La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia en el "ojo de la tormenta"

La corrupción amenaza el plan de Evo Morales

La Paz. - La nacionalización de los hidrocarburos, la principal apuesta del gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, se encontraba ayer en el "ojo de la tormenta", tras las denuncias que salpicaron a la estatal petrolera y el complejo desarrollo de este proceso considerado vital para el país. Lo que el 1º de mayo se convirtió en el mayor logro de Morales, se ha transformado en el talón de Aquiles de su gobierno, enfrentado a las objeciones de una oposición que amenaza con censurar al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, y apunta su dedo contra el titular de YPFB, Jorge Alvarado.

La situación para Alvarado -a quien se le encomendó la refundación de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos)- se complicó después de que el Ministerio de Hidrocarburos diera a conocer una auditoría que reveló presuntos "indicios de responsabilidad" del ejecutivo en la firma de un polémico contrato.

El informe oficial indica que con la suscripción del contrato se trasgredieron varias normas legales, entre ellas el propio decreto de nacionalización de los hidrocarburos. YPFB habría incumplido los artículos dos y cinco del decreto 28.701, o de nacionalización emitido por Morales, el cual otorga a la estatal el control de la exportación de petróleo y gas, así como de las actividades de comercialización, de distribución, entre otras.

La estatal suscribió un convenio con la empresa intermediaria Iberoamérica para exportar crudo a Brasil, que, según la Superintendencia de Hidrocarburos, generaría una pérdida de 38,5 millones de dólares al Estado.


Pedidos de renuncia
La oposición ha pedido la renuncia de Alvarado, quien tiene diez días para presentar sus descargos, y ha convocado a interpelaciones a funcionarios como Soliz Rada, quien se enfrenta a una eventual censura por parte de la Cámara de Senadores. "Por sus propios principios éticos que debiera tener, debiera renunciar", planteó el senador Oscar Ortiz, de la agrupación opositora Poder Democrático y Social (Podemos). Tildó de "inaudito que el mismo YPFB sea el que vulnere el propio decreto de nacionalización dictado por el gobierno".

"Estamos viviendo un ataque muy fuerte y así yo lo he sentido, que no hay un ataque individual, aislado, al ministro del sector, es una arremetida contra la nacionalización", respondió, por su parte, Soliz Rada en una conferencia de prensa que concedió el lunes.

La apreciación del ministro fue compartida por el portavoz del gobierno, Alex Contreras, quien alertó sobre "intereses externos" e "internos" que buscan "obstaculizar el proceso de nacionalización".

Voceros del gobierno se abstuvieron a anticipar una eventual salida del titular de YPFB e indicaron que Morales esperará conocer las investigaciones que realizan la Contraloría y la Fiscalía. "No tengo ningún dato acerca de cambios en Yacimientos, lo que sé es que el presidente ha manifestado explícitamente que va a esperar, en primer lugar, el pronunciamiento de la Contraloría general de la república, el pronunciamiento de la Fiscalía y seguramente los datos que pueda ofrecer el propio ministerio de Hidrocarburos", explicó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a medios locales.

El ministro dijo que el presidente "no quiere tomar una decisión errada", aunque subrayó que no se tolerarán "prácticas de tráfico de influencias y malos manejos".

La situación de Alvarado se sumó a la denuncia formulada por el diputado Peter Maldonado, de Unidad Nacional (UN, oposición), contra un asesor de YPFB por un supuesto tráfico de influencias en otro contrato, en un hecho que el funcionario negó tajantemente. Pero las voces en el Ejecutivo también han pasado del festejo inicial a la dura realidad, al analizar lo complejo de esta nacionalización.