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sábado,
14 de
mayo de
2005 |
"Municipalizar Aguas Provinciales es volver a la Dipos"
Joaquín criticó la propuesta de Lifschitz y dijo que tendrá que "aportar" si quiere entrar en la nueva empresa
"Municipalizar Aguas Provinciales es volver a la Dipos", disparó ayer el ministro de Asuntos Hídricos, Alberto Joaquín, en referencia a la propuesta presentada el pasado jueves por el intendente Miguel Lifschitz al gobernador Jorge Obeid. Sin embargo, no descartó que una futura empresa con mayoría estatal que surja luego de la transición con Aguas se descentralice en unidades regionales con participación de los municipios "siempre y cuando hagan su aporte".
El ministro confirmó ayer que Aguas Provinciales tiene hasta el 21 de mayo para renovar las garantías que exige la concesión, de modo de garantizar la transición ordenada del servicio hasta el 31 de diciembre, una vez que la empresa se desprenda de sus acciones.
De lo contrario, aseguró que la decisión de la empresa sería tomada como "un plan hostil" y se ejecutarían las garantías, que hoy son del Banco de Galicia, socio minoritario de la concesión. Para el funcionario, el Grupo Suez, que "tiene una facturación global de 40 mil millones de euros" no debería tener problemas para "conseguir una nueva garantía".
"Este tema es clave porque uno de los problemas que tenemos es que Aguas Provinciales podría pedir su propia quiebra", dijo y advirtió: "Claro que esa sería una medida hostil y una salida desordenada, con lo cual nosotros también accionaríamos de otra manera".
Según Joaquín, otra condición de la "salida ordenada" es aceptar el "paraguas" propuesto para las demandas de una y otra parte en el proyecto que envió esta semana el gobernador Jorge Obeid a la Legislatura. Esa medida incluye el retiro de la denuncia ante el Ciadi. "Le planteamos que Aguas debe renunciar porque, cuando entregue las acciones a la empresa o el fideicomiso, nosotros no podemos hacernos cargo de una empresa que tiene demandada al gobierno nacional". Distinto es el caso de que sea el grupo Suez el que asuma esa demanda, lo cual además podría significar una rebaja del monto reclamado a la mitad de los actuales 300 millones de dólares.
Para el ministro, en el escenario de una transición acordada, el primer paso es la creación de un fideicomiso administrado por el Banco Nación, al cual se traspase el paquete accionario. "Lo interesante de esta figura es que protege a las acciones, no se puede accionar contra ellas", dijo. "Conjuntamente con esto se constituiría otro fondo fiduciario, a través del cual la provincia podría hacer obras dentro de la concesión", agregó. En cambio, no está decidido si paralelamente se creará una empresa residual. "Es uno de los temas que estamos viendo, aparentemente no sería necesario porque los reclamos cruzados quedarían bajo un paraguas para que no afecten la transición", señaló.
Una vez en marcha el fondo fiduciario, la urgencia pasará por resolver "las obras prioritarias exigidas a la empresa para este año, que suman unos 78 millones de pesos, de los cuales 23 millones serían para la concreción de una serie de acueductos en Rosario y los dos millones de pesos previstos para la ampliación de la planta". Esos fondos saldrían del presupuesto provincial, de aportes nacionales o de créditos.
Pasado el período de transición, vendría la conformación de una empresa con mayoría estatal, para la cual todavía se está analizando la figura legal ya que la Empresa Provincial de Aguas que se crearía si aprueba el proyecto que en su momento Obeid envió al Congreso permanecería como "empresa mayorista" para abastecer de agua a las localidades que no están concesionadas.
Joaquín reconoció que existen al menos dos alternativas: una empresa provincial con un gerenciamiento descentralizado, con incidencia de los municipios y comunas en las decisiones, o la constitución de compañías regionales, que en un esquema preliminar podría quedar configurado en tres grandes regiones: Gran Rosario, Gran Santa Fe y los municipios de segundo grado. Esto significaría también la descentralización de la recaudación. Vía impositiva se compensaría a las zonas donde el servicio no se sostiene por sí solo.
Palos al intendente
En este punto, Joaquín arremetió contra el intendente Lifschitz, al asegurar que si bien un esquema descentralizado involucraría la participación de los municipios "será a condición de que no quieran repetir el modelo de administración del Banco Municipal, que se llevó 80 millones de pesos en capitalizaciones".
Ya en plena pelea política, el titular de la cartera hídrica señaló que la municipalización propuesta por Rosario "es similar a la oferta que nos realizó hasta ahora Aguas Provinciales: nosotros gerenciamos y la provincia pone el dinero".
El ministro insistió en remarcar que "la municipalización de Aguas Provinciales es volver a la Dipos", y dijo que esa figura no es válida ni para el municipio de Rosario ni para la provincia.
Tras asegurar que el mes próximo se lanzarán las primeras licitaciones para la realización de obras de cloacas en distintos puntos de la provincia, Joaquín aseguró que cualquiera de las alternativas que se elijan para la nueva empresa incluirán una participación fuerte del Estado. "Con la experiencia de Azurix en Buenos Aires, Aguas del Aconquija en Tucumán y ahora Aguas Provinciales de Santa Fe, no creo sinceramente que haya muchos interesados en la actividad privada por manejar el servicio".
Respecto del financiamiento, explicó que aún cuando el crédito del Banco Mundial "pase" a la categoría de préstamo para infraestructura, demoraría no menos de 14 meses. Sin embargo, consideró que "hay que armar una ingeniería financiera, los organismos multilaterales de crédito le dan mucha prioridad a los temas de agua potable y saneamiento y, si es una empresa bien administrada se pueden colocar bonos".
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No descartó que en un futuro se creen empresas regionales de aguas.
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