España ya tiene su ley sobre "memoria histórica" para víctimas de Franco

La norma del gobierno de Zapatero no gustó a las asociaciones de familiares ni tampoco a la derecha

Madrid. - Las víctimas de la Guerra Civil española y de la represión franquista o sus familiares podrán pedir su reparación moral mediante una declaración pública de reconocimiento a una comisión nombrada por el Parlamento, según la ley aprobada ayer por el gobierno sobre la llamada "Memoria Histórica". El texto cobrará validez legal al ser publicado en el boletín oficial.

El título definitivo de la norma evita aquella denominación, que había provocado agrias polémicas, y se llama "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura". Una engorrosa denominación a la que fuentes gubernamentales dan gran importancia porque "reafirma el espíritu y objetivo de la ley". Como sea, en España hay muchos sectores, de ambos bandos, que se mostraron disconformes con la ley, fruto de meses de debate interno en el gobierno del premier José Luis Rodríguez Zapatero.

El texto recoge diversas medidas con las que el gobierno pretende la reparación desde una perspectiva de "concordia y conciliación" y sin pretensión alguna de "reescribir" la Historia o de volver a interpretarla, explicaron las fuentes oficiales. Precisamente la imputación más común en estos meses de áspero debate nacional se refirió al riesgo de una "reescritura" de la Historia de manera parcial por parte de la izquierda.

El proyecto amplía el ámbito de aplicación y la cuantía de las pensiones e indemnizaciones a las víctimas, hasta un monto total de 60 millones de euros, así como a las de la última etapa del franquismo y los primeros años de la transición a la democracia.

Pero el Ejecutivo optó por no anular los juicios sumarísimos del franquismo, contra lo que pedían los partidos Izquierda Unida y el republicano catalán ERC, así como medios de prensa. Esos juicios, llevados a cabo por la Justicia militar de la dictadura, llevaron al paredón a miles de españoles en la posguerra.


Reparación moral y no económica
Además de un reconocimiento general, se establece un procedimiento para conseguir una declaración individual de reparación, que será de índole moral y no económica, y que podrán hacer los propios afectados o sus familiares, en caso de que hayan fallecido. El dictamen sobre cada petición quedará en manos de cinco personas "de reconocido prestigio en el ámbito de las ciencias sociales", designadas por mayoría calificada por el Parlamento.

El reconocimiento general quiere promover la "reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar" de quienes padecieron "persecución o violencia" por razones políticas, ideológicas, étnicas, de condición sexual o de cualquier otra, durante los períodos de la Guerra Civil y el franquismo.

Se incorpora un capítulo dedicado a los símbolos y monumentos públicos, que establece la retirada de símbolos franquistas de los edificios públicos del Estado español y recomienda a gobiernos regionales y municipales que hagan lo mismo. También especifica el régimen de uso del Valle de los Caídos, un grandilocuente monumento a los muertos ordenado por Franco. En él se halla la tumba del dictador. Supuestamente el Valle de los Caídos debía homenajear a los muertos de ambos bandos, pero el estilo claramente fascista del monumento, así como que allí descansen los restos del dictador, lo hacen un monumento de una de las partes. El gobierno prohibió ahora que allí se hagan manifestaciones.

También se regula la localización, identificación y exhumación de víctimas de la guerra, obligando a las administraciones públicas -comunidades autónomas y municipios- a "facilitar las tareas" para recuperar los cuerpos de los fallecidos en la contienda, fusilados y desaparecidos, que sin embargo quedarán a cargo de asociaciones particulares.


Disconformidad a diestra y siniestra
Pese a los esfuerzos del gobierno Zapatero por no irritar a nadie y contentar a todos, la ley dejó a muchos sectores disconformes, según recoge la prensa de España. El portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria, Emilio Silva, tachó como "vergonzoso" que el Estado no asuma las exhumaciones de fusilados durante la Guerra Civil y que sea una asociación y voluntarios "la que tenga que garantizar los derechos humanos en una democracia". El Foro de la Memoria, otra de las varias asociaciones de familiares de víctimas del franquismo, dijo que el proyecto es "descafeínado" y "absolutamente decepcionante" y supone una "claudicación" ante una derecha "incapaz de romper su cordón umbilical con el franquismo".

Desde la otra vereda, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, dijo que el proyecto es "un enorme error y (muestra) ganas de crear un lío donde no lo había". En su opinión, uno de los grandes acuerdos constitucionales de 1978 fue "mirar al futuro" y subrayó que es un acuerdo que "han respetado todos los presidentes de España" desde entonces. "Ocuparse ahora de la memoria histórica, de generar tensiones y crear problemas es un enorme error". Según ha dicho, la "inmensa mayoría de los españoles no quiere una revisión de la historia, ni quieren volver a hablar de la República ni de Franco" porque no sirve "absolutamente para nada".

La norma afecta al Valle de los caídos.