Trasladan uranio a Córdoba, pese a protestas

El cargamento de nueve contenedores de uranio en estado natural que se hallaba retenido desde el viernes pasado en el puerto metropolitano fue liberado ayer una vez que la empresa importadora “presentó la documentación que acreditaba que era para uso industrial”, según indicó el gobierno porteño.

  En un escueto comunicado se destacó que “el material está destinado a uso industrial y por lo tanto se encuadra en la excepción prevista en el artículo 26 de la constitución de la ciudad”.

  El gobierno porteño agregó que esta excepción “contempla la autorización para la circulación de las sustancias requeridas para usos biomedicinales, industriales o de investigación civil”.

  El cargamento fue importado desde Canadá por la empresa Dioxitec, perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y tenía como destino final la provincia de Córdoba, donde se lo utilizará para elaborar combustible nuclear.

  La organización ecologista Greenpeace denunció a la defensoría del pueblo porteña que la circulación del uranio en territorio porteño violaba el artículo 26 de la constitución porteña, que prohíbe el traslado de sustancias y desechos radiactivos en la ciudad de Buenos Aires. Luego, el gobierno frenó el cargamento aceptando una recomendación de la Defensoría.

  El gerente de Dioxitec, Gustavo Navarro, aseguró que si no llegaba el cargamento a las centrales nucleares de Atucha y Embalse “podría correr riesgo la provisión de energía eléctrica al sistema nacional”, ya que esas dos centrales proveen entre el 15 y el 17 por ciento de la energía que consume el país.

  En un operativo que comenzó anteanoche, según fuentes de la Prefectura Naval, se levantó la interdicción preventiva del cargamento, ya que el artículo 26 de la Constitución porteña tiene un apartado especial en el que señala como excepción el transporte de aquellas sustancias radiactivas que tengan destino industrial o medicinal.

  Greenpeace señaló que la Comisión Nacional de Energía Atómica “avasalló la Constitución porteña y liberó los contenedores amparándose en una falaz interpretación del artículo 26 de la Constitución porteña”. Los ambientalistas aseguraron que “el uranio no se encuentra dentro de los usos industriales identificados por autoridad regulatoria nuclear”. (Télam)