Un proceso con demoras y pagos a testigos para desviar el eje

La pesquisa por irregularidades en la investigación del atentado a la Amia se abrió durante el gobierno de la Alianza, a raíz de denuncias de Claudio Lifchitz, un ex prosecretario del entonces juez federal Juan José Galeano.

Este ex funcionario y actual abogado fue el primero en hacer referencia a la pérdida de evidencias en la causa, como 66 casetes, el borrado de la agenda electrónica de uno de los principales detenidos, Carlos Telleldín, o las filmaciones secretas a testigos e imputados avaladas por Galeano.

Pero el punto de inflexión fue la sospecha de la existencia de un pago secreto de 400.000 dólares a Telleldín a cambio de conseguir su declaración contra ex policías bonaerenses, cuatro de ellos detenidos junto con él como parte de la bautizada conexión local.

La causa abierta en paralelo a la investigación por el atentado, que seguía comandando Galeano, quedó a cargo de Bonadío, quien en todos esos años no ordenó ninguna medida de cargo, más allá de tomar declaraciones testimoniales.


Dilaciones
Al finalizar el juicio por el atentado, en septiembre de 2004, Bonadío ya había sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura por la dilación con que manejaba la causa y entonces ordenó una batería de declaraciones indagatorias en base a denuncias que le hizo llegar el mismo Tribunal Oral Federal 3.

El nuevo juez del caso, Ariel Lijo, deberá seguir adelante con las citaciones a declaración indagatoria ordenadas por Bonadío, como las de Galeano y el ex titular de la Side Hugo Anzorreguy. Y tendrá pendiente definir si convoca en calidad de imputado al ex ministro de Interior menemista Carlos Corach.

Todos son investigados por haber participado o avalado el pago de 400.000 dólares a Telleldín, calificado como "ilegal" por el tribunal y hecho por el que Galeano fue destituido en el Consejo de la Magistratura.

La mayor parte de las denuncias de los magistrados del tribunal, Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, quedaron acumuladas en el juzgado de Bonadío, quien suspendió las declaraciones indagatorias de sospechosos hasta que la Cámara resolviera si debía seguir en el caso, algo que se concretó ayer.