Incomunicados. El panorama legislativo de cara al diferendo con Uruguay

"Papeles mojados" en el Congreso

Rodolfo Montes / La Capital

El conflicto con la instalación de las compañías papeleras en Fray Bentos, Uruguay, va tomando volumen y carácter. El debate llegará al Congreso por decisión del presidente Néstor Kirchner, pero para la oposición son sólo maniobras para zafar un momento delicado. De un modo genuino o no, el gobierno nacional decidió repartir la carga de los "papeles mojados", e involucrará a Diputados y a Senadores, aprobando entre los días 22 y 23 de febrero proyectos de declaración donde se avalará la jugada de recurrir con el reclamo a la Corte Internacional de La Haya. Al mismo tiempo, los pobladores argentinos de la zona continúan los cortes en la ruta que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, ahora con un casi explícito aval desde la Casa Rosada.

Entre tanto, una valoración equilibrada de la controversia firme y permanente se aprieta en un desfiladero de tránsito difícil. Por el lado entrerriano -y también uruguayo- dominan algunas sobreactuaciones. No se recuerdan, de parte del gobernador Jorge Busti, batallas impulsadas al límite de ganar o renunciar, por caso, contra la contaminación que provocan ciertas industrias del cordón industrial norte de Rosario, sobre el río Paraná, al cabo, tan entrerriano como el río Uruguay.

Allí está Celulosa, que con sus olores nauseabundos impregnados en la memoria colectiva de todos los habitantes del Gran Rosario releva de mayores comentarios.

El oficialismo en Diputados se queja porque, dice, a la oposición no le viene nada bien. Si se decide todo en la Rosada, "se quejan porque el Congreso no participa; pero cuando traemos el tema al Congreso tampoco quieren", dice Agustín Rossi desde la jefatura de bloque del Frente para la Victoria-PJ. La decisión de recurrir a la Corte de La Haya está legalmente habilitada por el Estatuto del Río Uruguay, de 1975.

Pero para el PS santafesino, que no acuerda con la propuesta de ir a La Haya, la integración regional con el Uruguay en los últimos 30 años generó otros instrumentos institucionales para resolver las diferencias. Más acordes con la nueva realidad de construcción del Mercosur.

La propuesta será la de "crear una comisión parlamentaria con integración binacional", contó a La Capital Eduardo Di Pollina, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja.

Por el lado del ARI, la posición del gobierno constituye una actitud contradictoria, tardía y fallida. "Hubo impericia severa, ausencia de análisis técnicos", reveló a La Capital la diputada por la provincia de Buenos Aires Marta Maffei. La dirigente propondrá que el conflicto con Uruguay se dirima en otros ámbitos "como el Pacto de San José de Costa Rica". De todos modos, lo más seguro será que avance la idea pergeñada por el gobierno. El santafesino Carlos Reutemann, titular de la comisión de Relaciones exteriores y Culto del Senado, impulsará el proyecto de declaración en la Cámara alta.