Tráfico de drogas. Respuestas de la Justicia provincial ante la denuncia pública de una jueza federal

Piden pruebas sobre la connivencia policial en el comercio de drogas

El fiscal de Cámara José María Peña quiere que la magistrada Laura Inés Cosidoy amplíe sus dichos sobre el presunto incumplimiento de deberes de los uniformados ante la venta y consumo de estupefacientes

Una semana después de que la jueza federal Laura Inés Cosidoy denunciara públicamente que en dos boliches del macrocentro de la ciudad se comercializaban y consumían drogas con la anuencia policial, desde los tribunales provinciales llegó la respuesta. El fiscal de Cámara José María Peña pidió ayer a la fiscal en turno que solicite a la magistrada nacional un informe acerca del supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público en los que habrían incurrido los uniformados santafesinos. En tanto, el representante legal de uno de los boliches sindicados por Cosidoy hizo ayer una presentación judicial en los Tribunales Federales para que "se tomen las medidas pertinentes que permitan investigar a fondo la denuncia realizada".

La jueza federal Laura Cosidoy había sostenido hace una semana que "en Soho (Salta y Alvear) y El Bar del Mar (Tucumán y Balcarce) se consumía y comercializaba droga con la connivencia de la policía". Tras ello, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y el ministro de Gobierno santafesino respondieron que la magistrada "violaba la ley" si conociendo un delito no lo denunciaba por los canales judiciales.

Según voceros del Palacio de Tribunales de Balcarce al 1600, ante las denuncias públicas hechas por la jueza Cosidoy en los últimos días (que tuvieron amplia repercusión en los medios nacionales), solicitó a la fiscal María Eugenia Iribarren que le pida a la magistrada federal "un informe detallado acerca del presunto incumplimiento de deberes de funcionario público en el que habrían incurrido policías santafesinos y de la Dirección Provincial de Drogas Peligrosas" de la provincia.

El funcionario pidió a la fiscal, además, que ponga en conocimiento del hecho al juez correccional en turno, a quien le correspondería investigar la supuesta comisión del delito.

Es que para Peña no quedan dudas sobre la diferencia de contenidos que tiene la denuncia hecha por la jueza Cosidoy. "Una cosa es la investigación del tráfico y venta de drogas, delito que es de competencia exclusiva de la Justicia federal, y otra la negligencia o ineptitud de los policías provinciales que, en su carácter de funcionarios, deben combatir ese delito", confió el fiscal de Cámaras.

En ese orden, ayer se sostenía en los Tribunales que "lo que Peña quiere saber es si la jueza tiene alguna prueba concreta sobre el incumplimiento de los policías santafesinos" para actuar luego en consecuencia.


Pedido de investigación
Pero si en la Justicia provincial la pesquisa apunta a deslindar responsabilidades de la policía santafesina, en los Tribunales Federales lo que está en estudio es la conducta de la jueza Cosidoy. Por eso, el representante legal de la empresa que explota el boliche Soho, uno de los dos bares sindicados por la magistrada como los lugares donde se consume y comercializa droga, hizo una presentación "para que se investigue a fondo el tema".

Gustavo Feldman, abogado de la firma Habitual SRL, sostuvo ayer ante el programa "La vida entera", de LT8, que "se efectuó una presentación ante el juzgado federal a cargo del doctor Germán Sutter Schneider en la cual se acompañó el recorte del diario La Capital en el cual la magistrada denuncia a Soho y otro boliche, a fin de que se adopten las medidas conducentes a investigar a fondo la cuestión y la actitud de la jueza".

En ese sentido, Feldman manifestó que "el juez actuante podría y debería llamar a la doctora Cosidoy para que de explicaciones sobre el caso y aporte todo lo que dice conocer sobre el tema", aunque explicó que por los fueros judiciales que la amparan "podría excusarse y responder por escrito".


Reproche académico
El titular de la cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Rosario, Omar Tedesco, manifestó ayer en el mencionado programa radial que "la doctora Cosidoy cometió un error ya que, en su carácter de funcionaria pública, está obligada más que cualquier ciudadano a hacer la denuncia pertinente de los delitos que conozca". En ese mismo sentido se había expresado el ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Rosúa, en declaraciones publicadas por La Capital en su edición del jueves.

"Ella debió hacer la denuncia ante los fiscales o los jueces de Instrucción en turno de los Tribunales Federales para que sean ellos los que instrumenten los allanamientos o procedimientos que correspondan antes de que tomara estado público la causa", expresó Tedesco y agregó que, "como magistrada federal, la doctora Cosidoy tiene todos los elementos y el poder para hacerlo además de contar con el apoyo de la policía federal y la provincial".

Pero como la denuncia de la jueza involucra precisamente a las fuerzas de seguridad santafesinas, Tedesco explicó que "lo que corresponde es pedir el auxilio de otras fuerzas federales (Gendarmería o Prefectura, por ejemplo) para realizar los procedimientos como lo han hecho muchos jueces de ambos fueros y, obviamente, denunciar la sospecha de connivencia de esas fuerzas en la venta de estupefacientes".

Finalmente, el profesor universitario dijo que "desde el primer día en que la denuncia se dio a conocer a través de La Capital, no sólo la jueza sino el tribunal en turno debería haber actuado de oficio y por lo tanto ambos están en infracción".

José María Peña, un fiscal de Cámara que quiere pruebas.