Desaparecidos. Investigan instructivos sobre la represión

Balza, cerca de desfilar por los Tribunales Federales de Rosario

Renovaron el pedido para que sea citado a declarar el ex jefe del Ejército y hoy embajador argentino en Colombia

Jaiver Felcaro / La Capital

El ex jefe del Ejército y actual embajador argentino en Colombia, Martín Balza, quedó al filo de la citación a declarar en los Tribunales Federales de Rosario por la supuesta existencia de manuales de instrucciones utilizados para la represión ilegal durante la última dictadura militar.

El 7 de julio pasado (último día hábil antes de la feria de invierno), Gustavo Feldman, abogado querellante en una de las causas por graves violaciones a los derechos humanos que se instruyen en bulevar Oroño al 900, se entrevistó con el juez federal Nº4, Germán Sutter Schneider.

En ese marco, el letrado renovó su pedido de citación a Balza, basado en que -años atrás- el ex jefe castrense "había afirmado que los documentos no existían y, posteriormente, ordenado su destrucción".

Según señaló Feldman a La Capital, "el magistrado consideró atinado el planteo, que ya constaba en la causa, por constituir una prueba edificante no sólo para la causa San Lorenzo sino para todos los expedientes en marcha".

El abogado había formulado el reclamo inicial cuando Carlos Vera Barros se desempeñaba como juez subrogante. Pero las apelaciones por parte de los imputados (el ex teniente coronel Rubén Cervera, el ex capitán Horacio Maderna y el suspendido concejal Pedro Pili Rodríguez) lo frenaron.

No obstante, la reciente confirmación del auto de procesamiento de los acusados en el caso que involucra a Manuel Casado -uno de los denunciantes- potenció las chances de citar al embajador.

"Planteo que Balza declare en persona y no en forma escrita y por exhorto. Además, ya notifiqué al respecto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación", explicó Feldman, quien apuesta a que el ex jefe de la fuerza desfile por los Tribunales "en no más de 30 ó 60 días".

El 6 de abril de 2005, patrocinados por Jorge García Cupé, los ex tenientes coroneles Oscar Pascual Guerrieri y Jorge Fariña, detenidos y procesados en la causa Quinta de Funes, habían entregado a la Justicia documentos del Ejército con la intención de demostrar la supuesta legalidad que enmarcó la represión.

En el escrito también sostuvieron que el Ejército, desde Balza hasta el actual titular de la fuerza, teniente general Roberto Bendini, "ocultó normativas por las cuales sus integrantes debían ajustarse a una operatoria de estado de guerra".

La presentación se sustentó en "normas previstas a seguir en una guerra", que van desde la detención de una persona y el posterior interrogatorio, hasta la desaparición física (fusilamiento).

Asimismo, Guerrieri y Fariña recordaron que Balza fue denunciado por falso testimonio ante la Justicia militar por haber dicho que los documentos en cuestión no existían y, luego, dispuesto su destrucción.

Además, la presentación se concretó en sintonía con el intento de aliviar la situación procesal del ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, quien afirmó en Córdoba que las acciones militares en esa provincia (cuando dirigía la VII Brigada) obedecieron a "procedimientos legales vigentes".

La diferencia radicó en que Nicolaides no presentó los denominanos manuales de operaciones, una estrategia -recordó Feldman- impulsada por Florencio Varela, connotado abogado defensor de represores porteños.

Afirman que Balza dijo que los documentos no existían.