[Nota de tapa] Verde esperanza

"La ley hace mas daño que las drogas"

Silvia Inchaurraga preside el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y apoya la despenalización de la marihuana. "La prohibición convirtió todos los medicamentos en drogas", dice

Paola Irurtia / La Capital

El daño social que provoca una política prohibicionista respecto a las drogas es el eje de la discusión que sostienen las organizaciones que se oponen a ese tipo de legislación en todo el mundo. Las críticas a la actual ley 23.737 -en particular, la penalización de la tenencia de marihuana- señalan su contradicción con la garantía constitucional que resguarda los actos privados de las personas. La norma, dicen, no logró desalentar ni disminuir el consumo de estupefacientes prohibidos; castiga a los consumidores y deja impunes a los responsables del negocio y a sus protectores y, a pesar de expresarse por la defensa de la salud pública, mantiene a los usuarios de drogas alejados del sistema de salud tanto para trabajar en la prevención de adicciones y abusos, como para evitar las enfermedades que se transmiten a través de los modos de consumo (compartir jeringas o canutos para aspirar). "Lo único que provocó la lógica prohibicionista es que hoy todos los medicamentos sean usados como drogas", afirma Silvia Inchaurraga, presidenta de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (Arda), y directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia (Ceads) de la Universidad Nacional de Rosario.

Dos proyectos de ley que aguardan tratamiento parlamentario (ver aparte) proponen la despenalización de la tenencia de sustancias prohibidas para consumo personal. "La droga va a seguir siendo ilegal. No se va a poder vender en la puerta de la escuela, que es lo que se imagina la gente cuando se habla de políticas o alternativas más tolerantes", dispara Inchaurraga.

Dos argumentos sostienen la despenalización: el resguardo de la privacidad de las personas y el derecho a la salud. "El artículo 19 de la Constitución nacional dice que hay acciones privadas de los hombres que están exentas de la actividad de los magistrados -dice Inchaurraga-. Entre esas acciones privadas tenemos que entender el consumo de drogas y la tenencia de drogas para consumo. El Estado puede tener derecho a intentar evitar ciertas conductas que considera dañinas, autodestructivas, no saludables. Pero no tiene derecho a usar la coacción para eso".

La paradoja es que si bien el Estado cuenta con muchas herramientas para disuadir las conductas que considera riesgosas recurre al brazo punitivo, el derecho penal, que castiga precisamente los delitos. "Entendiendo la conducta individual como un delito avasalla los derechos individuales. Si el usuario de drogas tiene un problema, es un problema de salud, pero no lo vamos a resolver con el castigo", afirma Inchaurraga.

El castigo que se propone a los usuarios de drogas supone su inclusión en el sistema penitenciario. "El preso por drogas va detenido a una comisaría donde convive con presos comunes. Entonces, un joven que es detenido por la tenencia de un cigarrillo de marihuana entra en esa realidad que es muy compleja y lo expone a un montón de riesgos".


DENTRO O FUERA DEL SISTEMA
En cuanto al segundo argumento, Inchaurraga enfatiza en que si de acuerdo con el objetivo de la ley y la expectativa social lo que importa es la salud de los usuarios, la prioridad debe ser garantizar que no se mueran.

"Si en verdad queremos garantizar la salud -dice- o la posibilidad de que estas personas se acerquen al sistema de salud ya sea para dejar las drogas, para controlar el consumo o para evitar otros problemas que incluso pueden ser mayores que el consumo de drogas tenemos que garantizar que el sistema de salud llegue a estas personas. Y no lo estamos logrando con una ley que los castiga".

Los riesgos están asociados a la transmisión de enfermedades a partir de modos de consumo, o las prácticas relacionadas a la ilegalidad. El primero afecta a los usuarios de drogas inyectables que comparten jeringas, o los de drogas que se aspiran y comparten los canutos, ya que con esos instrumentos enfrentan la transmisión de enfermedades como el HIV/Sida o la hepatitis. El otro riesgo es la sobredosis "entre otras cosas, porque con la prohibición no saben lo que están consumiendo", indica Inchaurraga. El tercer riesgo lo adjudica a la clandestinidad asociada al mercado negro, "la posibilidad de que mueran en medio de una guerra entre bandas o por el gatillo fácil de la policía".

Otra razón para defender la despenalización de la tenencia de drogas es que su condena estigmatiza al usuario, lo convierte en delincuente y cuando intenta dar una respuesta desde el sistema de salud lo hace instalando el tratamiento en un ámbito compulsivo. "El Estado considera al usuario un enfermo, pero desde el derecho penal, o sea que primero lo considera un delincuente", indica Inchaurraga.

En los procesos penales, esa mezcla de consumidor y delincuente es el inicio de lo que otros dos miembros de Arda, Gustavo Hurtado y Juan Dobén, denominaron "Los laberintos de la obediencia fingida". Como el tratamiento de un consumidor es lo que le permite ser eximido de prisión "el juez hace como que va a resolver el problema mandando al procesado al médico, el médico hace que lo va a curar, y el paciente hace como que se quiere curar para evitar la prisión. Todo es una gran ficción y al final, no estamos haciendo nada".

Inchaurraga remarca que las posibilidades de tratamiento podrían considerarse sólo a partir de la voluntad y el deseo del usuario. Y a la vez tener en cuenta que no todas las personas que consumen drogas requieren un tratamiento. "Se acepta que puede haber un consumo controlado del tabaco o un consumo social del vino pero cuesta aún pensar que una persona puede tener un consumo de drogas controlado, ocasional o recreativo. Cuesta mucho desmitificar que las drogas no son ni buenas ni malas. Eso depende de quién, cómo y para qué la usa".

Inchaurraga afirma que "la mayoría de las personas que consumen drogas no evidencian mayores problemas asociados a ese consumo, ni intenciones de tratarse", mientras ubica en otro grupo a "personas que no quieren tratarse, pero tienen problemas asociados". En este marco, "la sociedad debería presionar para que los recursos del Estado se destinen a la prevención y asistencia. Prevención para que no se inicien en el consumo, asistencia para el que lo requiera y reducción de daños para el que no quiera dejarlas".

En su seguimiento sobre la marihuana, que considera "el argumento más débil dentro de la teoría prohibicionista", la presidenta de Arda afirma que "ningún estudio científico pudo comprobar que dañe el cerebro, produzca dependencia, genere agresividad, ni que sea el primer paso en la escalada hacia drogas más potentes".


mas alla del mitO
Para la investigadora, esos mitos son alentados desde sectores interesados o ignorantes para que no haya cambios. "Le permite a la sociedad argumentar desde sus propios miedos y sostener la prohibición -explica-. Pero esa misma sociedad, que mira con espanto las marchas por la despenalización, no reacciona con espanto ante la denuncia de una jueza federal sobre la connivencia de la policía con el narcotráfico, o el escándalo que involucra a la policía aeronáutica y las autoridades de una aerolínea con el comercio de sustancias prohibidas".

Inchaurraga enfatiza la importancia del reclamo social para que los legisladores se preocupen por la ineficacia de la ley actual. "En la Argentina -como indica uno de los eslóganes de la campaña- la ley causa más daño que las drogas. Las denuncias revelan que la norma actual castiga al eslabón más débil de la cadena. Y aunque haya legisladores que sostienen que para que aparezca el dueño hay que pegarle al perro, acá los narcotraficantes no aparecen".

Con la mentalidad prohibicionista, agrega, "hemos logrado invertir todo. Después de las prohibiciones se generó esta locura de la guerra contra las drogas. Se priorizó el tema de las drogas en el discurso, en la cultura y en muchas ocasiones se incentivó la curiosidad y la transgresión. Se logró que el el mercado se diversifique cada vez más buscando drogas más tóxicas y más baratas. Si no fuera por la prohibición no existirían la pasta base ni el crack".

El cruce de la criminalización de las drogas con la estructura económica y social también arroja como resultado el castigo de los más pobres. "El primer problema es que, como dice el criminólogo Elías Neuman, los pobres tienen portación de cara y son detenidos por eso, y no porque lleven marihuana. Esos chicos no cuentan con la posibilidad de pagar una extorsión policial, lo que les da más visibilidad porque hace que con más frecuencia terminen en prisión. Después, en la realidad de la pobreza, es posible -como demuestran algunos estudios- que la venta de droga al menudeo se haya convertido en el sostén de muchas familias. Pensar que una mujer que vende droga al menudeo en el pasillo de una villa es una gran narcotraficante no es sólo ser ingenuos. Esa realidad está muy lejos de la del narcotraficante que se enriquece con la droga".

Si los argumentos de la legalización de la tenencia para consumo no son aceptados como cuestionamiento a la actual ley 23.737, las denuncias sobre corrupción y las que señalan el fracaso en la identificación y castigo de los máximos responsables del narcotráfico parecen irreprochables. Los dos proyectos que analizan la despenalización consiguieron el apoyo del bloque socialista, el ARI, Izquierda Unida, y algunos miembros del radicalismo. Ningún legislador oficialista, que conforma la mayoría parlamentaria, apoya por el momento su tratamiento.

Inchaurraga esgrime el resguardo de la privacidad en favor de la despenalización.