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sábado,
29 de
julio de
2006 |
Desaparecidos. Causa Plan Cóndor
La Cámara confirmó el
procesamiento de Videla
y otros responsables
La resolución abarca a los represores Harguindeguy, Bussi, Menéndez y Díaz Bessone, entre otros
La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos del dictador Jorge Rafael Videla y otros ex jefes militares responsables en la Argentina del Plan Cóndor, como se denominó al sistema de persecución, secuestro, tortura y muerte de opositores políticos ideado por los gobiernos de facto latinoamericanos en la década del 70.
La medida alcanzó, además, a los ex militares Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros y Ramón Genaro Díaz Bessone (procesado en Rosario en la causa Feced), entre otros represores.
El mismo temperamento siguió la Sala I respecto de Antonio Vañek, Bernardo José Menéndez, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Landoni (ex jefe del Batallón 121 de Rosario), Juan Pablo Saá, Jorge Olivera Rovere, Carlos Tragant, Eugenio Guañabes Perelló y Ernesto Alais.
A todos se les imputó los delitos de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita agravada. La resolución, difundida ayer, fue dictada el último día hábil previo al receso invernal por los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani, mientras que Eduardo Freiler se excusó por haber intervenido como fiscal.
En una treintena de carillas los magistrados realizaron un análisis histórico del Plan Cóndor: sostuvieron que así se conoció "a la relación ilegítima establecida entre los gobiernos y servicios de Inteligencia" de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
También que ese modo de "cooperación ilegal" les permitió a las dictaduras latinoamericanas "compartir información para perseguir ilícitamente a opositores políticos".
En ese sentido, los camaristas explicaron que, "entre los hechos ilícitos que se destacan", los imputados cometieron "privación ilegal de la libertad, tortura y homicidio".
Asimismo, consideraron "probado" que "en ocasiones las fuerzas armadas o servicios de Inteligencia actuaron en un país ajeno para privar ilegalmente de la libertad ambulatoria a individuos, para luego trasladarlos a su país de origen o bien proceder a su eliminación física en el territorio extranjero".
Los camaristas también enfatizaron que "los delitos cometidos deben ser considerados crímenes contra la humanidad".
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Compleja situación judicial para Videla.
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