El Parlamento se tomó una semana de vacaciones

No todos los legisladores se fueron de viaje. Di Pollina y Tate se interiorizaron por la causa del penal de Coronda

Rodolfo Montes / La Capital

Fue una semana de luces apagadas y silencio sepulcral en los pasillos de viejo Palacio del Congreso. Sin sesión y casi sin comisiones funcionando, la gran mayoría de diputados y senadores ni pisaron por Rivadavia y Entre Ríos. Hubo quienes eligieron destinos turísticos o descanso familiar en sus provincias. Para otros, el trabajo legislativo y político no tiene necesariamente que ver con la ocupación física de una silla determinada. Se puede honrar la función pública andando allí donde están los problemas, esgrimen.

Por caso, la diputada Alicia Tate (UCR), el martes pasado no se quedó disfrutando del sol otoñal en su Santa Fe natal. Se ocupó del aniversario de la masacre de Coronda (hubo 14 muertos) y en una reunión con Darío Sánchez, el juez de la causa, comprobó que el temido y corrompido Servicio Penitenciario (SP) santafesino aún no fue investigado para verificar una hipótesis demasiado obvia: que el ataque de los 12 presos (procesados y trasladados de Coronda) fue facilitado por los guardiacárceles.

Por su parte, el rosarino Eduardo Di Pollina (PS) dedicó parte de la semana a cuestiones de su partido, que dejó de ser una pequeña organización que se maneja de taquito y nunca trae problemas. Las aspiraciones socialistas son ahora grandes, y algunos crujidos internos no le van en saga.

Di Pollina también estuvo en la reunión con el juez Sánchez y se quedó con la misma sensación que Tate: "hay un integrante del SP que realizó gravísimas imputaciones a sus pares, avalando las sospechas de complicidad y connivencia". Esos dichos no están en la causa.

A un año de la masacre, la cárcel corondina vive días diferentes como consecuencia de una nueva política desde la dirección del penal, por el trabajo de la organización de derechos humanos Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) y "el apoyo y control de la situación de los propios detenidos, que mantuvieron la situación en calma durante los primeros tiempos después de la masacre", señaló a La Capital Carmen Maidagan, abogada, miembro de la CTC y también participante de la reunión con el juez Sánchez.

En Coronda comenzó a dar sus frutos una experiencia única en el país: las mesas de diálogo entre delegados de los distintos pabellones, autoridades del penal y los miembros de la CTC, los impulsores de la idea.

"Vemos que el juez tiene pocas ganas de investigar al SP, está débil en eso. También es necesaria una investigación administrativa que establezca responsabilidades, más allá de la cuestión penal", agregó Maidagan, en una charla con La Capital.

La impunidad desde el Estado corre riesgo de volver a concretarse en el caso Coronda "porque si no se juzga toda la responsabilidad del SP, esos sectores corruptos y comprometidos con la masacre, que ahora están replegados e inactivos, mañana, con una relación de fuerzas a su favor, vuelven a operar como antes. Entonces se habría concretado la impunidad que debemos erradicar", concluyó la abogada rosarina.


Usurpadores
Con el apoyo del radicalismo, el ARI y otros bloques de centroizquierda, Di Pollina presentó un proyecto en la Cámara baja para que a los funcionarios que hayan ocupado un cargo, electivo o no, durante los gobiernos que violentaron el orden institucional se los considere "usurpadores del cargo".

Así, de ser aprobado, toda vez que se mencione a un ex funcionario de alguna dictadura militar en ámbitos oficiales y escolares deberá colocarle la frase "usurpador del cargo".

La idea es diferenciar claramente a quienes fueron funcionarios de gobiernos constituciones de quienes fueron funcionarios de gobiernos ilegales.