Una larga lista de reclamos y reparaciones

La responsabilidad del Estado provincial ante delitos individuales o institucionales de la policía es motivo de discusión frecuente en los Tribunales. En buena parte de los casos de abuso policial surge el pedido de reparación de las víctimas. Y, en consecuencia, aparece el reclamo al Estado santafesino por ser quien capacita a los empleados policiales y les otorga armas de uso oficial. Estos son algunos de los casos más resonantes:

En julio de 2005, la provincia fue condenada a resarcir con 200.000 pesos la violación de una joven cometida dos años antes por tres policías, en una habitación de la seccional 1ª. Esa obligación deberá afrontarla junto a los tres efectivos, que fueron sentenciados a penas de entre 12 y 14 años por violar a la chica de 16 años.

Por el crimen del militante social Claudio Pocho Lepratti, baleado por un policía el 19 de diciembre de 2001, la provincia fue condenada en el mes de octubre pasado a indemnizar a la familia de la víctima con 145.000 pesos. El autor del crimen, el agente Esteban Velázquez, cumple una condena a 14 años de cárcel.

Otro episodio de violencia policial, el crimen de Ariel Colque, derivó en la condena que en diciembre pasado le impusieron a la provincia para que pague 75.000 pesos a familiares del joven. Deberá hacerlo junto a los dos policías imputados del homicidio del joven (les impusieron cuatro años de cárcel) que murió al quedar en medio de un tiroteo en marzo de 1998.

Por una actuación irregular no sólo de la policía sino también de la Justicia provincial el Estado santafesino fue condenado a pagar 76.500 pesos a Leandro Riboldi, el joven que pasó 14 meses y 13 días detenido como el "violador del centro" cuando era inocente.