El jefe de la comuna le pidió al líder del radicalismo que no politice el caso

Refuerzan la embestida contra Michlig y su gestión en Ambrosetti

Sobre el senador provincial pesan acusaciones de irregularidades económicas y una solicitud de desafuero

Atilio Pravisani / La Capital

El pedido de desafuero de Felipe Michlig por parte del juez de San Cristóbal, Aldo Precerutti, a la Cámara de Senadores provincial no deja de generar polémica: a las duras afirmaciones del legislador y líder del radicalismo santafesino contra el magistrado se suma ahora la respuesta del presidente comunal de Ambrosetti, Edgar Arévalo, quien acusa al dirigente radical de querer politizar la denuncia por supuestas irregularidades económicas en esa localidad.

"Se trata de una cuestión eminentemente judicial, pero Michlig intenta llevarla al terreno político, y en lugar de levantar las imputaciones, que no son menores, defenestra a jueces, contadores y abogados", disparó el jefe comunal ante La Capital.

Arévalo, un médico de origen peruano y dirigente del Partido Vecinal, quebró el reinado de 18 años de gestión radical en Ambrosetti al derrotar en el 2003 a la Alianza por 50 votos (sobre un padrón de 800 electores). En 2005 amplió esa diferencia a 140 sufragios.

Al replicar los dichos de Michlig respecto de una causa iniciada cuando el senador todavía no conducía a la UCR, recordó que fue la fiscalía de San Cristóbal la que abrió el expediente a partir de la documentación aportada después de que Arévalo se hizo cargo de la comuna.

"Llegué luego de 14 años de gobierno de Michlig y otros cuatro de Carlos Zamora. Cómo quería saber dónde estaba parado, se encargó una auditoría de gestión, no económica, cuyo resultado se entregó a la fiscalía para su análisis", precisó Arévalo.

La auditoría comprende el período 1998-2003, dos años de gestión de Michlig y los últimos cuatro de Zamora. Tras el análisis de la fiscalía, la causa fue caratulada como "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros". La investigación se respaldó con legajos de asientos de caja y partes de caja, además de libros de las ordenanzas dictadas.

La fiscalía reconoció la existencia de elementos que hacían presumir irregularidades y trasladó el caso al juez correccional Hugo Talarico, quien inició la investigación con varias indagatorias, entre ellas la del propio Arévalo. Al comprobar la existencia de hechos de un grado mayor a la competencia de su juzgado, Talarico se declaró incompetente y trasladó la causa a Precerutti, quien obró de igual modo ya que mantiene un largo enfrentamiento con Michlig a raíz de distintas acusaciones referidas a su accionar en varias causas con impacto público.

Por eso, trasladó su decisión a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rafaela, la que coincidió con ambos magistrados en cuanto a los hechos y devolvió el expediente a Talarico para que concluya la instrucción.

En esa instancia de la investigación se produjo un hecho clave: el juez decide enviar la auditoria a la Suprema Corte para que su contador la revise. No recibió objeción alguna.

A casi a dos años de iniciado el expediente, y con opiniones coincidentes en las distintas instancias judiciales, la causa es tomada por la fiscalía, que concluye que los hechos son de competencia de Precerutti.

Con estos avales, el magistrado recibe el expediente, lo recaratula como "supuesta administración fraudulenta calificada y falsificación de instrumento público en concurso real" y pide al Senado el desafuero de Michlig.

"No es una cuestión política o algo tirado de los pelos. Si la Justicia determina que hay méritos para investigar, posee los elementos necesarios y pretende juzgar a todas las personas por igual. Es lógico que las cite, tengan fueros o no", reclamó Arévalo.

Los supuestas irregularidades son numerosas y comprenden, según la prueba aportada, cuestiones administrativas y balances. Algunas son consideradas muy serias, como la toma por parte de la comuna de préstamos monetarios de entidades financieras, mutuales y particulares a un interés del 2% mensual.

"Que yo sepa, las comunas no pueden tomar préstamos de entidades privadas, particulares o financieras, incluso cuando lo autorice una ordenanza, de no existir un permiso legislativo. Y no se trata de dos pesos sino de una cifra cercana a los 700.000 dólares, algo que se observa en el último período de Michlig, pero que sigue en el de Zamora", reveló Arévalo.

Las órdenes de pago por préstamos de dinero comprenden a entidades financieras como Finagro SA, Fiber SA y Mutual Club Unión de San Guillermo, al propio Michlig por devolución de préstamos y a las mutuales de Hersilia y Villa Trinidad, entre otras.

Además, están bajo la lupa judicial compras de la comuna a un único comercio de Ambrosetti, propiedad de la familia Michlig (el senador declaró días atrás que había vendido su parte), y distintos pagos por bolsones del Plan Alimentario a la señora Nora B. de Machado, madre del líder de la UCR.

Las 18 cajas de documentos en poder de la Justicia también contienen pagos de horas extras sin justificación y de viáticos al último jefe comunal carentes de comprobantes, junto a supuestos trabajos de un taller mecánico o de construcción de nichos sin certificación.

Arévalo, presidente comunal de Ambrosetti, tiene a Michlig en la mira.