Recargos en gas y luz para financiar obras

Con el fin de recaudar fondos para la construcción de obras públicas, el Congreso se apresta a convalidar aumentos transitorios de las tarifas de gas y electricidad.

El proyecto, elaborado por el Ejecutivo en procura de mayores recursos para enfrentar la escasez energética, consiguió la semana pasada luz verde en la comisión de Energía de Diputados y avanza hacia su votación en el recinto.

En su artículo principal, se permite crear "cargos específicos" en las facturas para financiar "obras de infraestructura de expansión del sistema de generación, transporte y distribución de los servicios de gas natural y licuado y energía eléctrica".

Por lo tanto, cuando comience a implementarse, los usuarios enfrentarán aumentos transitorios en sus boletas que desaparecerán recién cuando las obras concluyan.

El mecanismo deja un amplio margen de maniobra al gobierno porque la letra del proyecto evita precisar las iniciativas que serán financiadas ni el recargo que sufrirán los consumidores. Sólo advierte que este último podrá aplicarse "una vez iniciada la construcción de la obra".

Este sistema de financiamiento cuenta con antecedentes en las facturas eléctricas, a través de los llamados "fondos sales". Se trata de un recargo temporal de las boletas de los usuarios que se ven beneficiados con el tendido de nuevas redes de energía.

Es por eso que los legisladores interpretan que el gobierno usará su nueva facultad, especialmente para inyectar fondos destinados a la construcción de gasoductos.

"Tuvimos varias discusiones, sobre todo porque buscamos introducir cambios que impidan interpretar los cargos específicos como un nuevo impuesto", explicó el diputado Alfredo Fernández (PJ), de la comisión de Energía.

En la oposición hay quienes rechazan el mecanismo porque lo consideran un "aumento de tarifas encubierto", según expresaron representantes de la UCR y el ARI.

Si bien deja en manos del Ejecutivo la designación de las obras que recibirán los nuevos fondos, el proyecto compromete al gobierno a remitir al Congreso "un informe de ejecución" de cada una de ellas.

El último obstáculo antes de su discusión en el recinto es la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, las gestiones del gobierno allanaron el camino para evitar sobresaltos.