Expediente clave. Se cayó una de las causas de corrupción más graves en Santa Fe

El caso IBM-Banco Provincial se quedó sin acusados

La Cámara decidió la prescripción para uno de los imputados. La medida beneficiaría a los otros cuatro

Javier Felcaro y María Laura Cicerchia / La Capital

A once años de iniciada la investigación, una de las denuncias de corrupción más resonantes se quedó sin acusados. La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario revocó ayer la resolución del juez Julio César García de no hacer lugar al planteo de prescripción de la causa IBM-Banco Provincial de Santa Fe por parte de la defensa de uno de los imputados. De ahora en más, y con sólo obrar de un modo similar, los otros cuatro imputados recibirán el mismo beneficio.

Los representantes legales de Carlos Schillagi, de la firma Genesus (ex Computational 3), habían requerido la aplicación de la reciente ley que modificó los plazos de prescripción en las causas penales. Lo hicieron argumentando que pasaron seis años del último acto procesal en el voluminoso expediente.

Sin embargo, en marzo pasado la fiscal Graciela Argüelles rechazó el planteo al considerar que el trámite no estaba prescripto. Luego el juez se pronunció en ese sentido, pero los abogados apelaron. Ahora, con la firma de Ernesto Pangia, Alberto Bernardini y Eduardo Sorrentino, la Cámara resolvió a favor del acusado.

Según el criterio de los camaristas, basado en la última reforma al Código Penal, la inmovilidad de la causa durante seis años fue la que provocó la prescripción. Y tomaron como punto de partida de la paralización del expediente la fecha en la que se produjo la requisitoria de la fiscal.

"Da mucha bronca que todo termine de este modo, porque se trabajó a lo loco en el caso, pero el Código Penal es matemático a partir de la reforma", se sinceró ante La Capital una calificada fuente judicial.

La causa por los supuestos ilícitos registrados en el marco de la adquisición de equipos informáticos de la corporación estadounidense por parte del banco (por entonces en la órbita del Estado provincial) posó la lupa sobre una licitación de 28.765.000 de pesos-dólares, concretada en 1991.

¿Las sospechas? Que la entidad bancaria contrató por encima de los valores de mercado, no aceptó la oferta más baja y modificó pliegos a favor de IBM. Incluso la pesquisa acumuló pruebas que cimentaron la presunción de una adjudicación arreglada para el ganador.

La denuncia realizada por la comisión gremial interna de la entidad financiera encendió un gran ventilador: luego llegarían presentaciones contra IBM en distintos puntos del país, entre ellas el escándalo con el Banco Nación.

En 1996, las irregularidades quedaron al descubierto, merced a la auditoría de la consultora González Fisher, en la investigación que el juez Carlos Carbone venía instruyendo desde hacía dos años. El informe reflejó la correspondencia entre los cambios de la licitación y las sugerencias de IBM.

El magistrado procesó a dieciocho personas, entre ellas a Marcelo Cattáneo, de la firma Consad (subcontratista de IBM), quien apareció ahorcado el 4 de octubre de 1998 en un descampado próximo a la Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Aún no se sabe si se suicidó o lo asesinaron.

También encartó a seis ex directivos del banco. Pero la resolución fue apelada y, en febrero de 1998, la Sala I de la Cámara revocó la mayoría de los procesamientos.

Sólo cinco personas terminaron con procesamientos confirmados por administración fraudulenta. Se trata de Nicolás Baclini, ex presidente del banco y único representante de la entidad financiera encartado. Del lado de IBM, Gustavo Soriani, ex vicepresidente de la multinacional en la Argentina, y Juan Mongini, otrora gerente de la sucursal Rosario. También Liliana Almozny, por Consad (proveedora del software), y Schillagi, de la firma que suministró equipos.

En rigor, la causa había quedado en diciembre de 2004 a un tris de ser archivada luego de que el Congreso de la Nación retocara el régimen de prescripción. La norma se promulgó en enero (ver aparte).

Al asumir en el 2003, García había recibido un expediente de quince cuerpos (doscientas fojas cada uno), junto a una gran cantidad de biblioratos y anexos con documentos incautados y pericias técnicas.

Ante la presentación de los abogados José Luis Vásquez y Héctor Superti, el magistrado pidió los antecedentes de los procesados al Registro Nacional de Reincidencias.

Como los nuevos delitos interrumpen la prescripción, García tuvo que cotejar que no existiesen otras causas en curso. Si los antecedentes están limpios, el cierre del expediente es un hecho.

Precisamente este trámite, luego del correspondiente planteo ante la Cámara, será el último por el que los restantes encartados deberán aguardar antes de ser beneficiados con el archivo de la causa.

El affaire del ex Banco Provincial no será investigado. Hoy sus escalinatas son usadas por los skaters.