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 miércoles, 14 de septiembre de 2005  
Piden el juicio político a titular de Diputados

Brasilia. - La crisis política brasileña tuvo un nuevo giro, cuando ayer partidos de oposición pidieron abrir juicio político en el Congreso al presidente de la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, acusado de cobrar sobornos. Cavalcanti pertenece a un pequeño partido aliado al gobierno de Lula.

Es la primera vez desde que se instauró la democracia brasileña en 1985 que se pide abrirle juicio al presidente de la Cámara de Diputados, el segundo cargo del Estado, ya que según la Constitución de 1988 es el primero en la sucesión presidencial.

La petición fue presentada por los dos principales grupos de oposición en el Congreso, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el Partido del Frente Liberal (PFL), y otros dos grupos, informó la Cámara en una nota de prensa. "Yo no recuerdo otro caso de un presidente de la Cámara", que haya sido sometido a una petición de juicio, dijo en conversación telefónica el senador Pedro Simón, con casi 30 años en el Congreso y uno de sus miembros más respetados.

La solicitud de juicio, presentada ante el Consejo de Etica de la Cámara, no significa que Cavalcanti tenga que dejar la presidencia. Los opositores mantienen, sin embargo, que un líder de la Cámara investigado por denuncias de corrupción no tiene condiciones morales para encabezar los trabajos del legislativo y por eso han pedido la renuncia de Cavalcanti.

Pero el presidente de los diputados se ha negado reiteradamente a dejar su cargo y asegura que son injurias las denuncias formuladas la semana pasada por un empresario que asegura le debió pagar en los años 2002 y 2003 al menos 110.000 reales (unos 47.800 dólares) a Cavalcanti a cambio de que el funcionario le renovara un contrato de concesión del restaurante del Congreso.

Para que la solicitud del PSDB y el PFL prospere debe ser ahora debatida y aprobada por la mayoría simple de los 15 integrantes del Consejo, en un proceso que llevará como mínimo 90 días de investigaciones. Si el Consejo rechaza la petición, se archiva el juicio, mientras si lo acepta, el proceso pasa a su última etapa: una votación secreta de los 513 diputados. La pérdida del mandato legislativo acarrea una prohibición para postularse a cualquier cargo público por dos períodos, u ocho años. Es la mayor sanción política en Brasil. Cavalcanti es miembro del pequeño Partido Progresista (PP), que integra junto al PMDB y el Partido de los Trabajadores la coalición de ocho partidos en el gobierno del presidente Lula.
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