La Corte y la Procuraduría piden proteger a los testigos

La Justicia reaccionó de manera unánime en pos de garantizar el trabajo de los magistrados y de la seguridad de las personas que testifiquen en causas vinculadas a la violación a los derechos humanos.

Como medida concreta, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, ordenó la confección de un listado de todos los ciudadanos que serán convocados como testigos en futuros juicios orales a represores para garantizar mecanismos de protección por parte del Poder Ejecutivo nacional.

En su resolución, Righi instruye al fiscal a cargo de la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos "para que elabore y mantenga actualizado un listado de testigos" convocados en causas que involucren a los responsables de la última dictadura "así como un calendario de juicios orales a celebrarse próximamente".

Poco después de conocerse el fallo de Righi, la Corte Suprema de Justicia manifestó en un comunicado su "profunda preocupación" por las amenazas a jueces y fiscales y consideró necesario brindar garantías a los testigos.

El pronunciamiento del máximo tribunal se produjo durante una reunión en la que se conformó la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, que será coordinada por las ministras de la Corte Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay.

"Durante el desarrollo de la reunión se exteriorizó la profunda preocupación de los participantes por las amenazas recibidas por jueces y fiscales por su intervención en causas vinculadas con violación a los derechos humanos, pues la plena vigencia del Estado de derecho, con la consecuente independencia del Poder Judicial, no tolera este tipo de actitudes antidemocráticas que pretenden impedir el normal desenvolvimiento de las Instituciones", sostiene el comunicado.

La reacción judicial se da ante la polémica generada en torno a las personas que atestiguan en juicios contra represores, y a 12 días de la desaparición de Julio López, el testigo clave del juicio en el que se condenó al represor Miguel Etchecolatz a reclusión perpetua hace casi dos semanas.

Righi instó también a todos los funcionarios judiciales que denuncien ante la Justicia las amenazas que reciban en relación con la sustanciación de causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.