La Justicia citó a declarar a funcionarios del municipio

Es por Puerto España. Ahora podrían llamar a Binner

Un cambio cualitativo se registró en la investigación de la concesión de los ex Galpones Peñaflor ubicados en el actual Puerto España (Wheelwright y España). El juez Daniel Acosta, al frente del tribunal Correccional Nº10, citó a prestar declaración indagatoria al ex secretario de Hacienda municipal, Angel Sciara. "Sólo declaré que no iba a declarar", le dijo ayer a La Capital el ex funcionario antes de agregar que se ampara en el secreto del sumario y que contestará por escrito ante la Justicia.

La indagatoria implica que el magistrado ya presume la existencia de una irregularidad en un caso que el actual intendente Miguel Lifschitz tildó de "error administrativo" y por el que se desplazó a dos empleados del departamento de concesiones: Hugo Henz y Víctor Macat.

"Esto no es una testimonial más, acá estamos hablando de imputación y no se descarta que lo citen a (Hermes) Binner quien es el responsable político de este contrato", remarcó ayer el concejal Alberto Cortés a La Capital, uno de los ediles opositores que denunció irregularidades administrativas en el contrato de explotación del lugar donde se levanta el restaurante Don Ferro, un salón de fiestas, una playa de estacionamiento y un gimnasio, más una confitería, aún no habilitada.

"Hasta ahora el juez había interrogado a varios testigos, a tres de ellos los presenté yo -señaló Cortés- pero lo nuevo es que por primera vez el juez hace una citación, no para prestar testimonio, sino para indagar motivado por la presunción de un delito. Esto podría ser el paso previo a un procesamiento".


Protestas de ediles
En enero de este año varios ediles protestaron contra esta concesión. Denunciaron que para levantar el emprendimiento se eliminó el canon mínimo exigido en la licitación (7 por ciento de la facturación bruta del comercio), se permitió la construcción de más cocheras que las que figuraban en el proyecto y se anexó un gimnasio que no estaba previsto. Además se cambió la razón social de la empresa concesionaria a cargo de Pedro Rittagliatti y Sergio González. Pasó de ser una sociedad de hecho a sociedad de responsabilidad limitada.

"Hay irregularidades de todo tipo. Pero la principal fue el incumplimiento de la ley orgánica de la Municipalidad que establece claramente que el intendente puede celebrar contratos sobre inmuebles municipales con autorización del Concejo y esto se eludió sistemáticamente", señaló Cortés.