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 domingo, 05 de noviembre de 2006  
Reflexiones
San Vicente y el poder gremial

Carlos Duclós / La Capital

El poder, en ciertos ámbitos, no se comparte. Y aún más: en ocasiones se acrecienta a cualquier precio con tal de satisfacer la necesidad de omnipotencia que caracteriza a ciertos espíritus. En otras oportunidades, el poder detentado por una persona o por un grupo despierta tamaño celo o bien molesta a tantos intereses, que la consigna es pugnar y, más que ello, despojar de ese poder a quien a la sazón lo posee. Las consecuencias suelen ser dramáticas. Dicho esto, cabe la pregunta: ¿los sucesos del 17 de octubre han quedado lejos en el tiempo? En la Argentina de nuestros días, un 17 de octubre como el pasado puede ocurrir siempre y en cualquier momento. Después de todo, ha quedado demostrado con la movida que

—luego de los incidentes en la quinta de San Vicente— hicieron algunos gremialistas, con Luis Barrionuevo a la cabeza, con el propósito de desalojar a Moyano y sus seguidores de la Confederación General del Trabajo (CGT). Y esta misma movida pone en evidencia que, en efecto, el gran poder que posee hoy la central de los trabajadores y las 62 Organizaciones Peronistas no es del agrado de muchos sectores políticos y gremiales. Es muy probable, seguro se diría, que el bochorno que recorrió el mundo haya tenido como propósito debilitar a esas estructuras y, de paso, correr a las cúpulas. Lástima grande que se haya apelado a medidas tan nefastas y en medio de una ceremonia cara a los sentimientos de muchos argentinos. Pero al fin de cuentas, y como se dijo en esta columna apenas sucedido el desgraciado hecho, los propósitos no fueron alcanzados. Y ayer Moyano lo ratificó: “Nadie me va a correr con la vaina, nadie me va a arriar con el pañuelo. De guapo, nadie me va a venir a correr”.

  En el pedido de investigación ante la Fiscalía de turno que formuló Gerónimo Venegas, titular de las 62 Organizaciones Peronistas, una de las entidades organizadoras del traslado de los restos del general Perón, hay párrafos que merecen ser reproducidos porque denotan indicios. Señala el dirigente que “los trabajadores argentinos no sólo repudiamos en forma absoluta la violencia, provenga de donde provenga, sino que queremos que se individualice a los autores, cómplices, encubridores e instigadores”, y agrega: “Hemos sido agredidos directamente por quienes no vacilan en utilizar cualquier método, sea la violencia irracional o actitudes insidiosas, para desestabilizar a quienes tienen un auténtico compromiso nacional y popular”. Es decir, Venegas adelanta lo que más tarde dirá explícitamente: ha habido un complot en contra de la cúpula de las 62 y la CGT, instituciones que, como antaño, vuelven a tener ese poder político que a tantos disgusta. Dice el dirigente: “Los trabajadores tuvieron que defenderse de un ataque feroz e indiscriminado, aunque planificado en forma solapada, y en esta dirección decimos que incluso quien se pueda haber excedido en la legítima defensa, también deberá hacerse cargo de su responsabilidad”.

  Seguramente quienes en política acostumbran a hilar fino y a observar con lupa lo que hilan los demás, encontrarán demasiados mensajes en la presentación de Venegas, especialmente cuando dice: “Ningún trabajador que se precie de justicialista, sería capaz de dañar, destruir o robar bienes que pertenecieron al general Perón, por esa razón es que descalificamos a quienes cometieron o instigaron a esos hechos tan graves y los venimos a denunciar como verdaderos delincuentes, mercenarios de la violencia y ajenos al Movimiento Nacional Justicialista”. Cuánta contundencia ¿no? E inmediatamente sostiene en su presentación al fiscal: “Por fin, nadie ignora además el daño institucional causado, que hasta impidió que el presidente de la Nación se hiciera presente en el acto a rendirle el merecido homenaje al fundador de nuestro movimiento el general Perón. Evidentemente, este era el principal objetivo de quienes planificaron y encausaron la violencia. Quienes planificaron y financiaron semejante complot con riesgo de vidas y bienes, no deben quedar impunes”.

  No obstante, y a pesar de todo, el poder que van adquiriendo las organizaciones gremiales y que se va incrementando con el paso del tiempo, no podrá ser socavado a menos que, diabólicamente, un sistema impuesto a costa de la desaparición de las fuentes de trabajo, como sucedió en ese pasado al que nadie quiere retornar, logre el escandaloso propósito. Ello es imposible a esta altura del crecimiento social argentino. De manera tal que, dentro y fuera del peronismo, el único camino sensato es la concertación responsable entre poder político y poder gremial.

  En el ámbito provincial, por ejemplo, no todos los políticos tienen clara idea del poder sindical. Es probable también que una angurria política impida ver la realidad y aceptarla y permitir mayor participación de los trabajadores en la faz política. No es el caso de la vicegobernadora María Eugenia Bielsa, quien en una actitud que dejó conformes y entusiasmados a los integrantes de las 62 Organizaciones Peronistas de Rosario, se reunió días atrás por más de una hora con su representante, Oscar Daniele, para considerar temas no sólo políticos, sino sociales.

  Pero algunos políticos santafesinos, a veces, están muy atareados en su salsa como para mirar fuera del propio plato. Un plato a veces desabrido, cuando no lisa y llanamente incomible, como el que sirvieron los dirigentes radicales Michlig y Fascendini, con la inesperada alabanza que realizaron al gobernador Obeid, cuando todo indicaba que debían limar asperezas, lograr acuerdos, con el candidato del Frente Progresista, Hermes Binner. El ex intendente rosarino rechaza la candidatura a vicegobernador del senador Fascendini y promueve a una mujer de la ciudad Capital. Los radicales no sólo visitaron a Obeid, sino que se ocuparon de decir que “sigue siendo un gran candidato”. ¿Una clara advertencia para Binner? Es posible. Pero si así fue no deja de ser lamentable.

  En realidad, y si se repasa la acción de gobierno de Obeid más allá de las obras públicas cuantiosas realizadas, es razonable decir que hubiera podido ser un buen candidato. El mensaje de hace pocas horas de la Secretaría de Comunicación Social de la provincia, recordando que el gobernador ha contribuido al fortalecimiento institucional en Santa Fe, no puede ser obviado ni tachado, siquiera, de relativo. Sostiene que se logró la reforma al sistema electoral eliminando la Ley de Lemas; se autolimitó la facultad del gobernador de designar jueces comunales, estableciendo los nuevos requisitos de idoneidad y mecanismos de selección; se creó la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, con rango ministerial. Por otra parte, hace tiempo, cuando aún no campeaba el huracán de Misiones y sus consecuencias, Obeid se negó a su propia reelección, proponiendo una reforma que habilite la posibilidad de una reelección del gobernador a partir del período siguiente (con mención explicita de la autoexclusión en el presente período).

  El gobernador dictó la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de funcionarios y agentes policiales; propició la modificación de la ley Orgánica de las Municipalidades, para que dicten sus propias cartas orgánicas con la clara intención de lograr la autonomía municipal en nuestro ordenamiento público; suscribió el convenio para poner en marcha el Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina, con un amplio consenso en los tres poderes del estado provincial, entre otras cosas. Pero Obeid no será candidato y la historia política santafesina sigue un curso incierto, como el que le dan navegantes como Michlig y Fascendini, entre otros.

   Sin embargo, también hay ideas más claras y coherentes. La diputada Alicia Gutiérrez, por ejemplo, señaló recientemente que “hay consenso en la sociedad para cambiar el signo político en la provincia de Santa Fe y la persona indicada para ello es Binner”. La legisladora remarcó que el Ari decidió acompañarlo, aunque dejó un espacio en blanco para el “cómo”. En ese sentido dijo que “el cómo lo vamos a definir más adelante”.
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