Venta de drogas y connivencia policial

Para la jueza Cosidoy "nada ha cambiado"

La magistrada federal ratificó sus denuncias públicas y la falta de decisión política para revertir la situación

La jueza federal Laura Inés Cosidoy señaló ayer que "nada cambió" desde que denunciara públicamente que en algunos bares de la ciudad se comercializan drogas ante la mirada cómplice de la policía provincial y remarcó que el gobierno "no adopta la decisión" de combatirlo. En ese orden, manifestó que se siente "atacada" por el ministro de Gobierno santafesino, Roberto Rosúa, cuando dice que sus denuncias "encubren aspiraciones políticas" y dejó su sospecha que tales afirmaciones "pueden ser una de las tantas operaciones para desviar" las investigaciones sobre el narcotráfico en Santa Fe.

Cosidoy hizo tales declaraciones en el marco de una conferencia de prensa realizada ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, al finalizar el Congreso de Lucha contra la Mafia y la Corrupción realizado por la Asociación Anticorrupción de Santa Fe, entidad que preside el abogado porteño Ricardo Monner Sans y de la cual la jueza federal es parte.

A mediados de mayo pasado, la jueza Cosidoy denunció a través de los medios de comunicación que en al menos dos bares de la ciudad se comercializaban drogas con la connivencia de la policía, aunque luego aclaró que la lista de lugares donde eso ocurre es mucho más numerosa. Y sostuvo que en varias sentencias emitidas por el tribunal que ella preside, se alertó sobre el ilegal accionar de los uniformados.

Ese planteo generó un debate que rápidamente se instaló en la sociedad y subió de tono cuando el titular de la cartera política santafesina exigió que la magistrada denunciara esos casos de corrupción institucional por la vía judicial.

Haciéndose eco de ello, el fiscal de Cámaras, José María Peña, requirió a la jueza que precisara quiénes eran los efectivos que incurrían en ilícitos en causas por drogas. Y en respuesta a ese pedido, la jueza Cosidoy junto a los otros dos integrantes del Tribunal Oral Federal número 1, Santiago Harte y Otmar Paulucci, presentaron un informe en el cual consta una veintena de sentencias en las que se ordena investigar a policías santafesinos por omisiones, torpezas o encubrimientos cometidos en los procedimientos que se ventilaron en el transcurso de juicios orales y públicos.

En ese orden, la magistrada sostuvo que la única repercusión que tuvo el tribunal que preside acerca del informe en el que se identifica a uniformados santafesinos y federales sospechados de cometer irregularidades al investigar casos de narcotráfico, fue de las autoridades de la Policía Federal. "Hoy (por ayer) recibimos un pedido de la Policía Federal para saber si había efectivos procesados de la Delegación local".

En la rueda de prensa, Cosidoy se quejó de que luego de sus denuncias "no se volvió a hablar del fondo de la cuestión. Se ha debatido muy duramente si hice bien o no en denunciar pero nada más. El poder político se muestra sumamente contrariado por mi actitud".

- ¿Considera que hay sectores que están poniendo obstáculos para investigar las denuncias que realizó?

-Supongo que para comenzar (las pesquisas) se están poniendo palos en la rueda.

La magistrada también sostuvo que "se siente atacada" por el gobierno provincial. "El ministro de Gobierno vinculó (las denuncias) a operaciones políticas. Y dijo que yo no sabía de lo que estaba hablando, pero soy una magistrada de la Nación", sostuvo. Y remarcó que no tiene aspiraciones de ocupar cargos políticos. "No tengo la menor idea de quien lo puede haber sugerido. No tengo vinculación política con nadie", aseguró Cosidoy.


No a la desfederalización
En otro orden, la magistrada se mostró en desacuerdo con la ley aprobada por el Congreso nacional que determinó que las investigaciones por narcotráfico pueden ser realizadas por la Justicia provincial, aunque Santa Fe todavía no adhirió a la norma. "En nuestra provincia fue creada la Dirección de Drogas Peligrosas para esos fines (para combatir la comercialización de estupefacientes). Lo que cambiaría es qué jueces recibirían las causas porque de hecho la policía provincial es la que realiza la mayor cantidad de investigaciones", señaló.

Por su parte, Monner Sans, en su carácter de presidente de la Asociación Anticorrupción, sostuvo que el tráfico de estupefacientes en la provincia de Santa Fe "parecería tener un nivel más alto comparado con otras zonas del país". Y señaló que "detrás del narcotráfico está la prostitución infantil, el tráfico de armas y el negocio del juego en un país donde la vinculación entre droga y poder político es un hecho cotidiano.

La jueza Cosidoy (en el centro) al llegar al Congreso de Lucha contra la Corrupción.