La litigiosidad por accidentes de trabajo creció 70% en 2005

Teniendo en cuenta datos proporcionados por 17 compañías que representan cerca del 90% del mercado en términos de cápitas a diciembre de 2004, Julián Tapia y Guillermo Mitchell realizaron un análisis de litigiosidad y determinaron que desde enero de 2002 hasta septiembre de 2005 inclusive se iniciaron casi 15.000 juicios.

Según la muestra, la proyección de juicios para 2005 es cercana a los siete mil casos, representando un aumento del 78% respecto de 2004 y un 130% respecto de 2003. La variación interanual correspondiente a septiembre de 2005 respecto del mismo mes del 2004 alcanzó el 77%.

A partir de junio de 2004 la litigiosidad comenzó a incrementarse -lo que puede interpretarse como una consecuencia de los pronunciamientos de los máximos tribunales de algunas provincias en contra de la ley de Riesgo de Trabajo, convalidados luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- para desembocar en septiembre y octubre de 2004, meses en los que se observa una marcada escalada, que se detiene en noviembre del mismo año, para retomar su serie ascendente a partir de febrero de 2005.

Del análisis por jurisdicción surge que durante 2005, el 30% de los juicios iniciados se radican en la provincia de Córdoba, superando a Buenos Aires (26%) como la provincia con más reclamos.

Así, la tasa de crecimiento de los primeros nueve meses de 2005 respecto del mismo periódo de 2004 se ubica en 78,1%, es decir 181% en el caso de la provincia de Córdoba y 111% la provincia de Santa Fe.

Actualmente, prácticamente 9 de cada 10 juicios por accidentes de trabajo se producen luego de la extinción del contrato de trabajo. Según datos del Ministerio de Trabajo, las empresas con menos de 5 trabajadores rotan en promedio el 86% de su planta de personal cada año, mientras que las grandes sólo extinguen el contrato de trabajo al 29% del plantel por año.

Considerando que el salario promedio de los trabajadores registrados en empresas de menos de 5 trabajadores ronda los 950 pesos, un juicio de monto relativamente bajo (por ejemplo, $30.000 que es lo que correspondería a incapacidades inferiores a 10%) implica una erogación equivalente a lo que este pequeño establecimiento paga de salarios a todos sus empleados en un año entero.

En ese sentido, no solo se trata de un problema directo para las empresas sino también para los trabajadores, ya que los riesgos de insolvencia aumentan.

Resulta de crucial importancia, especialmente desde la perspectiva de las pyme y sus trabajadores, restablecer la cobertura integral que se perdió luego de los fallos, sostiene el informe. Para ello, dentro del marco de la cobertura que ofrece la ley de riesgos del trabajo, habría que explorar el establecimiento de dos mecanismos independientes. Por un lado, perfeccionar el sistema de seguro social tradicional. Por el otro, establecer un régimen especial de reparto para las demandas fundadas en normas civiles junto con un registro de acceso público que transparente la litigiosidad espuria.