Estafa millonaria. Nuevos detalles de la maniobra que perjudicó a la obra social de los jubilados

Gerenciadora denunciada por fraude al Pami había sido objetada en 1999

La Sindicatura General de la Nación sostuvo entonces que la relación afectaba el patrimonio del Instituto

La gerenciadora santafesina ACE, investigada por la Justicia en el marco de una causa por una millonaria estafa al Pami mediante el cobro indebido de cheques, ya había sido denunciada en 1999 en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Sin embargo, la mencionada empresa siguió ligada a la obra social de los jubilados hasta octubre del año pasado, cuando desde la intervención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados se cambió el sistema de contratación de prestadores poniendo fin al vínculo comercial.

La investigación se inició en enero pasado cuando la interventora del Pami, Graciela Ocaña, presentó una denuncia ante el juez federal Claudio Bonadío. La funcionaria basó su presentación en un informe de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de la obra social que encabeza el ex fiscal Carlos Stornelli. Según ese informe, el 31 de octubre de 2005, el tesorero del Pami, Fernando Lago, comunicó a la gerenciadora ACE que tenía a su disposición dos cheques "no a la orden" y "no negociables" por 799.612,20 y 6.134,18 respectivamente. Varios días después, el 17 de noviembre, se retiraron los dos cheques de la tesorería. Habían sido librados a favor de ACE y en el Pami quedaron como contrapartida dos recibos totalmente diferentes a los que la gerenciadora solía entregar ante cada pago. Eran recibos "muy truchos" graficó un informante que sostuvo que no sólo "tenían otro formato sino que también figuraba en ellos otro domicilio".

Ambos cheques fueron depositados el 23 de noviembre en una caja de la sucursal Monserrat del Banco Río y acreditados en una cuenta corriente que figuraba al dorso de los valores (000-24803/3) y que no pertenecía a ACE sino a Saversa Cereales SRL, una sociedad constituída en julio de 2005 y que según voceros de la pesquisa "era un sello de goma".

El 29 de noviembre, o sea 72 horas después de los depósitos, desde la gerenciadora ACE se comunicaron con la tesorería del Pami para avisar que un empleado viajaba a Buenos Aires a retirar los cheques que ya habían sido entregados a una persona que se identificó como María Cecilia Cassieri, según refleja en su edición de ayer el matutino porteño Página/12.

En este orden, el informe de Stornelli sugiere como mínimo un par de líneas a investigar, teniendo en cuenta que los datos particulares de los cheques sólo eran conocidos por los responsables de la tesorería del Pami y por la firma ACE. "No puede soslayarse que la carta documento librada a ACE data del 31 de octubre de 2005 y que recién esta empresa había avisado telefónicamente que concurriría a cobrar los cheques el 29 de noviembre, o sea casi un mes después de anoticiados y 72 horas después de efectuados los depósitos".

Así las cosas, el escrito sugiere que no sólo existen sospechas sobre algún empleado infiel del propio Pami sino también un aparente accionar cómplice entre la gerenciadora y quienes se llevaron los casi 800 mil pesos en cheques y los depositaron en una cuenta ajena. Por eso está detenido el cajero que recibió esos valores, Christian Omar Ch., cuyos controles "resultaron lábiles". También están detenidos Marcelo T., Gastón V., Lucila A, y Hugo B., todos los que serían parte de una red de la que no sería ajena una financiera con sede en Rosario.

Vale aclarar que si bien la investigación se inició por dos cheques, desde el Pami se sostiene que la defraudación podría ser mayor. Es que la firma Saversa ya habría cambiado unos 17 mil cheques por un valor de 80 millones de pesos.

Al respecto, el titular de ACE, Carlos Vito Abraham, sostuvo a la agencia Télam los primeros días de enero pasado que "al Pami le es muy duro reconocer que le robaron 800 mil pesos" y que "una persona extraña a ACE cobró los valores".

Según Abraham, la gerenciadora que el dirige "debía cobrar esa suma de dinero para pagar a los prestadores por servicios realizados en octubre ya que el 31 de ese mes se rescindió contrato con el Pami" y que cuando llamó a Buenos Aires para avisar que iba a retirar el cheque, "el tesorero dijo que ya había sido retirado". A partir de ahí, dijo, se les negó el acceso al recibo.

En tanto, fuentes del Pami dijeron que la persona que retiró el cheque es la misma que siempre lo hizo a nombre de ACE: "No es ninguna persona extraña porque es la misma que lo retiraba en anteriores oportunidades", sostuvieron desde la obra social de jubilados. El titular de ACE desmintió que el cheque haya sido depositado y contó que "presentó a la Justicia el resumen de la cuenta bancaria" para demostrarlo.


Bajo la lupa
En 1999, la Sindicatura General de la Nación (por entonces al mando de Rafael Bielsa), realizó un pormenorizado informe sobre la relación existente entre la Unidad Policlínicos Pami Rosario Integrados (Uppri) y la gerenciadora ACE desde octubre de 1998.

En un extenso escrito, desde el organismo estatal se puso de manifiesto que el vínculo se había concretado apartándose del régimen de contrataciones legales, que ACE fue seleccionada de forma ajena a la normativa vigente, que hubo falta de sustento en la selección de la gerenciadora, que hay una deficiente instrumentación del contrato, que no estaba clara la configuración del objeto y de los términos del contrato, que había un delegamiento del poder de decisión de la Uppri en favor de ACE en cuestiones vinculadas a la índole patrimonial, y la ausencia de cláusulas penales y de garantías de cumplimiento del contrato entre otros ítems.

En las "recomendaciones" del informe, la Sigen sostenía que era menester "tomar los recaudos que sean necesarios a los efectos de garantizar la continuidad de las prestaciones del sistema" y sugería "rescindir el contrato dejando constancia fehaciente de las prestaciones incumplidas". Sin embargo, el vínculo de ACE con el Pami se prolongó hasta octubre de 2005 con los resultados que ahora investiga la justicia federal.

Graciela Ocaña, interventora del Pami, fue quien hizo la denuncia.