Delitos rurales. En una durísima reunión, productores plantearon al gobierno su preocupación por la ola de hechos violentos

La inseguridad calienta al campo

En una durísima reunión realizada en la Sociedad Rural de Rosario, una veintena de productores del sur santafesino que sufrieron en carne propia reiterados hechos delictivos le manifestaron al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y a las principales autoridades policiales de la provincia, su hartazgo por el crecimiento del delito rural, la violencia que está tomando y la impunidad que lo caracteriza.

  Los ataques violentos a dos familias de productores rurales en Ricardone y Pueblo Esther fueron los antecedentes inmediatos de la caliente reunión que, en rigor, es parte de una serie que Rosúa viene manteniendo con distintas regionales de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe).

  “Los que tenemos la vocación de vivir en el campo estamos a merced de los delincuentes”, señaló Adolfo Yolly, criador de caballos deportivos en la zona de Pérez. Antes en cuentagotas, este rubro ingresó en los últimos meses a las ligas mayores del delito rural. “En el último mes me robaron tres veces, la última hace tres semanas, los hemos seguido, junto con la policía hemos estado a 150 metros, sabemos que cerca de Pavón y San Nicolás se juntan los caballos robados y hemos denunciado a los que los comercializan, pero no ha pasado nada”, se quejó. En Pérez, Soldini y la zona de quintas “no queda ni un caballo”, describió Yolly y agregó: “Hay una rueda muy grande para que cuando se pide una orden de allanamiento, la misma no llegue o llegue con tal lentitud que todo se perdió”.

  Rubén Ranzuglia, productor de Alcorta, asegura contribuir con “su cuota anual” a los amigos de lo ajeno. “Hace dos años nos robaron una pulverizadora, el año pasado un equipo para sembrar soja y este año lo mismo, nunca se descubrió nada”. Ranzuglia fue uno de los más duros en el encuentro que mantuvieron con el ministro el lunes pasado. Como en la mayoría de los casos, habló de inacción policial y judicial, de la existencia de bandas organizadas en los distintos pueblos del interior y del despliegue que a cara descubierta realizan los autores de estos delitos. “No es tan fácil llevarse toda la soja de un silo, requiere cierta logística y tiempo”, aseguró.

  Eduardo Larroux es dirigente de la Sociedad Rural de Chañar Ladeado, la capital provincial de la producción porcina. Allí, la recuperación de esa actividad, merced a los mejores precios, se ha transformado en una pesadilla. “Hay un robo de cerdos por goteo, todas las semanas se llevan dos o tres capones y 10 ó 12 lechones”, dijo. Cuando esta producción estaba en la lona, la característica era la del robo hormiga o el robo de oportunidad. Ahora, con el kilo de cerdo a casi tres pesos, “el que roba un chancho se está llevando 300 pesos”.

  El dirigente ruralista entiende que no es un delito tan difícil de seguir. “Oferta de carne de cerdo se ve en todas las carnicerías, pero no se relaciona con la cantidad de DTA (el documento que registra el movimiento de hacienda) que emite por ejemplo la Sociedad Rural”, indicó. Explicó que si hay carniceros que sacan un animal cada 15 días pero tienen oferta toda la semana, sólo hay dos alternativas: o faena en negro o es robado. “Evidentemente sacan ese animal con DTA para tener papeles por si llega bromatología”, aseguró.

  Las modalidades “habituales” de robo de herramientas de trabajo, granos o hacienda, sumadas al boquilleo, la piratería del asfalto y el floreciente negocio de la sustracción de agroquímicos mueve millones. Pero desde el boom agropecuario de 2002, creció también en el sector el número de hechos violentos.

  Para el ministro Rosúa, “hay dos grandes temas que atacar: uno es el robo de los elementos de producción y la producción misma, el otro, y más preocupante, es el ataque a las viviendas de productores que fundamentalmente viven en zonas alejadas”.

  Para el presidente de Carsfe, Néstor Víttori, el auge de este delito está relacionado con bandas desplazadas desde el Gran Buenos Aires. Para Rosúa no. “Son en general pobladores de la misma zona o zonas vecinas, algunos muy conocidos”. La respuesta: “Aumentar la prevención y con mayor presencia policial, mayor coordinación entre la Guardia Rural y las unidades regionales, así como la incorporación de las patrullas de las TOE”.

  Aunque los productores ofrecieron mayor colaboración económica a la policía, Rosúa aclaró que “no hay problemas presupuestarios” para enfrentar el delito rural. Comentó en ese sentido que el presupuesto para el Ministerio de Gobierno se incrementará entre 14 y 17% en 2005 respecto de 2004 “que ya había aumentado sustancialmente respecto de 2003”. Recordó que se compraron recientemente 186 pick ups rangers “totalmente equipadas” y anunció nuevas incorporaciones de personal.

  Pero mientras los funcionarios garantizaban el envío de partidas para los gastos operacionales de la policía en los pueblos, los productores reunidos en La Rural relataban la periodicidad con la que debe realizar contribuciones, por ejemplo, para el combustible.

  “En la última reunión que tuvimos con el comisario de Chañar Ladeado le dijimos que estábamos dispuestos a colaborar y le preguntamos cuánto necesitaba de combustible: nos dijo que 20 litros por día. Le preguntamos cuánto iba a aportar la provincia: nos dijo que cero. Alguien miente”, se quejó Larroux.

  “Sabemos que existe esta práctica de pedirle dinero a los productores para combustible, hemos hecho un detalle analítico de todo lo que tiene cada pueblo y, aunque a veces la burocracia es bastante complicada, la policía tiene recursos y consideramos incorrecto que pidan dinero para combustible”, contestó Rosúa. Si el circuito del presupuesto para seguridad es todo un tema, la coincidencia de funcionarios y productores es que la solución del delito rural no se soluciona con más plata sino con decisión política.

  “Nos mostraron una estadística que dice que en Chañar Ladeado hubo cinco denuncias en el año, pero hay como veinticinco, quiere decir que no las pasan”, se quejó Larroux.

  Rosúa insistió “Hay productores que no denuncian por supuesta complicidad policial y judicial, comprendo que tengan miedo, pero necesitamos que denuncien para poder actuar”.

  En el mismo encuentro realizado en la Sociedad Rural de Rosario, la cúpula del Ministerio de gobierno presentó un anteproyecto de ley de seguridad rural que crea un consejo provincial de seguridad rural y comisiones de seguridad en los distintos pueblos donde los productores y los presidentes de comuna participarían junto a las autoridades policiales en el diagrama de la seguridad.

   A su vez, esa entidad maneja un borrador que propone la creación de una tasa rural por hectárea que sería administrada por esa comisión. A través de convenios específicos, eso fondos servirían para cubrir gastos operativos y de capacitación.

  En los hechos este esquema de colaboración existe en diferentes localidades.

Los productores del sur provincial con Rosúa y la cúpula policial.