Editorial

Patti y las heridas del pasado

Si bien desde un plano moral resulta justificable la decisión de la Cámara de Diputados de impedir el ingreso del ex comisario torturador, los cuatrocientos mil votos que lo eligieron merecen ser respetados en un contexto democrático. El caso, de complejas aristas, refleja una contradicción aún latente en el seno popular.

"Que digan que soy un torturador, yo no lo niego". Esa fue la declaración que Luis Abelardo Patti realizó en 1996 a una revista porteña y que describe a la perfección la moral de quien, tras haber sido elegido por el voto popular, no pudo ocupar su banca en la Cámara baja de la Nación por decisión de los propios diputados, quienes rechazaron su ingreso por ciento sesenta y un sufragios a favor frente a sesenta y uno en contra. Pero si bien desde un punto de vista estrictamente ético resulta incuestionable haber impedido a un torturador confeso sentarse en un escaño para desempeñarse como legislador de la República, la resolución mayoritaria posee ribetes polémicos por una razón sencilla y de peso evidente: a Patti lo respalda la libre decisión de cuatrocientos mil ciudadanos.

Ese fue, más allá de complejidades de orden jurídico o técnico, el fundamento del apoyo que recibió el ex intendente de Escobar por parte de los diputados radicales santafesinos: sencillamente, la voluntad de no contradecir el deseo de la gente expresado de manera democrática. Pero detrás de la escena principal del drama que se vivió en la Cámara subyace un grave desacuerdo, casi un abismo que continúa separando a los argentinos: porque el consenso que obtuvo el ex comisario represor en los últimos comicios no expresa ni más ni menos que la adhesión que recibió la última y sangrienta dictadura militar de parte de un sector del pueblo argentino.

Lejos está la presente columna de pretender postular la reconciliación nacional basada en el olvido del horror acontecido o de intentar equiparar la siniestra brutalidad del terrorismo de Estado con los delitos perpetrados por la guerrilla armada durante los violentos años setenta. Pero tampoco parece posible imponer por decreto, tal cual aparenta querer hacerlo el gobierno nacional, una visión de tan compleja etapa histórica sin sembrar discordias severas e inevitables.

Las heridas son profundas y aún no han cicatrizado. El paso del tiempo -con su consecuente recambio generacional- y la consolidación de la democracia han contribuido fuertemente a limar asperezas y fortalecer consensos a esta altura definitivos, como el que expresa la consigna "Nunca más". Valiosa, sin dudas, resulta la intención presidencial de afirmar un juicio histórico lapidario sobre el autodenominado "Proceso de Reconstrucción Nacional", que secuestró, asesinó y provocó la desaparición de treinta mil personas. Pero se insiste: no es por intermedio de la soberbia ni de la implementación de métodos autoritarios que se logrará cimentar la República. El caso Patti es emblemático y tal vez no se pueda obtener en torno suyo una verdad de índole absoluta, porque tal cual lo reflejan los sufragios que lo eligieron la contradicción aún continúa latiendo -aunque duela afirmarlo- en el seno del pueblo argentino.