Bush y la CIA impusieron su criterio sobre interrogatorios a detenidos

Washington. - El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ganó la batalla. "El programa", como el mandatario suele llamar a los interrogatorios secretos de la CIA a sospechosos de terrorismo, continuará.

Tras días de intensos debates, colaboradores de Bush sellaron el acuerdo con tres importantes senadores disidentes de su partido, lo que permitirá seguir "interrogando a los peores terroristas del mundo y enterarse de sus secretos". Según el senador disidente John McCain, se mantiene "el espíritu y la letra" de la Convención de Ginebra para la protección de los prisioneros de guerra. Sin embargo, las palabras con las que el gobierno presenta el resultado y el alivio que se desprende del comunicado del jefe de la CIA, Michael Hayden, hablan claramente de quién se siente ganador: la Casa Blanca.

Y con razón, según coinciden los comentaristas en los grandes diarios estadounidenses, para los que los "disidentes" claudicaron en los puntos más importantes y Bush obtuvo, escondido bajo un montón de vagas formulaciones, lo que quería. Entre el farragoso galimatías expuesto por el asesor de seguridad nacional de Bush, Stephen Hadley, aparecen un par de aspectos importantes: más allá de las "graves violaciones" detalladas en la Convención de Ginebra, el mismo presidente podrá decidir qué considera aceptable y qué no; además, el gobierno se reserva el derecho a seguir manteniendo secretos "algún que otro método especial" de interrogatorio, una formulación que pone los pelos de punta a los defensores de los derechos humanos.

Por todo esto, seguirá habiendo un control limitado sobre lo que pueda suceder en el futuro en las cárceles de la CIA, lamentó la Unión de Derechos Civiles. The New York Times considera que los senadores disidentes hicieron un "mal negocio" con Bush, mientras que el Washington Post fue más crítico. "Los abusos pueden continuar", tituló en un editorial.

McCain y sus seguidores evitaron que el Congreso reescribiera la Convención de Ginebra, pero no desposeyeron a Bush del derecho a seguir permitiendo prácticas internacionalmente condenadas, se quejó el rotativo. El diario de Washington cuenta que "el gobierno quería incluir técnicas que causasen un «severo» dolor físico y psíquico, pero los senadores insistieron en la palabra «grave»", como si fuera un logro. "Las negociaciones se dirigieron entonces al período de tiempo que el detenido tiene que sufrir antes de que el trato que recibe se considere crimen de guerra. Los funcionarios del gobierno preferían la palabra «prolongado», mientras los senadores querían algo más suave. Al final se pusieron de acuerdo con un «un trastorno mental grave y no transitorio que tiene que ser prolongado»", para considerar que se está ante un crimen de guerra, relata el Post.