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sábado,
21 de
mayo de
2005 |
Tarjetas: el gobierno avanza contra los intereses
El gobierno envió ayer un proyecto de ley al Congreso para establecer topes a los intereses que cobran las entidades emisoras de tarjetas de crédito a sus clientes. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, sostuvo que la actual normativa sobre los denominados "plásticos" tienen "algunos vacíos que son aprovechados en contra de los consumidores".
El tema no es menor teniendo en cuenta que el sector de créditos tanto personales como a través de las tarjetas de crédito es el más activo dentro del sistema financiero. Este último llegó a un nivel de 3.555 millones en marzo.
En ese sentido, Lavagna sostuvo que se busca que los intereses compensatorios no superen en más del 25 por ciento a la tasa que la emisora aplica a las operaciones de préstamos personales para sus clientes.
Para el caso de los punitorios, el máximo será el 50 por ciento por encima del costo de dichos tipos de créditos. Si la emisora de la tarjeta de crédito no es un banco o una entidad financiera, el cálculo será en base a la tasa promedio del mercado de préstamos personales.
El proyecto de ley que impulsa modificaciones al sistema de tarjetas de crédito también establece que las compañías deben detallar claramente los montos que se cobran en concepto de cargos administrativos.
Esta semana se conoció un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Capital Federal que ordenó a la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) devolver más de seis millones de pesos a los usuarios de tarjetas de crédito por el cobro de un cargo no previsto en los contratos.
En una conferencia en Casa Rosada, Lavagna admitió que "en todo el mundo se producen desvíos por parte de los emisores" y también destacó que los gobiernos "avanzan en regulaciones para evitarlos".
Entre las nuevas medidas -que apuntan a limitar el interés compensatorio y financiero que cobran las entidades bancarias- se establece que la tasa no podrá superar en más del 25 por ciento a la tasa que la entidad aplique a las operaciones de préstamos personales.
Además, se establece que las entidades emisoras deberán "obligatoriamente" exhibir al público en todos los locales la tasa de financiación aplicada al sistema de tarjetas.
Por otra parte, la iniciativa dispone que las comisiones "en ningún caso" estarán en función del importe sino del tiempo durante el cual se "disponga de tales fondos".
Entre las sanciones, el proyecto oficial fija multas de hasta 20 veces el importe de la operación en cuestión, mientras que cuando ese monto no se encuentre determinado o bien las circunstancias lo ameriten la sanción podrá ser de 500 pesos a 5 millones de pesos.
Otro cambio en la redacción de la norma apunta a evitar que un banco que tiene por política no dar préstamos personales otorgue una cantidad ínfima con altos intereses, sólo para no tener que aplicar en las financiaciones de las tarjetas el índice promedio del mercado.
En el proyecto de ley, el Banco Central puede determinar las tasas de referencia si considera que la cantidad de préstamos personales otorgados por la entidad "no resulta representativa".
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