Expediente clave. Acusan a la Justicia y al poder político

Bronca por la prescripción de la causa IBM-Banco Provincial

Los impulsores de la investigación lamentan que el emblemático escándalo por corrupción no tenga culpables

Javier Felcaro / La Capital

La recta final hacia el archivo que acaba de encarar el caso IBM-Banco Provincial de Santa Fe, un emblemático escándalo por corrupción, generó ayer la dura reacción de aquellos que impulsaron y colaboraron con la investigación, los que repartieron responsabilidades entre la Justicia y el poder político.

El viernes pasado la Cámara de Apelaciones de Rosario revocó la resolución del juez de sentencia Julio César García, quien no había admitido el pedido de prescripción de la causa por parte de la defensa de uno de los imputados.

Ahora, el expediente abierto a raíz de la controvertida licitación para la adquisición de equipos de informática por 28.765.000 de pesos-dólares, concretada en 1991, prescribirá con la absolución de los cinco acusados merced a la última reforma del Código Penal y a una paralización de la causa durante más de seis años.

El diputado provincial socialista Alfredo Cecchi, quien integró la comisión investigadora que encabezó el extinto Alfredo Nogueras, aseguró a La Capital que la resolución desfavorable "era previsible porque nunca confiamos en la Justicia provincial ni en la federal, cómplices de los grandes negociados cometidos durante la década del 90".

"Entiendo que no habría que adjudicarle toda la culpa a la reciente reforma del Código Penal (que modificó los plazos de prescripción), porque la Justicia tuvo tiempo más que suficiente para expedirse y no lo hizo", enfatizó el legislador.

Molesto, Cecchi disparó: "A quién le quieren hacer creer que una causa puede demorar tanto cuando el camino estaba regado con pruebas". También fustigó al gobierno provincial de turno por impulsar la creación de una comisión investigadora "con el argumento de que había que evaluar el pasado pero, al mismo tiempo, con la gran excusa de posibilitar la privatización del banco".

El diputado reivindicó la labor de la comisión, conformada por distintas fuerzas políticas y organizaciones intermedias, y aprovechó para rescatar la colaboración prestada por los colegios de Abogados y de Ciencias Económicas de Rosario y Santa Fe, "que aportaron todo lo que tenían como soporte técnico".

Las sospechas apuntaron a que el banco contrató por encima de los valores de mercado, no aceptó la oferta más baja y modificó pliegos a favor de IBM. Incluso la investigación acumuló pruebas que sustentaron la presunción de una adjudicación arreglada para el ganador.

Asimismo, la denuncia realizada por la comisión gremial interna de la entidad financiera dio paso a presentaciones contra IBM en distintos puntos de la Argentina, entre ellas la referida al affaire con el Banco Nación.

En 1996, la auditoría de la consultora González Fisher, enmarcada en la investigación que el juez Carlos Carbone venía instruyendo desde hacía dos años, desnudó las irregularidades, en especial la correspondencia entre los cambios de la licitación y las sugerencias de IBM.

Matías Layús, quien integró la comisión gremial interna, reconoció que la resolución del caso "no sorprende porque, una vez que hicimos la denuncia, fuimos viendo cómo la investigación se dilató".

Con el informe de la comisión investigadora en mano, el dirigente de la Asociación Bancaria se lamentó: "Las conclusiones son lapidarias en cuanto a la estafa".