Médicos santafesinos en alerta por la crisis del Alassia

Pediatras y terapistas pueden ser convocados bajo fuerza de ley para atender en el hospital capitalino

Jorge Sansó de la Madrid / La Capital

Santa Fe.- La emergencia sanitaria que el gobernador Jorge Obeid decretó en la noche del viernes, pone a disposición de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Niños, Orlando Alassia de Santa Fe, a la totalidad de los médicos pediatras o terapistas del territorio santafesino, sin importar la vinculación con el servicio público de salud.

La emergencia no se traduce en el resto de la provincia en otra consecuencia, pero aquellos médicos que resulten convocados en virtud de la medida deben acatar de inmediato la decisión de la autoridad ministerial y presentarse a servicio en el hospital capitalino -del cual renunciaron masivamente los 17 profesionales que allí atendían-, sin importar su lugar de residencia actual. Negarse a hacerlo implicaría el riesgo de ser obligados por la fuerza pública e incluso de ir a prisión, entendiendo que puede haber vidas en riesgo.

Con inocultable malhumor, el gobernador -quien mantuvo varios contactos con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García-, adoptó la medida extrema con la que terminó una jornada que había comenzado del modo exactamente inverso.

Cerca del mediodía del viernes la ministra de Salud provincial, Silvia Simoncini, anunció oficialmente a la prensa que "se había alcanzado la solución del conflicto". La medida consistía en la incorporación de médicos provenientes de La Plata, San Nicolás, Corrientes y Entre Ríos que reemplazarían a los 17 pediatras que habían renunciado 30 días antes al negarse a aceptar la contraoferta salarial que le hiciera el Estado y mantenerse intransigentes en su reclamo económico. Estos profesionales pidieron además de los 2.200 pesos de sueldo que venían cobrando la suma de 140 mil pesos para repartir entre todos, lo que habría aumentado sus ingresos a unos 10 mil pesos mensuales.

El Ministerio de Salud rechazó el pedido argumentando que de concederlo incurría en una situación de injusticia con otros profesionales de otras áreas que de ese modo quedarían habilitados a reclamar una recomposición proporcional. Tal situación, se argumentó oficialmente, resultaría imposible de afrontar para las arcas públicas por lo que se contraofertó la designación full time con lo cual los médicos de la guardia de terapia hubieran pasado a cobrar 4.300 pesos.

Estos a su vez, rechazaron esa contraoferta y cumplieron su amenaza presentando masivamente sus renuncias que la provincia les aceptó. Ayer debían entregar la guardia a sus reemplazantes, buscados con dificultad en distintos lugares del país -según admitió a este diario el director de Hospitales del Ministerio, Atilio Ratti-, "dado que se requiere de cierta práctica".

Sin embargo, el viernes cuando el gobierno creyó haber conjurado el conflicto, la situación dio un vuelco. Poco después de las 13, en las inmediaciones de la Terapia Intensiva se desató un verdadero escándalo que incluyó gritos a viva voz, amenazas y hasta llantos, en este caso de los familiares de los pequeños pacientes.

Esa situación de extrema e inédita tensión ocasionó que el director del Hospital, Santiago Paviotti y otros profesionales sufrieron descompensaciones cuando las autoridades pretendieron que dos profesionales de otros distritos se hicieran cargo de la conducción de la UTI.

Para entonces, según explicó Ratti, los familiares de los pacientes no eran ajenos al conflicto ya que "los médicos renunciantes que habían tomado a sus hijos enfermos de rehenes para su reclamo salarial, los habían convencidos de que los médicos que los reemplazarían no estarían en condiciones de poder seguir tratándolos de modo adecuado".

El escándalo hizo que el anuncio de la ministra Simoncini quedara convertido en nada. El conflicto no se había solucionado y había aumentado la tensión. Para entonces, hasta el ministro de Salud de la Nación coincidía en que aceptar el reclamo de los médicos renunciantes importaría abrir la puerta a reclamos similares no sólo en toda la provincia sino en todo el país con médicos reclamando ganar 10 mil pesos mensuales. Obeid tomó entonces la decisión de declarar la emergencia sanitaria por la que ayer 7 de los 17 renunciantes fueron convocados a seguir prestando el servicio y la provincia estableció un plazo de 90 días para encontrar una solución definitiva.

El comunicado oficial en el que se difundió la declaración de emergencia subrayó "la decisión de no avanzar con ninguna acción que pueda poner en riesgo la atención de los niños debido a la actitud de dureza y hostilidad de los profesionales de la UCI frente a la aceptación de sus renuncias, constatada en el momento en el que los nuevos médicos se hicieron presentes en el Hospital de Niños", en alusión al escándalo desatado.