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 domingo, 24 de septiembre de 2006  
Servicios públicos y expansión ciudadana

Aníbal Faccendini (*)

Algunas obras públicas en la República Bolivariana de Venezuela han dejado de circular por los andariveles clásicos del Estado, en su vínculo con la sociedad civil.

En el modelo sistémico del libre mercado, el órgano estatal acumula capital vía impositiva, entre otros recursos, y luego los vuelca en obras públicas, realizadas mediante concesiones o licitaciones por empresas privadas.

Muchas veces, en América latina estas obras o servicios no se realizaron correctamente, en desmedro de la calidad de vida y de la economía de los ciudadanos. En la Argentina, las privatizaciones de los servicios públicos no arrojaron un saldo positivo. Al contrario, generaron una transferencia impresionante de recursos económicos de la sociedad a las privatizadas.

Basta recordar que en el período 1993-2000 el promedio anual de ganancias de estas empresas era del 10%, mientras que el resto de las empresas argentinas no vinculadas a las privatizaciones era del 1,1%. Y las tarifas y la calidad de los servicios presentaban una relación desigual: precios altos y mediocre calidad.

Los servicios públicos, por definición, son para toda la sociedad civil, pero más para los desposeídos. Así lo percibe el Estado venezolano, que considera a éstos servicios no sólo como prestación sino también, he aquí lo importante, como fenómeno de transformación social y promotor de ciudadanía.


Mesas técnicas
En tal sentido, han generado los instrumentos legales y económicos, para facilitar no sólo la participación sino también el protagonismo de las personas. Estos instrumentos son las Mesas Técnicas del Agua (MTA) y los Consejos Comunales. En el primer caso, mediante la ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento, y en el segundo mediante la ley de los consejos comunales.

Las Mesas Técnicas del Agua son conformadas por ciudadanos que tienen problemas sobre servicios sanitarios (agua y cloacas). Le plantean al Estado su necesidad y también la solución, diagnosticando la situación, censando la zona y, por último, plasmando en papel (croquis) el problema y la propuesta.

Aceptada la factibilidad técnica por parte de las autoridades respectivas, son otorgados los recursos económicos, que oscilan en la práctica entre 70 mil a 2 millones de dólares, según el proyecto.

Luego, semanalmente, las mesas tienen que rendir cuentas a las autoridades de los gastos realizados y los avances de obra. Importa aclarar que el trabajo de los ciudadanos que las conforman es voluntario y por ende no cobran. En Caracas y zona de influencia hay 600 Mesas Técnicas del Agua, lo cual marca la envergadura de su proyección social.


Control popular
Esta novedosa figura jurídica, donde los ciudadanos participan, pero fundamentalmente deciden en un grado de autonomía muy importante, marcan un paradigma superador en América latina al del presupuesto participativo (Argentina y Brasil), como así también a los comités de desarrollo y control Social (Colombia).

Vale agregar que en Venezuela, modo mediante estos mecanismos participacionales de la ciudadanía, han logrado que desde 1999 al presente, se incorporen 7 millones de personas al servicio de agua potable. La articulación de estos nuevos espacios jurídicos-económicos autónomos de la ciudadanía, terminan desembocando en una instancia superadora en los Consejos Comunales, estos son, pequeños parlamentos de los ciudadanos con la misma calidad institucional, pero ampliada, de las mesas.

En Venezuela, han desarrollado un diseño alternativo de participación, donde al control social se le suma la actuación y el protagonismo popular. La generación de nuevos espacios jurídicos y económicos autónomos, permiten ir superando el clásico Estado decimonónico liberal-conservador, en su clásica relación con las corporaciones económicas.

Estos nuevos ámbitos sociales erosionan al antiguo paradigma estatal, porque son portadores de equidad social y generadores de mejoras en la calidad de vida.

(*) Abogado. disertante en el IV Encuentro Nacional

de Experiencias Comunitarias, organizado por le gobierno

de Venezuela
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