

En 2004, el informe de la AGN, comunicado al Occovi y al gobierno nacional, resulta "concluyente".

Entre las situaciones fuera del marco contractual figura la integración del capital social del concesionario en cuotas; lo que provocó que la empresa no contara a la fecha con la integración de capital exigida para la toma de posesión.

Respecto a las garantías, la concesionaria incumplió con la constitución de los avales de ejecución de las obras y el órgano de control modificó las obligaciones contractuales conforme a las pretensiones de Puentes del Litoral, dejando al Estado sin cobertura para la toma de posesión y la ejecución de las obras.