Privatizadas. En las horas críticas de la concesión que se inició hace 10 años, crecen las especulaciones sobre un caso testigo en todo el país

El conflicto con Aguas: la gota que rebasó el vaso

Sandra Cicaré / La Capital

¿Aguas Provinciales se va o se queda? Como todo conflicto muy polarizado, cualquier desenlace entre la operadora del servicio de agua potable y el gobierno santafesino se presenta desde las partes como caótico. Así, desde la concesionaria aseguran que no hay ningún organismo técnicamente apto capaz de garantizar la calidad en la prestación del servicio como actualmente lo hace Aguas y si la empresa se va, los usuarios saldrán perjudicados. El gobernador Jorge Obeid asegura que "nadie se va a quedar sin agua" pase lo que pase y las organizaciones que luchan para una retirada de la compañía consideran directamente que será "una oportunidad" para mejorar el servicio.

"Con un poquito de buena voluntad, Aguas se queda", dijo una alta fuente de la negociación, que por estas horas está paralizada a la espera de la respuesta que dará pasado mañana formalmente la Fiscalía de Estado a la demanda que planteó la compañía al gobierno para que le garantice la ecuación económico-financiera bajo el riesgo de rescindir el contrato si eso no ocurre. Desde este punto de vista, la resolución tiene mucho más de condimento político que de análisis estrictamente técnico y económico. En esa línea, si el gobierno vuelve a abrir las puertas al diálogo -que pese a lo que dicen oficialmente en los hechos está cortado- la empresa podría sentarse a negociar, sin llevarse todo lo que reclama, pero también evitando la rescisión del contrato.

Esta se perfila como la salida que más le convence al ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, quien está negociando el contrato del gobierno nacional con Aguas Argentinas y el mismo que tuvo una charla "intensa" con el gobernador Jorge Obeid sobre el futuro de la concesión en Santa Fe.

En los últimos meses Obeid y el ministro de Obras Públicas, Alberto Hammerly, salieron a reclamarle a la empresa el cumplimiento del cronograma de obras -varias veces retocado- y los términos del contrato, como condición ineludible para habilitar un aumento de tarifas.

La buena relación empezó a deteriorarse cuando el flamante gobierno de Obeid se encontró con fuertes reclamos sociales y de distintas instituciones para que se amplíe la red de agua potable y especialmente de cloacas en las grandes ciudades, justamente en manos de Aguas.

El reclamo no era descabellado en medio de una población con fuerte crecimiento vegetativo y de una economía en expansión. Mucho más, cuando desde el Estado -y gracias al abultado superávit- se impulsó un agresivo programa de obras públicas.


El estallido
Pero puntualmente, la gresca se desató con el reclamo que realizó Aguas en diciembre del año pasado para negociar "una propuesta integral", que implicaba un cambio total en los términos del contrato. Se contemplaba, por ejemplo, la ejecución de obras de agua potable y cloacas por parte de terceros.

En los hechos la empresa pedía un incremento del 60 por ciento de los ingresos de la concesión, sea a través de tarifas, medidas fiscales por parte del Estado provincial o nacional o de cualquier otro tipo.

Así, la propuesta de la empresa planteaba la posibilidad de crear fondos especiales y aportes de los Estados nacional, provincial o las municipalidades y al mismo tiempo "definir un nuevo programa general de metas y desarrollos para el período 2005-2008".

Hammerly rechazó el plan propuesto por la concesionaria, con el argumento de que si bien había aumentado el costo de los insumos que utiliza la compañía, la provincia no podía hacerse responsable por el desfasaje financiero que tenía Aguas con los organismos internacionales con los cuales se había endeudado para afrontar las obras de infraestructura.

"Nadie puede negar el incremento de costos, pero de ninguna manera se puede pensar que las cosas se toman en bloque. Ellos no distinguen que esto (el endeudamiento externo) es de su propia responsabilidad", dijo el ex gerente de asuntos legales del Enress, Adalberto Damianovich, cuando presentó un informe de la situación con Aguas, junto a Hammerly, ante la Cámara de Diputados de Santa Fe.

El funcionario, quien presidía la Comisión de Estudios sobre el Arbitraje Internacional (Cearinsa) explicó en esa oportunidad que la propuesta de la empresa "era totalmente inaceptable", porque la concesionaria "buscó cambiar el contrato, que era a riesgo, y pretendieron hacerlo con regulación económica total, con el reconocimiento de una tasa interna de retorno asegurada, o sea, con una determinada rentabilidad; y las obras, las inversiones, en función de lo que ingresaba, o si no, en función de revisiones permanentes, como para que siempre invertir de acuerdo a lo recaudado".


Las renegociaciones
De todos modos, fue el mismo funcionario -que renunció por cuestiones personales- el que reconoció que la empresa tenía argumentos legales para sostener que no había incumplido el contrato.

"Tal vez técnicamente lo que son incumplimientos del concesionario no aparecen como tales, porque se acordó entre concedente y concesionario desde el año 2000", dijo Damianovich. Es más, precisó que en los casi diez años de concesión "la ejecución del contrato tuvo metas y objetivos suspendidos, nos guste o no, por acuerdo de ambas partes", sentenció.

En aquella sesión legislativa del 23 de febrero pasado, el diputado radical Santiago Mascheroni aseguró que "se llegó a esta situación por decisiones políticas que durante cuatro años a la empresa le permitieron hacer la plancha y ahora le queremos exigir lo que no se le exigió en ese tiempo", dijo.

Según un informe del Ente Regulador del Servicio Sanitario (Enress) de enero del año pasado, en los últimos cuatro años la empresa dejó de invertir 60 millones de pesos.


Cálculos truncos
Desde el 12 de diciembre de 1994, cuando por ley 11.220 se privatizó la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos), nada fue como se planeó.

En diciembre del año siguiente Aguas Provinciales (con participación mayoritaria del grupo francés Suez), tomó la concesión en 15 ciudades con el compromiso de realizar inversiones por 1.200 millones de pesos/dólares, sin pagar canon, en los treinta años que duraba la relación contractual. Tiempo después, a través de la ley 11.665, el gobierno se comprometió a garantizar la famosa ecuación económico-financiera, es decir, mantener el equilibrio del contrato en términos de la relación entre ingresos y egresos.

Ni las inversiones se concretaron tal cual se planearon en los primeros diez años de concesión, ni el país es el mismo que encontró el grupo Suez cuando recaló en la Argentina.

"Las modificaciones introducidas en la economía en el año 2002 alteraron seriamente la ecuación económica de la concesión a cargo de Aguas Provinciales", explicó la empresa y aportó los datos: "Entre 2001 y 2005 los químicos para potabilización aumentaron 97%; la energía eléctrica que provee la Empresa Provincial de la Energía un 100%; el combustible un 90%, las cañerías un 220% y los salarios un 21%.

Los números de la empresa indican que Aguas Provinciales cobra el precio más bajo por metro cúbico de agua, comparado con otras prestadoras de la provincia, como cooperativas o municipios. Así, mientras la tarifa de la empresa es de 33 centavos el m3, en San Justo (municipal) se paga 41 centavos, en San Carlos Centro 80 centavos o 1,75 peso en Venado Tuerto, todas éstas administradas por cooperativas.

Desde el gobierno no esgrimen problemas de calidad. "Si hablamos del área que tienen cubierta con el servicio, tanto de agua como de cloacas, la información que tenemos es muy buena", dijo Hammerly en la presentación en Diputados y se confesó: "En mi casa no tenía presión de agua, tenía que tener una cisterna. Esta hoy hace tres años que no funciona y tengo presión".

La misma apreciación realizó el secretario general de Obras Sanitarias, Oscar Barrionuevo, quien también es director de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada. "Fuera del área concesionada la prestación de los servicios de agua potable en muchos casos es lamentable y no dejaría que nuestros hijos tomen una gota de agua que sale de las canillas en muchas ciudades, pueblos o comunas de la provincia".

Pero desde el otro lado, el principal reclamo tiene que ver con las obras de saneamiento. Para Aníbal Faccendini, titular de la ONG Asamblea por los Derechos Sociales (ADS), "actualmente Rosario, con más de un millón de habitantes, presenta gravísimas falencias sanitarias de aguas y cloacas, a pesar de ser la ciudad que aporta en la provincia el 60% de la facturación y 375 mil clientes para Aguas Provinciales".

El dirigente señaló que el 40% de la ciudad no tiene servicio cloacal, cuando en 1930 Rosario -con 356 mil habitantes- contaba con el 80% de ese servicio". Ponerse a tono demandaría una inversión de 80 millones de pesos. En tanto, para Santa Fe, Rafaela y el resto de la provincia se requiere una inversión cercana a los 70 millones de pesos.

Mientras la discusión asume giros impensados -el gobernador llegó a decir "se van a ir en calzoncillos"- los usuarios esperan. El negocio de Aguas mueve unos 100 millones de pesos anuales según datos oficiales y presta servicios de aguas a cerca de 2 millones de personas dentro de la concesión.

Dentro de los distritos concesionados (Santa Fe, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Funes, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda, Firmat, Rafaela, Esperanza, Gálvez y Reconquista) existe una gran cantidad de personas que están a la espera del servicio, con los problemas sanitarios que eso acarrea.

Según datos aportados por la empresa, hasta que la Dipos prestaba el servicio había 1,6 millón de personas con agua potable y desde el inicio de la concesión hasta 2002, éste número subió a 1,85 millón, un 15% más. En materia de cloacas, se pasó de 865 mil personas en la administración oficial a 1.260.000 entre el 95/02, un 46% más. Por otra parte, la empresa invirtió 270 millones de dólares en siete años, un 450% más que la Dipos en el lapso del 90/95.

Para Faccendini, los datos permiten reconocer "el esquema privatizador de comienzos de los 90, cuyos pasos consistieron en oferta de tarifas bajas para ganar la licitación, luego renegociación para aumentar las tarifas, y legalizar incumplimientos de inversiones, por ende de obras, contando con la desidia y negligencia del Estado provincial y de su ente regulador".

Aunque el punto de inflexión que suele tomarse en materia de renegociaciones contractuales es aquel acuerdo del 99, que incluyó el cargo de 13,8% para ser destinado a obras cloacales, en rigor la empresa Aguas entre los años 1996/97 reclamó una actualización catastral de los usuarios, como una fórmula para incrementar ingresos, ya que el cobro se realiza por metro cuadrado de superficie.

Para la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, no hay vuelta atrás. La entidad, que reclama el retiro de la concesionaria, considera que "el agua tiene que estar en manos públicas" ya que como derecho esencial necesariamente debe estar garantizada por el Estado.

El dirigente de la Asamblea, Alberto Muñoz, descartó el antiguo modelo de la Dipos, pero sí en cambio propició "el modelo de empresa pública con participación social" que dio buenos resultados en lugares como en Porto Alegre (Brasil) y Helsinski. "No hablamos de comprar insumos con sobreprecios como la Dipos, pero sí replicar experiencias como en Estados Unidos, Europa o Japón, donde existen empresas públicas de agua", dijo.

Varias fueron las propuestas que se barajaron en las últimas semanas como alternativa a la eventual la retirada de Aguas. Pasaron desde la provincialización llana del servicio con participación de cooperativas, la municipalización o regionalización, o un mix de todo esto. También, el llamado a una nueva licitación para que se haga cargo otro concesionario privado.

De todos modos, el gobierno dio el jueves una señal fuerte al enviar el proyecto de ley para crear una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria -tal como había propuesto el sindicato de Obras Sanitarias- para hacerse cargo de los servicios y las obras.

El gobierno no quiere "cargarse" un juicio millonario, además del que ya presentó la concesionaria ante el Ciadi por 310 millones de dólares, y por eso anda con pies de plomo. "No tenemos inconveniente en que la empresa siga con el servicio, aunque tiene que hacer las obras", dijo Obeid el miércoles pasado, después de haber disparado artillería pesada en anteriores declaraciones.

Rosario necesita $80 millones para completar el tendido cloacal.