Tema de la semana

Miles de cadetes en moto son invisibles para el Estado

“Mi viejo sacó un crédito, me compró una moto y acá estoy, trabajando como cadete desde hace un año”. El joven, de 19 años, es uno más de los miles de muchachos que se insertan en el mercado laboral argentino por la puerta de servicio. En rigor, para iniciarse en el trabajo de hacer mandados por cuenta de un tercero y asumir que son pseudo empleados es necesario que primero inviertan sumas que van desde los 4.000 pesos que valen las motocicletas más económicas hasta los 7.000 de las que pueden soportar hasta tres años de cotidiano fragor en las calles de las ciudades argentinas.

  En ocasiones reciben la cobertura de alguna empresa aseguradora de riesgos laborales, en otras asumen como cierta la percepción de que trabajan “cubiertos” porque su moto cuenta con póliza de seguro. Lo cierto es que se cuentan por vía de excepción las empresas de mensajería, cadetería y delivery (tales denominaciones son casi sinónimos al efecto de esta columna) que contratan personal bajo las reglas que imponen las leyes laborales de la Nación.

  Los datos disponibles en el Ministerio de Trabajo indican que la precariedad gobierna la actividad. Sin información certera, el dato que más se aproxima a una estadística del organismo indica que unos 10.000 jóvenes trabajan como cadetes en la ciudad de Buenos Aires. Del resto del país, mutis por el foro. En definitiva, ni el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se tomó el trabajo de contarlos, a pesar que se trata de personas que a diario ponen en riesgo su salud y pequeño capital por la módica suma de dos pesos.

  Al generalizar, es posible inferir que tal condición se repite en diversas ciudades argentinas y se destaca que el problema se asume desde una perspectiva tangencial; desde el punto de vista municipal.

  El trabajo en negro, la cobertura social, los pisos salariales, los riesgos de trabajo son aspectos que incumben al Estado nacional. Las comunas poco pueden hacer más que observar aspectos bromatológicos o secundarios como exigir que el cadete tenga carnet de conducir y póliza de seguro para su motocicleta.

  De todos modos, entre los denominadores comunes de ciudades como Mendoza, Rosario, Santa Fe y Paraná se cuenta que todas adolecen de ordenanza municipal promulgada en torno al ejercicio laboral de las empresas de mensajería. Concejales de Paraná debaten un proyecto; Santa Fe cuenta con su ordenanza sancionada en 2004 pero jamás fue puesta en vigor; lo mismo que en Rosario, donde una norma se aprobó en julio pero aún espera ser promulgada. En Mendoza, el tema todavía es ajeno a las preocupaciones de los ediles.

  Al indagar un poco más sobre lo que se ha legislado en busca de mejores condiciones de trabajo para los cadetes se supo que en diciembre de 2004 el Concejo Municipal santafesino sancionó una ordenanza. La norma establecía que la Municipalidad tendría a su cargo las habilitaciones, control de sanidad, seguridad y salubridad. También aspiraban crear un registro para conocer cuantas empresas operaban. La norma nunca se promulgó.

  En Rosario, el 27 de julio último, los ediles aprobaron una ordenanza que regula el reparto a domicilio de alimentos y otras mercancías. Esta nueva norma, que aún no fue promulgada por el Ejecutivo municipal, modifica la normativa que estaba vigente desde el año 2000, pero que nunca llegó a hacerse efectiva.

  A juzgar por lo hecho en su favor, los cadetes —ese ejército de muchachos que desandan las calles tras la misión de mantener una ocupación— aparecen como seres invisibles ante los ojos de la sociedad. Pocos reparan que son parte de los millones de argentinos que viven presos del rigor que impone el trabajo en negro. Y esa es una cuestión de competencia para el Estado nacional.