Trabajo. Los fallos de la Corte impugnaron el corazón del régimen creado en la década del 90

ART: llegó el tiempo de las definiciones

Empresarios y aseguradoras esperan ansiosos la letra fina de la nueva ley que elabora Economía

Patricia Martino / La Capital

La incertidumbre en el ámbito empresario es permanente desde que en septiembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de ART y se habilitaron las demandas por la vía civil. Sin embargo, en el gobierno no se ponen de acuerdo sobre cómo proteger a los trabajadores, cómo hacer que las empresas no deban enfrentar nuevamente la industria del juicio y cómo darle sustentabilidad a las compañías aseguradoras que se dedican a este segmento.

Aunque días atrás el ministro de Economía, Roberto Lavagna, anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar la actual ley de accidentes de trabajo y el tema volvió sobre el tapete hasta el momento no hay demasiados detalles de la propuesta. Conforme al sesgo con el que fue presentada la iniciativa, el texto recogería en mayor medida las inquietudes de los empresarios sobre el nuevo régimen.

En ese marco, se estima que el proyecto incluiría la llamada "opción excluyente", por la cual el trabajador que recurra a la Justicia deberá renunciar a la indemnización de la ART y establecería una cobertura total a las empresas (abarcaría la opción de tomar una póliza de riesgo civil). No deja de llamar la atención el avance que sobre el Ministerio de Trabajo significa que el proyecto se esté elaborando en la cartera económica.

A través de varios fallos la Corte Suprema puso en crisis el régimen de accidentes de trabajo que se estructuró e los 90. Si bien todavía el proceso está en gestación, ya se comienzan a percibir profundos impactos sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. Algunos representantes del sector empresarial se animaron a decir que "se trata del primer round de una puja que no se va a terminar fácilmente, sino que va a depender de la voluntad de la presidencia".

Desde que se conocieron los fallos de la Corte Suprema, hace más de un año, el costo del seguro de riesgos del trabajo creció alrededor de un 10%. La cantidad de juicios por accidentes y enfermedades profesionales prácticamente se duplicaron. Se estiman para este año alrededor de siete mil demandas.

La Corte declaró que la ley actual es inconstitucional en tres aspectos: la imposibilidad de que el empleado demande a la empresa en la que se accidentó, a instancia federal para apelar las resoluciones de las comisiones médicas, y el pago en cuotas de las indemnizaciones. Desde entonces nada es lo que era.

Ricardo Aide, gerente de la ART de La Segunda, reclamó que el sistema vuelva a ser previsible. "A partir de los fallos la catarata de juicios que recibimos nosotros y los empleadores hace que ninguna empresa conozca su pasivo, en este contexto las pymes son las más perjudicadas porque no tienen la respuesta de una gran compañía o multinacional, hoy como se presentan las cosas cuesta encontrar una tarifa técnica para cada riesgo", explicó.

En ese sentido, señaló que el valor promedio del sistema es de un 2,6% de la masa salarial pero mencionó que antes de la resolución de la Corte estaba en 1,6%. "Va a seguir subiendo mientras no se encuentre una solución", advirtió.

El gerente de La Segunda llamó a establecer las responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen en el sistema y consideró que al momento de un accidente se debe decidir si se optará por la vía civil o por la cobertura de la ART pero no por los dos caminos.

Por su parte, Claudio Ballerini, gerente general de San Cristóbal, destacó que el país contaba con una buena ley de riesgos del trabajo pero "así como está ahora está prácticamente muerta". En ese sentido, remarcó que "la ley tuvo un buen efecto y debió haberse corregido y no destruido".

Una de las salidas que se barajan es el incremento de las indemnizaciones, pero Ballerini considera que "si las ART tienen que pagar un valor adicional las primas aumentarán y muchas empresas no comparten esta idea". No obstante, subrayó que es primordial tener en cuenta los reclamos sindicales.

Lo cierto es que "así el sistema no puede continuar" y el directivo comparte la idea de optar por una sóla vía de acción: pago del sistema o demanda civil, no las dos.

Ballerini se mostró preocupado porque puede salir una nueva ley de ART pero el código civil contempla las demandas y tal vez la mejor alternativa sea modificar justamente el código civil, con topes o prescripciones.

"Esto requiere un trabajo no tan misterioso, si un sector se vuelve a sentir insatisfecho se volverán a plantear los juicios", remató y agregó que "se debería debatir en un período corto con los legisladores para lograr un proyecto con consenso mayoritario y poner la ley en vigencia los antes posible".

Asimismo, planteó una situación que está en las puertas de las compañías aseguradoras. "Este tema ya lleva demasiado tiempo de demora, todas las compañías cuando se publican los balances se ven afectadas, a pesar de que son juicios hacia los empleadores los balances se remiten a la tabulación y nadie sabe si mañana la Corte dice usted responda solidariamente, si un cliente quebró o está concurso", advirtió.


La solución del problema
La mirada de las empresas la aportó Daniel Guida, economista de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). El analista consideró que ninguno de los proyectos de los que se habla tiene tratamiento adecuado, ni da solución al problema. "Necesitamos una ley que contemple los verdaderos intereses de los trabajadores pero que tenga en cuenta sólo una vía, este es el cambio sustancial que buscamos", precisó.

Es que "hay que empezar a resolver el tema seriamente". Por eso en la reunión del consejo directivo de Fisfe que se realizó la semana pasada en Rafaela se planteó la cuestión. Los empresarios manifestaron su incertidumbre y concluyeron que la información que brindan los funcionarios es confusa porque no se conocen detalles de los proyectos que se van a presentar ante el Congreso. "La actitud que está teniendo el gobierno no es muy seria, hay anuncios rimbombantes para frenar la inflación y el tema de las ART afecta directamente a las empresas que son las que pueden colaborar en ese sentido, pero sino tienen un escenario de seguridad no sé que va a pasar", explicó Guida.

El economista de Fisfe destacó que se debe consensuar una nueva ley. "No queremos que los empleados se vean perjudicados", dijo pero señaló: "No podemos ir de una punta a la otra, se quiso cargar todo al empresario pero hay que llegar a un equilibrio".

"Hay que quitarle la volatibilidad a la economía argentina, hay que favorecer la sustentabilidad en el marco de una resolución de la marginalidad para que el conjunto de la sociedad se beneficie. Se deben generar las condiciones para que el ingreso sea más equitativo y el Estado tiene que tener un rol importante en esta tarea. Lamentablemente estamos viendo que hay un doble discurso, sino se tiene en cuenta la situación general no nos va a ir bien", concluyó el analista económico.