Informe argentino a la ONU

El gobierno informó ayer en la ONU que tras la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final hay abiertas en el país 959 causas penales por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura y 211 represores con prisión preventiva. Además, indicó que a raíz de nuevos datos aportados por investigación efectuada en las últimas dos décadas, se determinó que durante el Proceso funcionaron casi 500 centros clandestinos de detención.

El informe fue presentado ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, presidido por el canadiense Stephen Toope, y estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarollo, quien destacó que dicho organismo se presentó hasta ahora como querellante en 24 causas penales en todo el país, incluido el proceso abierto contra el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz.