En foco. La aprobación de los superpoderes

El Congreso finalmente convirtió en permanente el Estado de "necesidad y urgencia" (DNU) y la discrecionalidad con que el Ejecutivo nacional podrá manejar sus recursos, al aprobar la modificación de la leyes de administración financiera y la que otorga prácticamente el mismo status a un DNU presidencial que a una normativa debatida por los legisladores.

Ambas iniciativas presidenciales van a contramano de otras iniciativas del propio presidente Néstor Kirchner sobre la recuperación de las instituciones, como la que llevó adelante en materia de derechos humanos, la transformación de la Corte Suprema y la independencia económica de los organismos internacionales de crédito que encaró a través del pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con la sanción de estas leyes se vacía de contenido las atribuciones al Congreso nacional y se agiganta la figura del Jefe de Gabinete creado en la reforma de la Constitución en 1994 con la intención, paradójicamente, de reducir el del Poder Ejecutivo.

Si ahora -cuando las arcas públicas están en plena bonanza- el gobierno logra poner bajo su ala a gobernadores, intendentes y legisladores usando la obra pública como herramienta, cuánto más avanzará en esta estrategia de disciplinamiento económico con la delegación de facultades. La pregunta tiene en la realidad la respuesta.

Más aún, esta realidad se verá con más crudeza si las administraciones provinciales empiezan a entrar en ciclos de crecimiento más moderado, como se empieza a vislumbrar principalmente en Buenos Aires y en otras seis provincias, y los gobernadores deban recurrir a la Nación para afrontar sus compromisos de deuda. Esto podría modificarse en parte si, como se previó también en la reforma constitucional de 1994, se sanciona una nueva ley de coparticipación federal, un camino justamente a contramano del que se transitó con la aprobación de los superpoderes.