Derechos humanos. Entre 1973 y 1976 hubo más de 900 desaparecidos

La etapa negra que el PJ se resiste a debatir

El pedido de detención de Isabelita, Cafiero y Ruckauf devuelve al espejo social el peor rostro del peronismo

Walter Palena / La Capital

De manera inocente o no, el juez mendocino que quiere encarcelar a Isabel Perón, Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero (entre otros ex funcionarios) por terrorismo de Estado dejó mudo al peronismo y a una gran parte de la cofradía de organismos de derechos humanos, porque precisamente el magistrado activó una discusión que ellos se esmeran por evitar: el rol de todo el justicialismo en los 70 y de una sociedad que aceptó de manera silenciosa el matadero.

Les resulta cómodo la instalación del discurso que pregona que la violencia nació en marzo de 1976 de la mano de los militares genocidas. Esta verdad incontrastable esconde, empero, un mar de fondo que el juez Raúl Acosta se empeña en revolver y que los actores de la época pretenden esconder.

Acosta, juez federal de San Rafael, tramita la causa por la desaparición de Héctor Fagetti un mes antes del golpe, precisamente el 25 de febrero de 1976. Es decir que cuando Fagetti fue secuestrado imperaba aún en el país el Estado de derecho, aunque las garantías constitucionales estaban limitadas por una sucesión de decretos de octubre de 1975 que ordenaban "la aniquilación" de los elementos subversivos.

Los decretos fueron firmados por la viuda de Perón y el resto de su gabinete en un marco de extrema debilidad de su gobierno y en el ápice de la confrontación entre la derecha y la izquierda peronistas. Ambos bandos decían actuar en "nombre de Perón", aunque ya desde su origen la organización Montoneros también invocaba en sus crímenes a un genérico y confuso "pueblo" al que decían representar.


La génesis
El 5 de octubre de 1975 Montoneros lanzó la llamada Operación Primicia, el ataque al Regimiento 29 de Infantería de Formosa. Confiaba en el efecto propagandístico del copamiento, que también le permitiría robar armamento. Montoneros empleó cerca de un centenar de activistas y más de diez vehículos. En el combate murieron 10 militares y 16 guerrilleros. Al final, "los soldados de Perón" sólo pudieron robar 18 fusiles FAL y una sola ametralladora pesada de las 200 que había en el cuartel.

Un día después del ataque a la unidad de Formosa el gobierno de Isabelita redacta tres decretos que constituyeron el prefacio de la masacre argentina. Uno de ellos (el 2.772) fija que "las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del presidente, ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".

Rubricaron el paper Italo Luder, además de Ruckauf, Cafiero y el resto del gabinete de Isabelita. La inclusión de la palabra "aniquilar" no remite a eufemismos jurídicos; significó lisa y llanamente la eliminación física del adversario. Según la Conadep, hubo más de 900 desapariciones durante el gobierno peronista del 73 al 76.

Tres de los firmantes de los decretos gravitaron en política con el regreso de la democracia. Luder fue el candidato a presidente del PJ en 1983. Cafiero lideró la llamada "renovación peronista", un espacio que coqueteó con la socialdemocracia y acunó en su seno a varios progresistas que todavía gozan de predicamento. Ruckauf fue vicepresidente de Menem, gobernador de Buenos Aires y hoy es diputado nacional.

La violencia política previa al golpe del 76, fomentada desde el intestino peronista y desparramada luego al resto del cuerpo social, es una etapa que muy pocos se animan a debatir en profundidad.

La decisión de Acosta de ordenar la detención de Isabelita, Ruckauf y Cafiero fue recibida casi de manera desdeñosa (sospechosamente ninguneada) por los medios de comunicación que descargan ríos de tinta cuando aflora un tema sensible a los derechos humanos. Ni el gobierno, que hace de este ítem una loable política de Estado, salió a comentar sobre el tema. Sólo Hebe de Bonafini y Tati Almeyda (Madres de Plaza de Mayo) celebraron la diligencia del magistrado. Pero eso sucedió el primer día de conocida la noticia; luego callaron y hoy lo que se transformó en noticia es el silencio.

Atosigada. Isabel Perón afronta una ofensiva judicial acusada de terrorismo de Estado.