Seguridad: la provincia cuestionó a la Justicia

Apeló el fallo que pedía intensificar los controles policiales porque lo entendió como una intromisión

Claudio González / La Capital

El gobierno provincial apeló el fallo de la Justicia que le ordenaba intensificar los controles policiales en la calles de Rosario y entregar en 90 días un informe acerca de la política en materia de seguridad. "La intromisión indebida del Poder Judicial es materia propia y exclusiva del Poder Ejecutivo, constituye una violación intolerable y causa agravio", dice un tramo de la presentación interpuesta por los abogados de la Fiscalía de Estado.

Con este nuevo recurso interpuesto por el Ejecutivo, el expediente que tramita el juez civil y comercial Jorge Scavone será elevado a la Sala IV de la Cámara de Apelación Civil y Comercial, que decidirá el futuro de la causa, revocando o no la sentencia, algo que seguramente ocurrirá después de la feria judicial.

Scavone, había hecho lugar a la demanda de un ciudadano contra el Estado santafesino que reclamaba mayor patrullaje en la ciudad. Pero la provincia rechazó de plano la aplicación de la ley 10.000 de intereses difusos a la que hizo alusión el ciudadano para demandar al gobierno. "No puede ser condenada a implementar nuevas políticas de seguridad", sostuvieron los abogados, quienes niegan además que existan circunstancias "fáticas y jurídicas" expresadas en la demanda.

A pesar de que el magistrado ordenó "incrementar la presencia y patrullaje en la vía pública para una mejor y efectiva prevención en el combate del delito", según la apelación oficial, desde el gobierno se sostiene que se "cumple con los deberes funcionales en lo relativo a la seguridad pública y a la defensa de la vida, los bienes y las personas; en consecuencia, con los medios disponibles a tal efecto".

En defensa de las políticas referidas a seguridad, y en consonancia con la la opinión vertida en su momento por el ministro de Gobierno, Fernando Rosúa, el escrito valora el plan provincial de seguridad para el período 2004-2007, hace referencia al aumento del parque automotor destinado a patrullaje y al mayor presupuesto asignado a la compra de insumos para la fuerza policial.


Contra la ola de delitos
Amparándose en los derechos reconocidos por la Constitución nacional y provincial, Hugo Peralta, un ciudadano jubilado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) preocupado por la creciente ola de delitos, se presentó en mayo de 2005 en los Tribunales locales y promovió una demanda contra el gobierno bajo los alcances de la ley 10.000 de intereses difusos.

Un año más tarde, el juez Scavone hizo lugar al planteo y ordenó al gobierno intensificar los patrullajes. Para el magistrado, lo bueno y bien intencionado en materia de seguridad, resulta "escaso". Y agregó: "No se puede hacer oídos sordos a este recurso, que en esencia es el clamor, opinión y pensamiento de toda la sociedad, cual es la inseguridad reinante".

Ahora el Ejecutivo rechazó la orden judicial y sentó su posición. "El tenor de la pretensión invocada implica una intromisión antifuncional en materia propia y reservada a la administración pública", refiere la Fiscalía de Estado. El organismo sostiene además que la provincia "se encuentra hace tiempo comprometida con la tarea de seguridad pública en toda Santa Fe y también en Rosario. Eso conlleva planificación, estudios y ejecución que no se agotan en lo policial y judicial. El pedido constituye una visión parcial e incompleta de la problemática", refiere la apelación.

La sentencia apelada "agravia al gobierno, por cuanto se ha inmiscuido en una materia propia, exclusiva y excluyente de otro poder del Estado", dice el escrito.