Crece el escándalo en el gobierno de Colombia

Bogotá. - Otros seis congresistas colombianos aliados del presidente Alvaro Uribe, incluido el hermano de la canciller María Consuelo Araújo, fueron vinculados ayer por la Corte Suprema a una investigación penal por los supuestos nexos de políticos con paramilitares.

En la actualidad, tres legisladores permanecen presos en medio de la investigación que desató el mayor escándalo político en la historia de Colombia y que amenaza con ahondarse, lo que podría afectar la gobernabilidad de Uribe y la aprobación de decisivas reformas fiscales en el Congreso, de acuerdo con analistas.

Los seis congresistas vinculados al escándalo de la "parapolítica" son Dieb Maloof, Jorge Luis Caballero, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Mauricio Pimiento y Alvaro Araújo, hermano de la canciller.

Después de que la Corte Suprema los escuche puede archivar las investigaciones en su contra por falta de pruebas u ordenar su captura, como sucedió recientemente con los congresistas Alvaro García, Jairo Enrique Merlano y Erik Julio Morris. Hasta el momento, todos los legisladores involucrados en la investigación pertenecen a partidos que apoyan a Uribe en el Congreso, y que fueron clave para lograr su reelección para un segundo período consecutivo.

El Congreso de Colombia, de composición bicameral, está integrado por 102 senadores y 166 representantes a la Cámara, y afronta el peor escándalo desde mediados de la década del noventa, cuando varios legisladores fueron encarcelados por financiar sus campañas con dinero del narcotráfico.

Sobre los vínculos de congresistas y políticos con los escuadrones de ultraderecha, acusados de masacrar a miles de civiles en medio de su guerra contra la guerrilla izquierdista, se hablaba en Colombia desde hacia varios años. Pero recién ahora se inicia una investigación criminal que también podría dejar al descubierto los vínculos de efectivos de las Fuerzas Armadas, empresarios, industriales, ganaderos y terratenientes con esos escuadrones ilegales.

Los antiguos comandantes de esos escuadrones, actualmente confinados y a la espera de presentarse ante tribunales para confesar sus delitos y recibir una sentencia, pidieron la semana pasada a todos los que los apoyaron o se beneficiaron de sus actividades que lo reconozcan públicamente ante el país.