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 sábado, 18 de marzo de 2006  
Políticas activas para enfrentar la exclusión

La escuela media atraviesa una crisis profunda y a nivel mundial se debate para qué sirve hoy este tramo educativo que debiera transmitir saberes y cultura de una generación a otra, “un puente entre el pasado y el futuro de una sociedad”, como define la representante de Unicef Elena Duro. ¿Habilita oportunidades de movilidad social a todos por igual? ¿Otorga saberes adecuados para continuar estudios terciarios o universitarios? ¿cuán significativo para sus vidas es lo que reciben los jóvenes en la escuela? ¿forma ciudadanos activos? ¿Para qué tipo de trabajo prepara?

Lo que sí está comprobado, pese a los problemas pendientes —y urgentes— que solucionar, es que la escuela es el mejor lugar para los jóvenes, y así lo entendieron las experiencias encaradas por distintos establecimientos que se propusieron dirigir todos sus esfuerzos para incluir a los adolescentes que abandonaron sus estudios por diversas razones.

Duro considera que “la problemática de la exclusión educativa está siendo asumida por el Estado como política pública, tanto a nivel nacional como provincial. Y esto se demuestra a través de políticas activas, como por ejemplo los programas nacionales ‘Todos a estudiar’ y ‘Volver a la escuela’”.

“Argentina nunca tuvo una inversión tan grande en planes de asistencia social”, destacó la oficial de Unicef, y opinó que esta inversión que realiza el Estado en estos programas debería ir acompañada por una revisión de las prácticas escolares y del lugar que asumen las familias en la escolarización de sus hijos.

Además de estas dos grandes iniciativas del gobierno nacional —que otorgan becas y un ‘espacio puente’ para retornar a la escuela—, existen otras modalidades de reinserción educativa con adolescentes, basadas en la formación profesional en forma simultánea a la oportunidad de retomar la escuela. Por ejemplo, el Proyecto Desafío, en 7 municipios bonaerenses, y Buen Puerto, en el municipio misionero de Iguazú, que en 2006, ya duplicó su matrícula y hoy tiene a 400 jóvenes vinculados con empresas mientras intentan terminar sus estudios.

“Lo que están mostrando estos programas es la necesidad de rever la enseñanza, de flexibilizar con calidad la acreditación de saberes de los sistemas educativos formales y de elevar la calidad de la formación profesional”, opinó Duro. “El desafío —dijo— es que algún día todos estos programas dejen de existir, que esta fuerte inversión que se esta haciendo para que toda la población infantil y adolescente acceda al derecho a la educación pueda tener un cierre”. Y se muestra optimista al respecto: “Creo que el marco de las nuevas leyes de enseñanza técnica y de financiamiento y la alianza entre educación y trabajo son tres elementos muy interesantes y propicios para encauzar estas políticas de inclusión”, señala.

Pero no es sólo cuestión de lograr volver a las aulas. Una vez en la escuela, el aprendizaje debe ser significativo. “Esto obliga a hablar no sólo del derecho a la educación de los jóvenes sino del derecho a una educación de calidad, que sea significativa, convocante, que les diga algo de lo que les pasa respecto de su situación, su barrio, su vida, su comunidad”, según los especialistas consultados. “Esto implica discutir cuestiones curriculares, formación docente, organización escolar, el rol de los jóvenes dentro de la escuela y su comunidad”.
Toda la comunidad involucrada
El Programa Nacional de Inclusión Educativa “Todos a Estudiar” del Ministerio de Educación de la Nación apunta a revertir la exclusión escolar que afecta a adolescentes de entre 11 y 18 años. Recientemente, el Gobierno amplió la franja de edad de los beneficiarios a través del programa “Volver a la Escuela”, destinado a ayudar a los 177.000 niños y niñas de entre 6 y 14 años que no están en la escuela. Los adolescentes que desean retomar sus estudios reciben una beca anual de 400 pesos.

Además de este estímulo, la apuesta más fuerte del programa consiste en acercar progresivamente a los adolescentes a las escuelas a través de “espacios puente”, que articulan organizaciones de la comunidad con la escuela y están a cargo de un “facilitador pedagógico” que acompaña a los alumnos.
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