Masacre de Coronda: piden destitución de 5 jefes carcelarios

Eran las máximas autoridades del penal al momento de la matanza de 14 reclusos, el 11 de abril de 2005. Se detectó su presunta "complicidad o colaboración" en los hechos. También suspendieron a dos guardias

El director del Servicio Penitenciario (SP) de la provincia, Jorge Bortolozzi, firmó ayer el pedido de destitución de cinco autoridades carcelarias que estaban al frente del penal de Coronda el 11 de abril de 2005, día en que se produjo la masacre de 14 reclusos rosarinos ante la "presunta complicidad o colaboración con el accionar llevado a cabo por un grupo de internos sublevados". Además, como resultado de la investigación administrativa realizada tras la matanza, el funcionario pidió que sean suspendidos en sus funciones los dos carceleros involucrados en aquel trágico episodio.

El pedido de cesantía rubricado por Bortolozzi la tarde de ayer alcanza a quien era el máximo responsable de la cárcel corondina, el alcaide mayor Oscar Mansilla; al subjefe del penal, subprefecto Carlos Monti; al jefe de vigilancia, subalcaide Marcelo Calligaro; al jefe del ala norte del penal (lugar desde donde salió la horda de asesinos), alcaide Daniel Ferreyra; y al jefe de Correccional, subprefecto Manuel Benegas. Vale recordar que estos hombres habían sido pasados a disponibilidad en junio último y cobran el 50 por ciento de sus sueldos aunque no estan cumpliendo funciones. En tanto, al celador Oscar Yosviak (quien fue rehen de los presos sublevados), se le aplicaron 10 días de suspensión; y a su compañero Eduardo Marchesin, una medida similar de 30 días.

"Queremos que esta decisión se convierta en un fuerte mensaje para la sociedad, a la que le queremos decir que vamos a profundizar la política penitenciaria a su máxima expresión porque deseamos que las cárceles sean verdaderamente lugares de resocialización y reinserción en la comunidad; pero también un mensaje para el interior del Servicio Penitenciario porque queremos terminar de convencer a todos sus integrantes de cual es el rumbo que deben transitar de aquí en más", aseguró ayer Bortolozzi a La Capital.


Un sinnúmero de faltas
El máximo responsable del SP comentó que en la investigación administrativa llevada adelante desde aquel 11 de abril, "se han acreditado un sinnúmero de faltas administrativas y de seguridad que provocaron o facilitaron lo ocurrido en aquella jornada", pero también "se constataron graves situaciones anteriores que hacen suponer que hubo hechos intimamente vinculados a esas faltas".

A la hora de enumerar las faltas corroboradas "no sólo a través de documentos sino también por el testimonio del personal", Bortolozzi mencionó: "Falta de preparación de los agentes para afrontar situaciones críticas; falta de academia o de instrucción por parte de los superiores; falta de presencia de las autoridades y jefes más importantes de la unidad en los pabellones y en el mismo penal; candados y otros elementos de seguridad de muy baja calidad que facilitaron su violación, como ocurrió el 11 de abril cuando los presos salen de su pabellón tras abrir un candado con una chuza; falta de colocación de mallas de seguridad que impidieran de alguna manera que los agentes de guardia no queden indefenso ante el ataque con elementos contundentes arrojados por los internos; y requisas no programadas, esporádicas e insuficientes que depararon que un día después de la masacre se hallen 70 chuzas en distintas áreas del penal", entre otras.

Asimismo, el jefe del SP dijo que "las faltas detectadas son en parte por omisión pero también las hay por acción y por eso se determinaron distintas responsabilidades entre las autoridades carcelarias y los celadores que el día de los hechos estuvieron en el lugar". Pero más allá de esas diferencias explicitadas en el sumario y que "sirven a los efectos de fijar las sanciones a los imputados", para Bortolozzi ésto "es la base para que la justicia penal siga con la investigación y pueda determinar si hubo delitos y cómo deben ser penados".

Sobre las responsabilidades adjudicables a los cinco funcionarios penitenciarios cuya destitución se pidió, Bortolozzi enumeró: Mansilla y Monti "no implementaron las medidas de seguridad necesarias en virtud de sus cargos y que les fueran requeridas desde la jefatura Correccional"; Ferreyra "no adoptó las medidas adecuadas para evitar la vulneración de los dispositivos de seguridad"; Calligaro "no cumplió con la supervisión del estado de las celdas ni dispuso el control y requisa de los elementos ingresados al penal"; y Benegas "incurrió en diversas violaciones reglamentarias que constituyen la comisión de faltas a la seguridad, el orden administrativo y el servicio".


Escasa experiencia
En cuanto a las suspensiones de los carceleros Oscar Yosviak y Eduardo Marchesín, el funcionario dijo que "ningún agente, a menos que sufra una descompostura o le de un infarto puede abandonar su puesto de trabajo y aquel día Yosviak lo abandonó para ir al baño y su celador, que era Marchesin, lo autorizó sin disponer ningún relevo en su lugar". Y agregó que "en estos dos hombres jugó la escasa experiencia y por eso sólo se pidieron sus suspensiones, mientras que a sus superiores, por jerarquía, antigüedad y responsabilidad se les pide la cesantía ya que no podían serle desconocidas las cosas que ocurrían intramuros".

Finalmente, Bortolozzi aseguró que ayer elevó el expediente al subsecretario de Asuntos Penales, Juan Carlos Benaglia, quien deberá dar parte a Fiscalía de Estado y al ministerio de Gobierno para que se verifique que se haya cumplimentado con toda la normativa. Después, sólo el gobernador Jorge Obeid tiene la facultad de firmar la cesantía de los involucrados.

Tras enterarse de la medida, desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), Antonio Tesolini saludó lo hecho por la dirección del Servicio Penitenciario, aunque sostuvo que "debía haberse actuado mucho antes pero no se hizo por falta de decisión política". Y en este orden, puso de manifiesto su deseo de que "esto sea el puntapié inicial para que se determinen las responsabilidades penales y políticas que hubo en la masacre".

El ex director de Coronda Daniel Mansilla sale del penal tras la masacre.