Dinero sucio. El gobierno reclamó un estudio serio para que no se haga por "espasmo"

La Cámara de Diputados avanza en la derogación de leyes secretas

Impulsaron un proyecto para anular todas las normas confidenciales, salvo las referidas a inteligencia

Las autoridades de la Cámara de Diputados confirmaron ayer que analizan la posibilidad de impulsar un proyecto para "derogar el carácter secreto" de unas 90 leyes dictadas entre 1891 y 1983 a fin de hacer públicas esas normas. Con menos énfasis, desde el gobierno, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dejó en claro que no se pueden derogar leyes secretas "por espasmo", aunque admitió la necesidad de evaluar cuáles de las normas podrían hacerse públicas.

El secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Eduardo Rollano, confirmó que se trata de "unas 90 leyes, la mayoría dictadas por gobiernos militares", y destacó la intención de la Cámara baja de "estudiar el sentido de esas disposiciones y presentar un proyecto para hacerlas públicas".

La propuesta surgió a partir de un pedido de Camaño, quien solicitó en las últimas horas al secretario parlamentario que realice un estudio de las leyes "secretas y reservadas" sancionadas de 1891 a 1983, con el objetivo de plantear la publicación de las mismas.

"Vamos a hacer un estudio para no difundir alguna norma que afecte a la inteligencia del país o que incluya algún secreto de Estado en relación a otros países", aseveró Rollano.

La decisión adoptada por Camaño pareció destinada a descomprimir la polémica que se abrió en el ámbito parlamentario por las leyes secretas que, supuestamente, dejaron paso al pago de sobresueldos, denunciado ya por una decena de ex funcionarios del gobierno que encabezó Carlos Menem.

Luego de la desclasificación de estas normas, la intención de Camaño es analizarlas con el bloque justicialista y presentar el proyecto para discutirlo junto a los titulares de las otras bancadas en las próximas reuniones de Labor Parlamentaria, lo que abriría el camino para tratarlo en el recinto de la Cámara baja.


Recurso de gobiernos de facto
Rollano reseñó, además, que desde 1983 hasta la actualidad "no hubo leyes secretas ni gastos reservados" sancionados por el Congreso y precisó que las normas que supuestamente habrían permitido el pago de sobresueldos fueron impulsadas durante los gobiernos de facto de Juan Carlos Aramburu, primero, y Juan Carlos Onganía, luego.

La derogación de estas normas -principalmente la Nº18.302- había sido solicitada por el bloque de diputados nacionales del ARI y el Interbloque Federal -integrado por legisladores provinciales y de centroderecha-, quienes presentaron varios proyectos para transparentar la adjudicación y transferencia de fondos reservados.

También, el radicalismo pidió el jueves a la comisión parlamentaria que fiscaliza los organismos de inteligencia un informe sobre los gastos reservados desde 1990.

El gobierno nacional parece desdramatizar el hecho. "No es cuestión ahora porque apareció este tema, por un espasmo, ir y derogar una ley que no se sabe cuáles son sus consecuencias. Hay que hacer un estudio serio de lo que está", alertó Aníbal Fernández.

En medio del escándalo por las denuncias del pago de sobresueldos durante el menemismo, enmarcado en la causa que lleva adelante el juez federal Jorge Ballesteros, el funcionario afirmó que "en la Argentina no hay gastos reservados, hay gastos de inteligencia".

No obstante, el titular de la cartera de Interior admitió que salvo en los temas vinculados a la inteligencia, "no tiene por qué haber leyes secretas".

Fernández se mostró de acuerdo con que "una vez que se logre poner en claro cuál es la parte que no tiene que ver con la seguridad" se avance en la derogación de las normas relacionadas con el manejo y la adjudicación de fondos reservados sin control.

A la polémica se sumó ayer el senador Eduardo Menem, quien expresó sus "sospechas de que en el actual gobierno estarían haciendo caja con los gastos reservados para poder reponer la plata (de la provincia de Santa Cruz) que mandó Kirchner (cuando era gobernador) afuera del país y que parece que la han perdido en la timba financiera".

El senador riojano aseguró que "no" le "consta" que con los gastos reservados durante la década menemista se pagaran sobresueldos a funcionarios.

En tanto, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, coincidió con Aníbal Fernández al estimar que las leyes secretas que no tengan vinculación con temas de seguridad del Estado "deben levantarse e investigarse para llegar al fondo de las cosas".

El escándalo sobre el presunto pago de sobresueldos a funcionarios públicos fue reflotado días atrás por la detenida ex polifuncionaria del gobierno de Carlos Menem, María Julia Alsogaray, en una carta de lectores publicada por el diario La Nación.

Las sospechas se extendieron días atrás a los miembros de la Corte Suprema por una denuncia de Rodolfo Martínez Medina, ex secretario privado del ex ministro de Justicia menemista Raúl Granillo Ocampo, quien dijo haber recibido una denuncia anónima en ese sentido.

Diputadps buscan derogar las leyes que no afecten secretos de Estado.